En lo que va de 2009, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) tiene registrados 14 casos de agravios en contra de periodistas, algunos de ellos relacionados con procesos de judicialización.
El presidente de la CDHDF, Emilio Álvarez Icaza, dijo que aún cuando en la ciudad no se dan actos de violencia u homicidio, hay otro tipo de amedrentaciones contra periodistas como robo de información, amenazas vía electrónica e intimidaciones físicas.
El ombusdman acusó que la policía local es la que menos respeta la labor de los reporteros al cubrir la nota, sobretodo los fotógrafos.
Dijo que los periodistas se enfrentan a procesos de judicialización de la libertad de expresión.
Advirtió de una incapacidad del estado de garantizar que periodistas y defensores de derechos humanos puedan realizar su actividad sin problemas y sin riesgos.
Sin embargo, negó que tengan la intención de emitir alguna recomendación para las autoridades locales debido a que los 14 casos se encuentran en investigación.
Al inaugurar la sala de prensa “Amado Avendaño” de la nueva sede de la CDHDF, Álvarez Icaza dijo que “no hay escoltas que alcancen a proteger a los periodistas y a los defensores de derechos humanos, la mejor manera de hacerlo es a través de la justicia”, por lo que urgió a federalizar los delitos de prensa y que los diferentes órganos y niveles de gobierno trabajen en protegerlos.
Indicó que se tienen que actualizar las normas que incluyen la labor periodística, sobretodo en la protección, debido a que “hay claras señales de debilitamiento de la acción de la justicia en el orden local”.
Estas deficiencias no sólo ocurren en el caso de periodistas, sino en otro tipo de violaciones graves o de lesa humanidad, añadió.
Citó como ejemplo la recomendación a la Procuraduría capitalina y los Reclusorios relacionada con la muerte de internos en galeras.
Dijo que pese a los llamados de la CDHDF se presentó un nuevo caso por el que se abrió una investigación que “es muy probable que termine en recomendación”.
Negó que esos actos sean proyecciones del pasado, dijo que “son herencias e inercias de un aparato de justicia que acude a esos métodos por incapacidad o por complicidad, y esencialmente tiene que ver con casos de fabricación de culpables o de administración de venganza”.
El presidente de la CDHDF, Emilio Álvarez Icaza, dijo que aún cuando en la ciudad no se dan actos de violencia u homicidio, hay otro tipo de amedrentaciones contra periodistas como robo de información, amenazas vía electrónica e intimidaciones físicas.
El ombusdman acusó que la policía local es la que menos respeta la labor de los reporteros al cubrir la nota, sobretodo los fotógrafos.
Dijo que los periodistas se enfrentan a procesos de judicialización de la libertad de expresión.
Advirtió de una incapacidad del estado de garantizar que periodistas y defensores de derechos humanos puedan realizar su actividad sin problemas y sin riesgos.
Sin embargo, negó que tengan la intención de emitir alguna recomendación para las autoridades locales debido a que los 14 casos se encuentran en investigación.
Al inaugurar la sala de prensa “Amado Avendaño” de la nueva sede de la CDHDF, Álvarez Icaza dijo que “no hay escoltas que alcancen a proteger a los periodistas y a los defensores de derechos humanos, la mejor manera de hacerlo es a través de la justicia”, por lo que urgió a federalizar los delitos de prensa y que los diferentes órganos y niveles de gobierno trabajen en protegerlos.
Indicó que se tienen que actualizar las normas que incluyen la labor periodística, sobretodo en la protección, debido a que “hay claras señales de debilitamiento de la acción de la justicia en el orden local”.
Estas deficiencias no sólo ocurren en el caso de periodistas, sino en otro tipo de violaciones graves o de lesa humanidad, añadió.
Citó como ejemplo la recomendación a la Procuraduría capitalina y los Reclusorios relacionada con la muerte de internos en galeras.
Dijo que pese a los llamados de la CDHDF se presentó un nuevo caso por el que se abrió una investigación que “es muy probable que termine en recomendación”.
Negó que esos actos sean proyecciones del pasado, dijo que “son herencias e inercias de un aparato de justicia que acude a esos métodos por incapacidad o por complicidad, y esencialmente tiene que ver con casos de fabricación de culpables o de administración de venganza”.
Edith Martínez, El Universal, 1º de septiembre.
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