Querétaro, Qro., 23 de septiembre. La indígena ñañú Jacinta Francisco Marcial pidió a la Procuraduría General de la República (PGR) que reconozca que ella es inocente porque es una “injusticia muy grave” que haya permanecido encarcelada durante tres años por un supuesto secuestro que no cometió.
En conferencia de prensa, junto con sus abogados del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y representantes del Centro de Derechos Humanos Jacobo Daciano AC, Jacinta lamentó que la PGR no reconozca su error: “por eso dicen que sí me dejó (en libertad), pero haz de cuenta que todavía soy siendo investigada.”
Por ello pidió a la procuraduría, a jueces y magistrados que “chequen bien los expedientes y que vean bien, porque a veces las pruebas eran a favor mío y todos agarraban en contra para que me sentenciaran a los 21 años (de prisión), y se darán cuenta de que no hubo ningún secuestro”.
Asimismo, pidió la libertad de las indígenas Teresa González y Alberta Alcántara, quienes continúan encarceladas por la misma causa que se le siguió a ella.
En “cada Cereso (Centro de Readaptación Social) –afirmó– hay un caso igual de mujeres encarceladas injustamente por miedo a hablar, por no entender su lengua natal, y eso es injusto”.
Leopoldo Maldonado, abogado del Agustín Pro Juárez, anunció que continuarán exigiendo la reparación del daño que se ocasionó a Jacinta Francisco Marcial al haberla recluido tres años en prisión, pese a que nunca se demostró que hubiese incurrido en el delito de secuestro.
Añadió que la postura de la PGR de no reconocer la inocencia denota desconocimiento del órgano encargado de procurar justicia, pues ya se probó que el proceso jurídico contra la señora Francisco estuvo “plagado de irregularidades”.
Por consiguiente, dijo, “la pelota está en la cancha de la PGR”, ya que es la encargada de comprobar la responsabilidad penal de cualquier persona.
“El Estado tiene que reconocer públicamente que cometió un error, que sus agentes incurrieron en irresponsabilidades, que la persona inculpada por ese grave delito es inocente y debe ofrecerle disculpas públicas”, expresó.
Maldonado indicó que la PGR tiene que iniciar procedimientos administrativos y penales contra los agentes federales que acusaron injustamente a Jacinta, además de aceptar la recomendación que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre este caso.
Consideró que la postura de la PGR es dolosa y que actúa por desconocimiento del principio de presunción de inocencia, pues deberían ser expertos en la materia por ser los encargados de procurar justicia; sin embargo, “creemos que esto es un poquito para generar confusión y distraer la atención del caso de Alberta y Teresa”, concluyó.
En conferencia de prensa, junto con sus abogados del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y representantes del Centro de Derechos Humanos Jacobo Daciano AC, Jacinta lamentó que la PGR no reconozca su error: “por eso dicen que sí me dejó (en libertad), pero haz de cuenta que todavía soy siendo investigada.”
Por ello pidió a la procuraduría, a jueces y magistrados que “chequen bien los expedientes y que vean bien, porque a veces las pruebas eran a favor mío y todos agarraban en contra para que me sentenciaran a los 21 años (de prisión), y se darán cuenta de que no hubo ningún secuestro”.
Asimismo, pidió la libertad de las indígenas Teresa González y Alberta Alcántara, quienes continúan encarceladas por la misma causa que se le siguió a ella.
En “cada Cereso (Centro de Readaptación Social) –afirmó– hay un caso igual de mujeres encarceladas injustamente por miedo a hablar, por no entender su lengua natal, y eso es injusto”.
Leopoldo Maldonado, abogado del Agustín Pro Juárez, anunció que continuarán exigiendo la reparación del daño que se ocasionó a Jacinta Francisco Marcial al haberla recluido tres años en prisión, pese a que nunca se demostró que hubiese incurrido en el delito de secuestro.
Añadió que la postura de la PGR de no reconocer la inocencia denota desconocimiento del órgano encargado de procurar justicia, pues ya se probó que el proceso jurídico contra la señora Francisco estuvo “plagado de irregularidades”.
Por consiguiente, dijo, “la pelota está en la cancha de la PGR”, ya que es la encargada de comprobar la responsabilidad penal de cualquier persona.
“El Estado tiene que reconocer públicamente que cometió un error, que sus agentes incurrieron en irresponsabilidades, que la persona inculpada por ese grave delito es inocente y debe ofrecerle disculpas públicas”, expresó.
Maldonado indicó que la PGR tiene que iniciar procedimientos administrativos y penales contra los agentes federales que acusaron injustamente a Jacinta, además de aceptar la recomendación que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre este caso.
Consideró que la postura de la PGR es dolosa y que actúa por desconocimiento del principio de presunción de inocencia, pues deberían ser expertos en la materia por ser los encargados de procurar justicia; sin embargo, “creemos que esto es un poquito para generar confusión y distraer la atención del caso de Alberta y Teresa”, concluyó.
Mariana Chávez, La Jornada, 24 de septiembre.
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