Tres años después de haber sido encarcelada a petición del Ministerio Público Federal por su presunta responsabilidad en el delito de secuestro, la otomí Jacinta Francisco Marcial obtuvo su libertad sin reserva alguna.
La Procuraduría General de la República (PGR) informó al juzgado cuarto de distrito en materia penal, con sede en Querétaro, que se desistía de su acusación por “carecer de prueba plena de la responsabilidad penal”.
Alrededor de la una de la madrugada, Jacinta Francisco abandonó el Centro de Readaptación Social Femenil localizado en San José El Alto, Querétaro, luego de que el juzgado cuarto concluyera diligencias del caso y aceptara que la PGR tenía “duda razonable” de la responsabilidad de la indígena en los delitos que le imputaron.
Según la PGR, “a partir de los hechos que se desarrollaron el 27 de marzo de 2006 en la comunidad de Santiago de Mexquititlán, municipio de Amealco de Bonfil, Querétaro, donde seis agentes de la Agencia Federal de Investigación fueron privados de su libertad por un grupo de entre 80 y 100 pobladores, con la finalidad de obtener un rescate de 80 mil pesos, empezó la averiguación previa AP/PGR/QRO/SJR-VII/ 064/2006, en la que se recabaron diversos elementos de prueba, ejerciendo acción penal contra varias personas, entre ellas Jacinta Francisco Marcial, por privación ilegal de la libertad, en la modalidad de secuestro”.
La dependencia indicó que “el juzgado cuarto de distrito consideró que la investigación cumplía con los extremos de la ley, por lo que liberó la correspondiente orden de aprehensión contra Jacinta y otras personas, por los delitos mencionados”.
Así, el 19 de diciembre de 2008, “el juzgado dictó sentencia condenatoria (21 años de prisión) contra Jacinta Francisco por los delitos de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro”, pero la defensa de la otomí interpuso un recurso de apelación “y rindió elementos de convicción suficientes que dejaron de manifiesto contradicciones entre las declaraciones de los agentes federales de investigación y algunos de los testigos de descargo, así como policías municipales”, reconoció ayer la PGR.
La labor de los defensores de Jacinta Francisco surtió efecto positivo para su causa y un tribunal revocó la sentencia, ordenando reponer el juicio “para aclarar las citadas contradicciones y obligando al juez de la causa a agotar las instancias procesales”.
Además de las pruebas que aportó la defensa, se debe recordar que Amnistía Internacional declaró a la otomí prisionera de conciencia y que la presión ejercida por diversas organizaciones no gubernamentales también provocó que la PGR aceptara revisar el caso, trayendo como consecuencia que el pasado 3 de septiembre la dependencia federal reconociera que había “insuficiencia” de pruebas que acreditaran la responsabilidad penal.
La PGR declaró ayer que durante la revisión del caso se apreció que “unos testigos refieren haber visto en el lugar de los hechos a la inculpada, mientras otros aducen no haberla visto, situación que crea incertidumbre en el ánimo de la representación social de la Federación, al no tener la certeza jurídica en cuanto a la participación de la procesada en los delitos que se le imputan”, y por ello presentó conclusiones no acusatorias contra ella y así se logró que el juez decretara su libertad sin reservas.
La Procuraduría General de la República (PGR) informó al juzgado cuarto de distrito en materia penal, con sede en Querétaro, que se desistía de su acusación por “carecer de prueba plena de la responsabilidad penal”.
Alrededor de la una de la madrugada, Jacinta Francisco abandonó el Centro de Readaptación Social Femenil localizado en San José El Alto, Querétaro, luego de que el juzgado cuarto concluyera diligencias del caso y aceptara que la PGR tenía “duda razonable” de la responsabilidad de la indígena en los delitos que le imputaron.
Según la PGR, “a partir de los hechos que se desarrollaron el 27 de marzo de 2006 en la comunidad de Santiago de Mexquititlán, municipio de Amealco de Bonfil, Querétaro, donde seis agentes de la Agencia Federal de Investigación fueron privados de su libertad por un grupo de entre 80 y 100 pobladores, con la finalidad de obtener un rescate de 80 mil pesos, empezó la averiguación previa AP/PGR/QRO/SJR-VII/ 064/2006, en la que se recabaron diversos elementos de prueba, ejerciendo acción penal contra varias personas, entre ellas Jacinta Francisco Marcial, por privación ilegal de la libertad, en la modalidad de secuestro”.
La dependencia indicó que “el juzgado cuarto de distrito consideró que la investigación cumplía con los extremos de la ley, por lo que liberó la correspondiente orden de aprehensión contra Jacinta y otras personas, por los delitos mencionados”.
Así, el 19 de diciembre de 2008, “el juzgado dictó sentencia condenatoria (21 años de prisión) contra Jacinta Francisco por los delitos de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro”, pero la defensa de la otomí interpuso un recurso de apelación “y rindió elementos de convicción suficientes que dejaron de manifiesto contradicciones entre las declaraciones de los agentes federales de investigación y algunos de los testigos de descargo, así como policías municipales”, reconoció ayer la PGR.
La labor de los defensores de Jacinta Francisco surtió efecto positivo para su causa y un tribunal revocó la sentencia, ordenando reponer el juicio “para aclarar las citadas contradicciones y obligando al juez de la causa a agotar las instancias procesales”.
Además de las pruebas que aportó la defensa, se debe recordar que Amnistía Internacional declaró a la otomí prisionera de conciencia y que la presión ejercida por diversas organizaciones no gubernamentales también provocó que la PGR aceptara revisar el caso, trayendo como consecuencia que el pasado 3 de septiembre la dependencia federal reconociera que había “insuficiencia” de pruebas que acreditaran la responsabilidad penal.
La PGR declaró ayer que durante la revisión del caso se apreció que “unos testigos refieren haber visto en el lugar de los hechos a la inculpada, mientras otros aducen no haberla visto, situación que crea incertidumbre en el ánimo de la representación social de la Federación, al no tener la certeza jurídica en cuanto a la participación de la procesada en los delitos que se le imputan”, y por ello presentó conclusiones no acusatorias contra ella y así se logró que el juez decretara su libertad sin reservas.
Gustavo Castillo García, La Jornada, 17 de septiembre.
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