El secretario de Hacienda, Agustín Carstens, aceptó que la Cámara de Diputados modifique los regímenes fiscales especiales como alternativa en la recaudación de impuestos. Reconoció que estos beneficios le permitirán a las grandes empresas no pagar este año 465 mil millones de pesos, equivalentes a 3.87 por ciento del PIB.
“No tenemos ningún problema pero, obviamente, las decisiones no son fáciles, exigen determinaciones difíciles. Definitivamente no estamos protegiendo intereses ni otorgando privilegios fiscales, así que es un tema que valdría mucho la pena analizar y dilucidar”, dijo ante la presión que, en su comparecencia el martes, ejercieron diputados de PRI, PRD, PT y Convergencia.
Novel en el formato que lo obligó a responder bajo protesta de decir verdad, Carstens juró tres veces: primero, de espaldas al pleno y frente al presidente de la mesa directiva, ante los gritos de los diputados; entre risas, se dio la vuelta y levantó la mano izquierda. “¡Con esa no!”, le gritaron, y finalmente lo hizo con la derecha.
Una vez hecho el compromiso, durante casi seis horas y aún con el rechazo de todas las bancadas –excepto el PAN– a nuevos gravámenes, Carstens defendió el paquete económico presentado por él la semana anterior, que incluye el cobro de 2 por ciento de IVA en alimentos, medicinas y en el consumo de todos los bienes y servicios, así como el 4 por ciento adicional en telecomunicaciones. Y declaró que no se le puede pedir al gobierno ajustar su gasto sin que se despida a burócratas.
“No queremos cobrar impuestos a los pobres, sino usar la capacidad del Estado para redistribuir los recursos a favor de ellos. Tiene un objetivo genuino”, aseguró. Sin embargo, admitió que la intención del paquete es cubrir el hoyo fiscal por la caída en ingresos por venta de petróleo y terminar con “la volatilidad” en los recursos que se destinan al gasto social.
En ese punto de su discurso, diputados del PRD desplegaron una manta en la que se leía: “No al 2 por ciento de IVA en alimentos y medicinas”. Ante los reclamos y críticas de la oposición, Carstens aseguró que la cascada de impuestos será regresiva en el ingreso. “Por cada peso que llegue a pagar una persona recibirá a cambio ¡cerca de diez pesos por el otro lado! Difícilmente se puede encontrar un ejercicio más redistributivo”. Incluso afirmó que el gobierno federal tiene encuestas donde “una inmensa mayoría de mexicanos está dispuesta a pagar una contribución adicional que se destine a combatir la pobreza”.
Para remarcar que los ingresos por el impuesto adicional de 2 por ciento se utilizarán en el combate a la pobreza, ofreció que esos recursos estarían “sujetos a un estricto control y al más acucioso escrutinio público. Todo lo que sea preciso para dejar en claro que no tienen otra finalidad. Estaríamos más que felices que la Cámara garantice que esta contribución se destine con los menores costos de transacción” a ese fin.
Desde su perspectiva, con el nuevo tributo se le daría “peso, sustancia y se aislaría la vulnerabilidad y volatilidad de los ingresos públicos al combate a la pobreza”.
Respecto del sector telecomunicaciones, dijo que si bien aún necesita impulso para su crecimiento, “tiene capacidad de aguantar una carga tributaria (la cuota de 4 por ciento) y no será un inhibidor a su crecimiento, dada la demanda inelástica que tiene y dada la tasa baja que se propone”.
Argumentó que la imposición de nuevas cargas tributarias constituye una decisión difícil, pero que no hay otra alternativa para cubrir la caída en la recaudación por ingresos petroleros. “Hemos vivido adictos al petróleo y evadiendo decisiones importantes sobre cómo darle recursos al Estado para llegar a cabo sus funciones”, sostuvo.
“Cuando hay recursos, hay recursos; cuando no los hay, no los hay. El momento de tomar acciones para reponer la falta de ingresos por la vía petrolera ya llegó. Estamos en una verdadera situación de crisis en la que se evita recurrir al espejismo de que pueden obtenerse beneficios sin hacer esfuerzos.”
El gobierno, dijo, hará el suyo al recortar el gasto en las dependencias federales y despedir 10 mil empleados. “Es algo que lamento mucho, pero no podemos pretender vivir en una ficción en la que se le exija al gobierno reducir su tamaño sin que haya pérdida de empleos”, señaló.
“No tenemos ningún problema pero, obviamente, las decisiones no son fáciles, exigen determinaciones difíciles. Definitivamente no estamos protegiendo intereses ni otorgando privilegios fiscales, así que es un tema que valdría mucho la pena analizar y dilucidar”, dijo ante la presión que, en su comparecencia el martes, ejercieron diputados de PRI, PRD, PT y Convergencia.
Novel en el formato que lo obligó a responder bajo protesta de decir verdad, Carstens juró tres veces: primero, de espaldas al pleno y frente al presidente de la mesa directiva, ante los gritos de los diputados; entre risas, se dio la vuelta y levantó la mano izquierda. “¡Con esa no!”, le gritaron, y finalmente lo hizo con la derecha.
Una vez hecho el compromiso, durante casi seis horas y aún con el rechazo de todas las bancadas –excepto el PAN– a nuevos gravámenes, Carstens defendió el paquete económico presentado por él la semana anterior, que incluye el cobro de 2 por ciento de IVA en alimentos, medicinas y en el consumo de todos los bienes y servicios, así como el 4 por ciento adicional en telecomunicaciones. Y declaró que no se le puede pedir al gobierno ajustar su gasto sin que se despida a burócratas.
“No queremos cobrar impuestos a los pobres, sino usar la capacidad del Estado para redistribuir los recursos a favor de ellos. Tiene un objetivo genuino”, aseguró. Sin embargo, admitió que la intención del paquete es cubrir el hoyo fiscal por la caída en ingresos por venta de petróleo y terminar con “la volatilidad” en los recursos que se destinan al gasto social.
En ese punto de su discurso, diputados del PRD desplegaron una manta en la que se leía: “No al 2 por ciento de IVA en alimentos y medicinas”. Ante los reclamos y críticas de la oposición, Carstens aseguró que la cascada de impuestos será regresiva en el ingreso. “Por cada peso que llegue a pagar una persona recibirá a cambio ¡cerca de diez pesos por el otro lado! Difícilmente se puede encontrar un ejercicio más redistributivo”. Incluso afirmó que el gobierno federal tiene encuestas donde “una inmensa mayoría de mexicanos está dispuesta a pagar una contribución adicional que se destine a combatir la pobreza”.
Para remarcar que los ingresos por el impuesto adicional de 2 por ciento se utilizarán en el combate a la pobreza, ofreció que esos recursos estarían “sujetos a un estricto control y al más acucioso escrutinio público. Todo lo que sea preciso para dejar en claro que no tienen otra finalidad. Estaríamos más que felices que la Cámara garantice que esta contribución se destine con los menores costos de transacción” a ese fin.
Desde su perspectiva, con el nuevo tributo se le daría “peso, sustancia y se aislaría la vulnerabilidad y volatilidad de los ingresos públicos al combate a la pobreza”.
Respecto del sector telecomunicaciones, dijo que si bien aún necesita impulso para su crecimiento, “tiene capacidad de aguantar una carga tributaria (la cuota de 4 por ciento) y no será un inhibidor a su crecimiento, dada la demanda inelástica que tiene y dada la tasa baja que se propone”.
Argumentó que la imposición de nuevas cargas tributarias constituye una decisión difícil, pero que no hay otra alternativa para cubrir la caída en la recaudación por ingresos petroleros. “Hemos vivido adictos al petróleo y evadiendo decisiones importantes sobre cómo darle recursos al Estado para llegar a cabo sus funciones”, sostuvo.
“Cuando hay recursos, hay recursos; cuando no los hay, no los hay. El momento de tomar acciones para reponer la falta de ingresos por la vía petrolera ya llegó. Estamos en una verdadera situación de crisis en la que se evita recurrir al espejismo de que pueden obtenerse beneficios sin hacer esfuerzos.”
El gobierno, dijo, hará el suyo al recortar el gasto en las dependencias federales y despedir 10 mil empleados. “Es algo que lamento mucho, pero no podemos pretender vivir en una ficción en la que se le exija al gobierno reducir su tamaño sin que haya pérdida de empleos”, señaló.
Enrique Méndez y Roberto Garduño, La Jornada, 17 de septiembre.
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