La organización Human Rights Watch (HRW) pidió al Senado de Estados Unidos no liberar 200 millones de dólares que aún faltan de entregar a México en el marco de la Iniciativa Mérida, por considerar que el Ejército viola derechos humanos en su lucha contra las organizaciones del crimen organizado.
Señaló que se ignoraron las evidencias que incriminaban a la institución armada en violaciones cometidas contra civiles, lo que derivó en la entrega de más de 80 millones de dólares en agosto pasado.
La posición está en un memorando que HRW envió al presidente de la Subcomisión de Estado y Operaciones Extranjeras del Senado de EU, Patrick Leahy, quien se ha pronunciado en favor de bloquear fondos, pues el Ejército mexicano viola sistemáticamente derechos ciudadanos en guerra a cárteles.
El documento enviado por José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, señala que el informe del Departamento de Estado que se entregó en agosto y permitió liberar 15% de fondos condicionados a respetar los derechos humanos en México, “no demuestra que haya cumplido con los estándares que justificarían la entrega de fondos”.
Por ello, se pide que en el nuevo informe que deberá entregar el Departamento de Estado antes de que concluya este año, el Senado de ese país debe exigir a la dependencia a cargo de Hillary Clinton que incorpore las evidencias de que en México los abusos de militares son investigados y juzgados según el derecho mexicano e internacional.
Según HRW “no existe justificación suficiente para entregar los fondos de la Iniciativa Mérida sujetos a requisitos de derechos humanos”, pues en el primer informe del Departamento de Estado “se describen algunas medidas del gobierno de Felipe Calderón que pretenden cumplir con el requisito de investigar y juzgar los abusos del Ejército, pero en la práctica no sirven para asegurar que se haga justicia cuando se cometen abusos militares”.
En el memorando a Leahy, la organización critica que en el reporte del Departamento de Estado “no se incluye información clave que resulta esencial para determinar si México cumple efectivamente con los requisitos”.
Como ejemplo, HRW señaló que en el citado informe se hace referencia a 12 condenas dictadas por tribunales militares, “pero omite mencionar que cuatro soldados fueron acusados de cometer delitos que no constituirían violaciones de derechos humanos y que, de acuerdo con los números de los expedientes, ocho de los casos serían de los años 90”.
Señaló que se ignoraron las evidencias que incriminaban a la institución armada en violaciones cometidas contra civiles, lo que derivó en la entrega de más de 80 millones de dólares en agosto pasado.
La posición está en un memorando que HRW envió al presidente de la Subcomisión de Estado y Operaciones Extranjeras del Senado de EU, Patrick Leahy, quien se ha pronunciado en favor de bloquear fondos, pues el Ejército mexicano viola sistemáticamente derechos ciudadanos en guerra a cárteles.
El documento enviado por José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, señala que el informe del Departamento de Estado que se entregó en agosto y permitió liberar 15% de fondos condicionados a respetar los derechos humanos en México, “no demuestra que haya cumplido con los estándares que justificarían la entrega de fondos”.
Por ello, se pide que en el nuevo informe que deberá entregar el Departamento de Estado antes de que concluya este año, el Senado de ese país debe exigir a la dependencia a cargo de Hillary Clinton que incorpore las evidencias de que en México los abusos de militares son investigados y juzgados según el derecho mexicano e internacional.
Según HRW “no existe justificación suficiente para entregar los fondos de la Iniciativa Mérida sujetos a requisitos de derechos humanos”, pues en el primer informe del Departamento de Estado “se describen algunas medidas del gobierno de Felipe Calderón que pretenden cumplir con el requisito de investigar y juzgar los abusos del Ejército, pero en la práctica no sirven para asegurar que se haga justicia cuando se cometen abusos militares”.
En el memorando a Leahy, la organización critica que en el reporte del Departamento de Estado “no se incluye información clave que resulta esencial para determinar si México cumple efectivamente con los requisitos”.
Como ejemplo, HRW señaló que en el citado informe se hace referencia a 12 condenas dictadas por tribunales militares, “pero omite mencionar que cuatro soldados fueron acusados de cometer delitos que no constituirían violaciones de derechos humanos y que, de acuerdo con los números de los expedientes, ocho de los casos serían de los años 90”.
Silvia Otero, El Universal, 11 de septiembre.
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