En un memorándum que se sustenta en la denominada Ley de Comercio Contra el Enemigo, el presidente consideró que el bloqueo contra La Habana continuará “por convenir así a los intereses de EU”. La prórroga de una ley que hoy tiene menos adeptos que nunca ha puesto en evidencia la existencia de un instrumento que se ha convertido en uno de los últimos obstáculos en la normalización de las relaciones de ambos países.
De hecho, Cuba es el único país que Estados Unidos tiene sujeto a este tipo de sanciones, después de que en 2008 la administración del hoy ex presidente George W. Bush decidiera sacar de la lista negra a Corea del Norte, en respuesta al acuerdo de Pyongyang de divulgar detalles de su programa nuclear.
La decisión de mantener el embargo contra Cuba “en automático” se ha producido al mismo tiempo que Washington y La Habana han dado muestras de una gradual apertura, con el restablecimiento de viajes de ciudadanos estadounidenses con familiares en la isla y con el fin de la prohibición para el envío de remesas sin límites de cantidad y de frecuencia.
A la vez, representantes de ambos países han retomado negociaciones para discutir la normalización del correo directo entre ambos países y el futuro de la política migratoria —capítulo que permanecía en el limbo desde la administración Bush.
A pesar de las muestras de acercamiento entre Washington y La Habana, Obama ha dejado en claro que no piensa respaldar el fin del embargo hasta que el régimen de La Habana “dé muestras significativas” de un cambio con la liberación de los presos políticos que pululan en las cárceles de la isla.
En su mensaje pronunciado en el marco de la Quinta Cumbre de Las Américas, en Trinidad y Tobago en abril pasado, Obama abogó a favor de “un nuevo comienzo” en las relaciones con Cuba, siempre y cuando las políticas de La Habana avanzaran en “una nueva dirección”.
A pesar de que el embargo comercial no ha cumplido con ninguno de los objetivos marcados y sólo ha ocasionado daño a los intereses comerciales de EU y a los casi 2 millones de ciudadanos estadounidenses con familiares en Cuba, la administración Obama considera que el gobierno de Raúl Castro aún tiene que avanzar en el terreno de los derechos humanos para acceder a la normalización y al fin del embargo.
La decisión de mantener vigente el embargo ha sido criticada por organizaciones como Amnistía Internacional, que habían solicitado al gobierno dejar expirar el plazo anual que fija la Ley de Comercio contra el Enemigo como “un gesto” de su buena voluntad hacia los poco más de 11 millones de habitantes de la isla que aún creen en la posibilidad de un cambio en las relaciones con EU.
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