Coincidiendo con el anuncio de una campaña internacional de la oposición venezolana para denunciar la “criminalización de las protestas” en Venezuela, la ONG Programa Venezolano de Educación-Acción (Provea), denunció que al menos dos mil 200 personas están siendo procesadas en Venezuela por participar en manifestaciones contra el presidente Hugo Chávez o en protesta por el mal funcionamiento de los servicios públicos.
Según informa el diario El Universal, cortar una calle para protestar por la falta de agua o el mal estado de las escuelas o expresar el rechazo contra el gobierno son algunas de las causas que han motivado la apertura de estos expedientes judiciales.
Para el coordinador de Provea, Marino Alvarado, la Fiscalía “criminaliza” las protestas con el pretexto de que estas personas “alteran la paz pública”. Alvarado puso de ejemplo las medidas tomadas por la fiscal general, Luisa Ortega, de iniciar investigaciones penales contra los 120 universitarios que se manifestaron contra la decisión del gobierno de Chávez de poner fin a la concesión de la cadena opositora Radio Caracas Televisión (RCTV) en mayo de 2007.
El coordinador de Provea aseguró que “estas cifras son conservadoras, porque hay casos como las manifestaciones de las barriadas que no salen a la luz pública. Hay muchos dirigentes comunitarios sometidos a procedimientos por protestar”.
El domingo, en rueda de prensa con corresponsales extranjeros, el presidente Chávez aseguró que en Venezuela no se persigue a nadie por lo que piense o haga.
Según informa el diario El Universal, cortar una calle para protestar por la falta de agua o el mal estado de las escuelas o expresar el rechazo contra el gobierno son algunas de las causas que han motivado la apertura de estos expedientes judiciales.
Para el coordinador de Provea, Marino Alvarado, la Fiscalía “criminaliza” las protestas con el pretexto de que estas personas “alteran la paz pública”. Alvarado puso de ejemplo las medidas tomadas por la fiscal general, Luisa Ortega, de iniciar investigaciones penales contra los 120 universitarios que se manifestaron contra la decisión del gobierno de Chávez de poner fin a la concesión de la cadena opositora Radio Caracas Televisión (RCTV) en mayo de 2007.
El coordinador de Provea aseguró que “estas cifras son conservadoras, porque hay casos como las manifestaciones de las barriadas que no salen a la luz pública. Hay muchos dirigentes comunitarios sometidos a procedimientos por protestar”.
El domingo, en rueda de prensa con corresponsales extranjeros, el presidente Chávez aseguró que en Venezuela no se persigue a nadie por lo que piense o haga.
EFE en Caracas, Crónica, 2 de septiembre.
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