Ahora que está libre, Jacinta Francisco Marcial dice que volverá a vender paletas, chicharrones y aguas frescas en su pueblo Santiago Mexquititlán, Querétaro, pero con la urgencia de sacar los 60 mil pesos que le prestaron familiares y conocidos para pagar a los dos abogados particulares que contrataron cuando fue detenida al ser acusada de secuestrar a seis agentes federales.
Además, la posibilidad de contar con una indemnización por daño moral es remota, ya que la Procuraduría General de la República no reconoció errores en el proceso que inició en 2006.
"Ay nomás que echarle ganas para poder pagar eso, pues es mucho. Porque ya ve que los abogados, pues, cuánto cobran. Entonces, no hay de otra más que echarles ganas yo, mi esposo, mis hijos, para poder pagar", manifestó.
La indígena otomí abandonó el miércoles pasado el penal femenil de San José el Alto, donde permaneció recluida tres años y un mes, luego de que la PGR desistiera de la acusación.
Para Andrés Díaz, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y quien llevó la defensa de Jacinta, el hecho de que la PGR sostenga la versión del secuestro y no reconozca violación al debido proceso -sólo conclusiones no acusatorias porque hubo insuficiencia de pruebas para condenarla por ese delito- complica la reparación del daño.
"Hay suficientes elementos para que la PGR empiece de oficio las indagatorias y se consigne a los responsables. No sabemos qué está esperando para reconocerlo. Si la PGR sigue con la tesis de que hubo secuestro, va a ser muy difícil proceder a otros pasos de la reparación", dijo en conferencia de prensa.
Una reparación del daño implicaría, además de la liberación, que la PGR reconociera errores y sancionara a los responsables del proceso, la garantía de no repetición -que conlleva transformaciones al sistema de justicia mexicano- y una indemnización por cada uno de los días que estuvo detenida, entre otras cosas.
'Se permiten errores'
Tras la liberación, después de tres años, de la indígena Jacinta Francisco Marcial, el Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, subrayó la necesidad de entender que en los procedimientos legales se admite un margen de error.
La liberación de la mujer, agregó, refleja un ejercicio de sensibilidad por parte de las autoridades frente a la acusada y la opinión pública.
"Debemos de entender que los procedimientos legales en materia penal admiten un margen de error cuando se acusa a alguien. Sólo la sentencia exige una comprobación plena de la responsabilidad de alguien.
"En todo el mundo se faculta a acusar a alguien cuando existen indicios serios sobre su responsabilidad", aseveró el funcionario federal en conferencia de prensa.
Además, la posibilidad de contar con una indemnización por daño moral es remota, ya que la Procuraduría General de la República no reconoció errores en el proceso que inició en 2006.
"Ay nomás que echarle ganas para poder pagar eso, pues es mucho. Porque ya ve que los abogados, pues, cuánto cobran. Entonces, no hay de otra más que echarles ganas yo, mi esposo, mis hijos, para poder pagar", manifestó.
La indígena otomí abandonó el miércoles pasado el penal femenil de San José el Alto, donde permaneció recluida tres años y un mes, luego de que la PGR desistiera de la acusación.
Para Andrés Díaz, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y quien llevó la defensa de Jacinta, el hecho de que la PGR sostenga la versión del secuestro y no reconozca violación al debido proceso -sólo conclusiones no acusatorias porque hubo insuficiencia de pruebas para condenarla por ese delito- complica la reparación del daño.
"Hay suficientes elementos para que la PGR empiece de oficio las indagatorias y se consigne a los responsables. No sabemos qué está esperando para reconocerlo. Si la PGR sigue con la tesis de que hubo secuestro, va a ser muy difícil proceder a otros pasos de la reparación", dijo en conferencia de prensa.
Una reparación del daño implicaría, además de la liberación, que la PGR reconociera errores y sancionara a los responsables del proceso, la garantía de no repetición -que conlleva transformaciones al sistema de justicia mexicano- y una indemnización por cada uno de los días que estuvo detenida, entre otras cosas.
'Se permiten errores'
Tras la liberación, después de tres años, de la indígena Jacinta Francisco Marcial, el Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, subrayó la necesidad de entender que en los procedimientos legales se admite un margen de error.
La liberación de la mujer, agregó, refleja un ejercicio de sensibilidad por parte de las autoridades frente a la acusada y la opinión pública.
"Debemos de entender que los procedimientos legales en materia penal admiten un margen de error cuando se acusa a alguien. Sólo la sentencia exige una comprobación plena de la responsabilidad de alguien.
"En todo el mundo se faculta a acusar a alguien cuando existen indicios serios sobre su responsabilidad", aseveró el funcionario federal en conferencia de prensa.
Daniela Rea y Ariadna García, Reforma, 18 de septiembre.
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