Al dar por concluidas las funciones de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), el Estado termina con el proyecto político de defensa de la tierra y con el pacto social que sostuvo desde el siglo pasado con los campesinos, asentaron los investigadores Héctor Robles Berlanga, del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable (CEDRS); Taydé Morales Santos, de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh), y Carlota Botey, fundadora del Centro de Estudios del Agrarismo en México (CEAM).
“La existencia de una secretaría de Estado depende del compromiso del gobierno en turno con determinada política; para el actual, la tierra dejó de ser el eje central y prevalece la visión de que el campesino estorba”, comentó Robles Berlanga.
En los hechos, la SRA ya estaba extinta, pues a partir de 2003 al sector agrario se le asignó 3 por ciento, en promedio, del monto total destinado al Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable. Los pocos recursos dejaron de ser dirigidos para generar país a través de obras de infraestructura; ahora son entregados de manera individual, por organizaciones.
En el estudio Reflexiones sobre la propuesta del Ejecutivo federal de desaparecer la SRA, el investigador del CEDRS, de la Cámara de Diputados, detalla que los ejidatarios y comuneros de los estados del centro y sur del país reciben más apoyos por medio de los recursos para el combate a la pobreza que de los subsidios para fomento productivo. Por ejemplo, el subsidio per cápita por sujeto agrario en 2007 en Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Veracruz fue de 15 mil 710 pesos, mientras que en Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas se entregaron 31 mil 70.
Al crearse la SRA, en 1974, la Comisión Nacional Agraria, de 1911, y el Cuerpo Consultivo Agrario, de 1935, ya habían dotado o restituido a ejidos y comunidades 8 de cada 10 hectáreas, y asignado 87 por ciento de las tierras de riego. Luego, con el cambio al artículo 27 constitucional en 1992, y la expedición de la ley agraria, la existencia legal de la Secretaría de la Reforma Agraria se respalda sólo en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
En los últimos años, la actividad de la SRA se centró en resolver los conflictos de límites y en ratificar a ejidos y comunidades la posesión de la tierra, pero bajo la perspectiva del Programa de Certificación de Derechos Agrarios (Procede), cuya visión es mercantilista, agregó Taydé Morales, del departamento de Ingeniería Agroindustrial de la UACh.
“Desde la perspectiva neoliberal, se clausura una secretaría estorbosa, que mantenía viva en la sociedad campesina la idea de reivindicar la lucha por la tierra, y ello estorba en un gobierno que continúa encontrando los caminos jurídicos para que los terrenos nacionales y los de propiedad social con riqueza natural y de subsuelos sean propiedad privada.”
Agregó que la lucha por la permanencia de la Reforma Agraria, y de que sus funciones no se diluyan en otras instancias del gobierno, no será suficientemente fuerte y sólida, ya que el movimiento campesino organizado “está a la baja. No dudo que se manifiesten en la Cámara de Diputados, pero están fraccionados porque se convirtieron más en gestores o casi bufetes jurídicos para acceder a los recursos de los programas gubernamentales”.
Durante la charla, la investigadora consideró que en las próximas semanas “se verá más una lucha de poderes entre las dirigencias campesinas representadas en la Cámara de Diputados y el gobierno neoliberal que busca enterrar todas las formas de derecho social de naturaleza agraria y laboral”.
Carlota Botey asentó a su vez que la propuesta del Ejecutivo implica la “desintegración de la fuerza revolucionaria que no puede pelear con el gobierno, porque todos tienen intereses distintos y con ello impide a los campesinos reconstruir su historia a través de sus documentos agrarios, pues el Procede se encargó de desarticular a los ejidatarios y comuneros”. El asunto no es si desaparece la SRA, sino que desde el Estado se hace a un lado del espectro político nacional el proyecto de desarrollo rural basado en la tierra, abundó la fundadora del CECAM.
“La existencia de una secretaría de Estado depende del compromiso del gobierno en turno con determinada política; para el actual, la tierra dejó de ser el eje central y prevalece la visión de que el campesino estorba”, comentó Robles Berlanga.
En los hechos, la SRA ya estaba extinta, pues a partir de 2003 al sector agrario se le asignó 3 por ciento, en promedio, del monto total destinado al Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable. Los pocos recursos dejaron de ser dirigidos para generar país a través de obras de infraestructura; ahora son entregados de manera individual, por organizaciones.
En el estudio Reflexiones sobre la propuesta del Ejecutivo federal de desaparecer la SRA, el investigador del CEDRS, de la Cámara de Diputados, detalla que los ejidatarios y comuneros de los estados del centro y sur del país reciben más apoyos por medio de los recursos para el combate a la pobreza que de los subsidios para fomento productivo. Por ejemplo, el subsidio per cápita por sujeto agrario en 2007 en Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Veracruz fue de 15 mil 710 pesos, mientras que en Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas se entregaron 31 mil 70.
Al crearse la SRA, en 1974, la Comisión Nacional Agraria, de 1911, y el Cuerpo Consultivo Agrario, de 1935, ya habían dotado o restituido a ejidos y comunidades 8 de cada 10 hectáreas, y asignado 87 por ciento de las tierras de riego. Luego, con el cambio al artículo 27 constitucional en 1992, y la expedición de la ley agraria, la existencia legal de la Secretaría de la Reforma Agraria se respalda sólo en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
En los últimos años, la actividad de la SRA se centró en resolver los conflictos de límites y en ratificar a ejidos y comunidades la posesión de la tierra, pero bajo la perspectiva del Programa de Certificación de Derechos Agrarios (Procede), cuya visión es mercantilista, agregó Taydé Morales, del departamento de Ingeniería Agroindustrial de la UACh.
“Desde la perspectiva neoliberal, se clausura una secretaría estorbosa, que mantenía viva en la sociedad campesina la idea de reivindicar la lucha por la tierra, y ello estorba en un gobierno que continúa encontrando los caminos jurídicos para que los terrenos nacionales y los de propiedad social con riqueza natural y de subsuelos sean propiedad privada.”
Agregó que la lucha por la permanencia de la Reforma Agraria, y de que sus funciones no se diluyan en otras instancias del gobierno, no será suficientemente fuerte y sólida, ya que el movimiento campesino organizado “está a la baja. No dudo que se manifiesten en la Cámara de Diputados, pero están fraccionados porque se convirtieron más en gestores o casi bufetes jurídicos para acceder a los recursos de los programas gubernamentales”.
Durante la charla, la investigadora consideró que en las próximas semanas “se verá más una lucha de poderes entre las dirigencias campesinas representadas en la Cámara de Diputados y el gobierno neoliberal que busca enterrar todas las formas de derecho social de naturaleza agraria y laboral”.
Carlota Botey asentó a su vez que la propuesta del Ejecutivo implica la “desintegración de la fuerza revolucionaria que no puede pelear con el gobierno, porque todos tienen intereses distintos y con ello impide a los campesinos reconstruir su historia a través de sus documentos agrarios, pues el Procede se encargó de desarticular a los ejidatarios y comuneros”. El asunto no es si desaparece la SRA, sino que desde el Estado se hace a un lado del espectro político nacional el proyecto de desarrollo rural basado en la tierra, abundó la fundadora del CECAM.
Matilde Pérez U., La Jornada, 14 de septiembre.
0 Responses to "La SRA estorbaba al gobierno panista, señalan investigadores"
Publicar un comentario