Amnistía Internacional (AI) pidió al Estado mexicano que cumpla con las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, organismo que la semana pasada hizo público un examen crítico tras analizar la situación en el país por primera vez desde 1999.
"Muchas organizaciones nacionales e internacionales hemos hecho un llamado desde hace años a las autoridades mexicanas para que den pasos sustantivos para hacer realidad los derechos humanos en estos determinantes temas. Sin embargo, el avance no ha sido el esperado", lamentó ayer la ONG en un comunicado.
La semana pasada el comité de la ONU se mostró preocupado por la decisión del Gobierno de México de emplear al Ejército "en la seguridad interna" para combatir las poderosas y violentas redes del narcotráfico, pero no estableció un plazo para la salida de los militares.
AI recordó que el comité pidió al Estado entre otras cosas "modificar el Código de Justicia Militar a fin de que toda violación a derechos humanos cometida por las Fuerzas Armadas sea juzgada por autoridades civiles".
También pidió "tipificar el delito de desaparición forzada y tortura tal como se define en los instrumentos internacionales", y "acelerar la reforma del sistema de justicia para acabar con el uso de la tortura y garantizar la presunción de inocencia".
Además, los expertos solicitan "armonizar con el Pacto (Internacional de Derechos Civiles y Políticos, PIDCP) la legislación sobre el aborto en todos los estados" del país y garantizar la administración de métodos anticonceptivos de emergencia a las mujeres víctimas de violación, como establece la ley federal NOM-046.
También requieren "un informe del gobierno dentro de un año sobre la aplicación de las medidas recomendadas para combatir la violencia contra las mujeres" en el país, especialmente en Ciudad Juárez.
El comité, que examinó a México los pasados 8 y 9 de marzo, señala la necesidad de eliminar de la legislación mexicana la figura jurídica del "arraigo", que permite retener a una persona sospechosa de un delito grave hasta por 80 días sin comparecer ante un juez.
Finalmente, AI recordó que la posible reforma a la Ley Nacional de Seguridad Pública, que podría analizarse en pocas semanas en el Legislativo, se haga con pleno respeto al PIDCP.
Según AI, "México está obligado a dar cumplimiento a estas recomendaciones en virtud de la ratificación del PIDCP y deberá de presentarse nuevamente ante el Comité de Derechos Humanos a más tardar el 30 de marzo de 2014".
El Comité de Derechos Humanos es un órgano formado por dieciocho expertos independientes que vela por el pleno cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por los Estados que lo han ratificado.
Esta fue la primera vez desde 1999 que México se sometió al examen de este comité.
"Muchas organizaciones nacionales e internacionales hemos hecho un llamado desde hace años a las autoridades mexicanas para que den pasos sustantivos para hacer realidad los derechos humanos en estos determinantes temas. Sin embargo, el avance no ha sido el esperado", lamentó ayer la ONG en un comunicado.
La semana pasada el comité de la ONU se mostró preocupado por la decisión del Gobierno de México de emplear al Ejército "en la seguridad interna" para combatir las poderosas y violentas redes del narcotráfico, pero no estableció un plazo para la salida de los militares.
AI recordó que el comité pidió al Estado entre otras cosas "modificar el Código de Justicia Militar a fin de que toda violación a derechos humanos cometida por las Fuerzas Armadas sea juzgada por autoridades civiles".
También pidió "tipificar el delito de desaparición forzada y tortura tal como se define en los instrumentos internacionales", y "acelerar la reforma del sistema de justicia para acabar con el uso de la tortura y garantizar la presunción de inocencia".
Además, los expertos solicitan "armonizar con el Pacto (Internacional de Derechos Civiles y Políticos, PIDCP) la legislación sobre el aborto en todos los estados" del país y garantizar la administración de métodos anticonceptivos de emergencia a las mujeres víctimas de violación, como establece la ley federal NOM-046.
También requieren "un informe del gobierno dentro de un año sobre la aplicación de las medidas recomendadas para combatir la violencia contra las mujeres" en el país, especialmente en Ciudad Juárez.
El comité, que examinó a México los pasados 8 y 9 de marzo, señala la necesidad de eliminar de la legislación mexicana la figura jurídica del "arraigo", que permite retener a una persona sospechosa de un delito grave hasta por 80 días sin comparecer ante un juez.
Finalmente, AI recordó que la posible reforma a la Ley Nacional de Seguridad Pública, que podría analizarse en pocas semanas en el Legislativo, se haga con pleno respeto al PIDCP.
Según AI, "México está obligado a dar cumplimiento a estas recomendaciones en virtud de la ratificación del PIDCP y deberá de presentarse nuevamente ante el Comité de Derechos Humanos a más tardar el 30 de marzo de 2014".
El Comité de Derechos Humanos es un órgano formado por dieciocho expertos independientes que vela por el pleno cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por los Estados que lo han ratificado.
Esta fue la primera vez desde 1999 que México se sometió al examen de este comité.
La Crónica, 30 de marzo.
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