BRUSELAS.- A pesar de que hay un reglamento en la Unión Europea que prohíbe su comercio internacional, la República Checa está enviando a México materiales para la Policía y fuerzas de seguridad diseñados para infligir torturas y malos tratos, denuncia Amnistía Internacional.
"Es evidente que la República Checa está vendiendo a México equipo diseñado para torturar", dijo a REFORMA Mike Lewis, uno de los autores del informe sobre comercio de instrumentos de tortura en la UE, publicado por Amnistía Internacional y Omega Research Foundation.
"Debido al secretismo que hay en este negocio, no hemos podido identificar a las empresas checas involucradas, ni tampoco a los destinatarios en México, lo que sí sabemos es que son instrumentos diseñados originalmente para fuerzas de Policía y de seguridad para infligir malos tratos".
Según el experto, es muy probable que otros países europeos también estén vendiendo equipo a México, pero no ha sido posible verificar la información debido a que sólo 7 de los 27 socios de la UE han informado públicamente sobre sus exportaciones.
De acuerdo con el informe, la República Checa emitió 20 licencias entre 2006 y 2008 para la transferencia de este tipo de materiales a países como México, Venezuela, Paquistán, Senegal, Israel y Estados Unidos.
Entre los equipos exportados, figuran esposas para pulgares, metálicas y mangas, pulverizadores químicos y armas de electrochoque de alto voltaje.
Lewis aseguró que no se trata de un negocio millonario, pues hay artículos como las esposas para pulgares que van desde los 5 dólares la unidad, pero sí de uno que está ligado directamente a graves violaciones a las garantías individuales.
Después de una década de campaña por parte de la sociedad civil, la UE introdujo en 2006 un reglamento que prohíbe el comercio internacional de equipo cuyo uso constituye intrínsecamente tortura o malos tratos, como son los cinturones paralizantes electrónicos.
El investigador para México de Amnistía Internacional, Rupert Knox, aseguró que la UE debería aplicar con firmeza el reglamento y suspender las transferencias a países donde la práctica de la tortura forma parte del manual operativo de las fuerzas de seguridad.
"En el caso de México sabemos que hay un uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades y que los abusos quedan en la impunidad, por lo que el Gobierno checo y cualquier otro de la Unión Europea no debería autorizar la transferencia de este equipo, en tanto no existan los mecanismos de control y rendición de cuentas.
"Tenemos documentado un caso en Tabasco donde agentes de migración utilizaron un bastón eléctrico para someter a un migrante por la vía de la fuerza, y hasta la fecha no hay ninguna investigación al respecto Y es en este contexto en el que se utiliza este equipo".
Además afirma que Europa debe poner aún mayor atención en el caso mexicano debido a que el Ejército está ejecutando tareas exclusivas de la fuerza policiaca.
"En México no hay garantías de que este tipo de equipo no va a conducir a violaciones de los derechos humanos. Hay un clima de tolerancia, seguimos documentando abusos cometidos por parte del Ejército, detenciones forzadas y torturas en varias partes del país".
"Es evidente que la República Checa está vendiendo a México equipo diseñado para torturar", dijo a REFORMA Mike Lewis, uno de los autores del informe sobre comercio de instrumentos de tortura en la UE, publicado por Amnistía Internacional y Omega Research Foundation.
"Debido al secretismo que hay en este negocio, no hemos podido identificar a las empresas checas involucradas, ni tampoco a los destinatarios en México, lo que sí sabemos es que son instrumentos diseñados originalmente para fuerzas de Policía y de seguridad para infligir malos tratos".
Según el experto, es muy probable que otros países europeos también estén vendiendo equipo a México, pero no ha sido posible verificar la información debido a que sólo 7 de los 27 socios de la UE han informado públicamente sobre sus exportaciones.
De acuerdo con el informe, la República Checa emitió 20 licencias entre 2006 y 2008 para la transferencia de este tipo de materiales a países como México, Venezuela, Paquistán, Senegal, Israel y Estados Unidos.
Entre los equipos exportados, figuran esposas para pulgares, metálicas y mangas, pulverizadores químicos y armas de electrochoque de alto voltaje.
Lewis aseguró que no se trata de un negocio millonario, pues hay artículos como las esposas para pulgares que van desde los 5 dólares la unidad, pero sí de uno que está ligado directamente a graves violaciones a las garantías individuales.
Después de una década de campaña por parte de la sociedad civil, la UE introdujo en 2006 un reglamento que prohíbe el comercio internacional de equipo cuyo uso constituye intrínsecamente tortura o malos tratos, como son los cinturones paralizantes electrónicos.
El investigador para México de Amnistía Internacional, Rupert Knox, aseguró que la UE debería aplicar con firmeza el reglamento y suspender las transferencias a países donde la práctica de la tortura forma parte del manual operativo de las fuerzas de seguridad.
"En el caso de México sabemos que hay un uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades y que los abusos quedan en la impunidad, por lo que el Gobierno checo y cualquier otro de la Unión Europea no debería autorizar la transferencia de este equipo, en tanto no existan los mecanismos de control y rendición de cuentas.
"Tenemos documentado un caso en Tabasco donde agentes de migración utilizaron un bastón eléctrico para someter a un migrante por la vía de la fuerza, y hasta la fecha no hay ninguna investigación al respecto Y es en este contexto en el que se utiliza este equipo".
Además afirma que Europa debe poner aún mayor atención en el caso mexicano debido a que el Ejército está ejecutando tareas exclusivas de la fuerza policiaca.
"En México no hay garantías de que este tipo de equipo no va a conducir a violaciones de los derechos humanos. Hay un clima de tolerancia, seguimos documentando abusos cometidos por parte del Ejército, detenciones forzadas y torturas en varias partes del país".
Inder Bugarin Corresponsal, Reforma, 30 de marzo.
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