Amnistía Internacional (AI) instó al Estado mexicano a dar cumplimiento efectivo a las 19 recomendaciones que le formuló el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), entre ellas: reformar la Constitución para que esté en consonancia con las normas internacionales en la materia e impedir que cualquier modificación a la Ley Nacional de Seguridad Pública debilite las garantías consagradas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El Estado mexicano, insistió AI, debe modificar el Código de Justicia Militar con el fin de que todas las violaciones a los derechos humanos cometidas por integrantes de las fuerzas armadas sean juzgadas por autoridades civiles.
Asimismo, debe tipificar los delitos de desaparición forzada y tortura, “tal como se define en los instrumentos internacionales”, así como armonizar con dicho pacto la legislación sobre el aborto en todos los estados y asegurar la aplicación de la norma oficial mexicana 046 (sobre violencia familiar, sexual y contra las mujeres).
Además, debe acelerar la reforma del sistema de justicia para acabar con el uso de la tortura y garantizar la presunción de inocencia, así como evitar que cualquier reforma a la Ley Nacional de Seguridad Pública debilite los derechos consagrados en el pacto mencionado.
Preocupa falta de progreso en la aplicación de recomendaciones
El 26 de marzo pasado, el Comité de Derechos Humanos de la ONU manifestó su preocupación por la falta de progresos significativos en la aplicación de las recomendaciones que hizo llegar al Estado mexicano, incluidas las relativas a la violencia contra las mujeres, el despliegue de las fuerzas armadas para garantizar la seguridad pública y la falta de protección a los defensores de las garantías fundamentales, así como a los periodistas.
El comité lamentó que subsistan muchos motivos de preocupación, y recordó que “las disposiciones del pacto serán aplicables a todas las partes componentes de los estados federales, sin limitación ni excepción alguna”, y deploró que “la delegación –del gobierno mexicano ante el comité– no haya podido indicar un plazo específico para terminar la propuesta de reformas a la Constitución”.
AI subraya que las recomendaciones que se hicieron a México son un llamado más a las autoridades para cumplir con sus obligaciones adquiridas mediante distintos instrumentos internacionales de garantías.
Recuerda la organización internacional de derechos humanos que el comité, además, requiere un informe del gobierno dentro de un año sobre la aplicación de las medidas recomendadas para combatir la violencia contra las mujeres, en particular en Ciudad Juárez, Chihuahua, así como eliminar la figura del arraigo, tanto en la legislación como en la práctica, a escalas federal y estatal, así como proporcionar protección eficaz a los defensores de los derechos humanos y los periodistas cuya seguridad corra peligro.
El Estado mexicano, insistió AI, debe modificar el Código de Justicia Militar con el fin de que todas las violaciones a los derechos humanos cometidas por integrantes de las fuerzas armadas sean juzgadas por autoridades civiles.
Asimismo, debe tipificar los delitos de desaparición forzada y tortura, “tal como se define en los instrumentos internacionales”, así como armonizar con dicho pacto la legislación sobre el aborto en todos los estados y asegurar la aplicación de la norma oficial mexicana 046 (sobre violencia familiar, sexual y contra las mujeres).
Además, debe acelerar la reforma del sistema de justicia para acabar con el uso de la tortura y garantizar la presunción de inocencia, así como evitar que cualquier reforma a la Ley Nacional de Seguridad Pública debilite los derechos consagrados en el pacto mencionado.
Preocupa falta de progreso en la aplicación de recomendaciones
El 26 de marzo pasado, el Comité de Derechos Humanos de la ONU manifestó su preocupación por la falta de progresos significativos en la aplicación de las recomendaciones que hizo llegar al Estado mexicano, incluidas las relativas a la violencia contra las mujeres, el despliegue de las fuerzas armadas para garantizar la seguridad pública y la falta de protección a los defensores de las garantías fundamentales, así como a los periodistas.
El comité lamentó que subsistan muchos motivos de preocupación, y recordó que “las disposiciones del pacto serán aplicables a todas las partes componentes de los estados federales, sin limitación ni excepción alguna”, y deploró que “la delegación –del gobierno mexicano ante el comité– no haya podido indicar un plazo específico para terminar la propuesta de reformas a la Constitución”.
AI subraya que las recomendaciones que se hicieron a México son un llamado más a las autoridades para cumplir con sus obligaciones adquiridas mediante distintos instrumentos internacionales de garantías.
Recuerda la organización internacional de derechos humanos que el comité, además, requiere un informe del gobierno dentro de un año sobre la aplicación de las medidas recomendadas para combatir la violencia contra las mujeres, en particular en Ciudad Juárez, Chihuahua, así como eliminar la figura del arraigo, tanto en la legislación como en la práctica, a escalas federal y estatal, así como proporcionar protección eficaz a los defensores de los derechos humanos y los periodistas cuya seguridad corra peligro.
Víctor Ballinas, La Jornada, 30 de marzo.
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