La reforma laboral propuesta por el gobierno de Felipe Calderón mediante legisladores del PAN legaliza la venta del trabajo por conducto de las empresas outsourcing, pone requisitos para hacer imposible el registro de nuevos sindicatos, pretende arrebatar los derechos consagrados en el artículo 123 constitucional, quita la estabilidad en el empleo, elimina el pago de tiempo extra y vulnera la jornada laboral de 8 horas.
Al hacer un análisis de la reforma, Enrique Larios, presidente del Colegio de Profesores de Derecho de la UNAM, señaló lo anterior y dijo que ésta propone que los trabajadores claudiquen en su reclamo de pago de salarios caídos durante huelgas prolongadas. Además, abundó, plantea que los empleados sólo podrán ser contratados de planta cuando cumplan tres años de servicio y viola el derecho de huelga, ya que impone tantas trabas que hará imposible un estallamiento.
Respecto de los señalamientos oficiales de que los cambios permitirán mayor competitividad y productividad, dijo: “se están cambiando cuentas de vidrio por derechos que valen oro”.
La intención de acabar con las conquistas laborales, opinó, es un objetivo del actual gobierno, el cual tiene planeado eliminar el seguro de maternidad “por caro” y enviar a todas las mujeres a que atiendan sus partos mediante el Seguro Popular.
Explicó que al parecer la propuesta tiene como finalidad poner una “cama de oportunidad” para atraer inversión privada ofreciendo salarios castigados y pérdida de derechos de los trabajadores. Asimismo, “empleados dóciles” que puedan ser fácilmente despedidos; que no puedan, por ejemplo, declararse en huelga, que no puedan crear nuevos sindicatos. “Es una reforma anacrónica”, sostuvo.
En su opinión, “es una gran mentira que no se reforma el 123 constitucional, ya que ese precepto sería violentado con toda la iniciativa. Muchos cambios son abiertamente ilegales.
“Parece una burla la declaración de que el pago por hora se determinó para contratar estudiantes. Lo que está bajo esa propuesta es tener empleados muy baratos, sin pago de prestaciones ni seguridad social.”
E. Méndez y R. Garduño
La iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo “es un paso a la modernidad” que permitiría evitar huelgas y si éstas estallaran resolverlas lo más pronto posible, mientras en los sindicatos la elección abierta de sus dirigentes evitaría que fuera necesaria la toma de nota, aseguró el diputado José Gerardo de los Cobos (PAN).
El abogado panista, perteneciente a El Yunque en Guanajuato, quien presentó la iniciativa hace dos semanas, reconoció que el documento fue elaborado en coordinación con la Secretaría del Trabajo y el contenido fue informado a Los Pinos.
En entrevista, dijo: “el Presidente es del PAN y esta bancada también. Tenemos comunicación, y claro que coincidimos en los criterios torales de la iniciativa”.
Ante el rechazo de los principales sindicatos del país, así como de diputados de PRI y PRD que tienen a su cargo organizaciones como la CTM, la CROC y el Sindicato de Telefonistas, aseguró: “entiendo que algunos líderes tienen temor y resistencia al cambio”.
Sin embargo, sostuvo que en su proyecto no hay una sola propuesta que afecte a los gremios. Aseveró: “no se puede aducir que una reforma en favor de los trabajadores sea contra los sindicatos. ¡Por Dios!, si no están de acuerdo, que rebatan los cambios propuestos.
“Entiendo que no les guste que los trabajadores tengan derecho a saber en qué se usan sus cuotas, pero que me lo digan, que lo defiendan en la tribuna.”
–¿Su intención es democratizar liderazgos como los del SNTE y el sindicato petrolero?
–Que se renueven con el voto secreto. Es un derecho universal que los trabajadores voten en libertad. Proponemos que haya un registro público de sindicatos, de sus estatutos, de los dirigentes, para saber quién está al frente.
–¿Por qué no propone desaparecer la toma de nota, que se usa como instrumento del gobierno para chantajear a los sindicatos?
–Con la reforma no es necesario. Hay un tabú sobre la toma de nota. Es una cuestión administrativa que no tiene peso constitucional, pero que se politiza. Si llegamos a ese esquema de elección libre, esa figura ya no tendría razón de ser.
Al hacer un análisis de la reforma, Enrique Larios, presidente del Colegio de Profesores de Derecho de la UNAM, señaló lo anterior y dijo que ésta propone que los trabajadores claudiquen en su reclamo de pago de salarios caídos durante huelgas prolongadas. Además, abundó, plantea que los empleados sólo podrán ser contratados de planta cuando cumplan tres años de servicio y viola el derecho de huelga, ya que impone tantas trabas que hará imposible un estallamiento.
Respecto de los señalamientos oficiales de que los cambios permitirán mayor competitividad y productividad, dijo: “se están cambiando cuentas de vidrio por derechos que valen oro”.
La intención de acabar con las conquistas laborales, opinó, es un objetivo del actual gobierno, el cual tiene planeado eliminar el seguro de maternidad “por caro” y enviar a todas las mujeres a que atiendan sus partos mediante el Seguro Popular.
Explicó que al parecer la propuesta tiene como finalidad poner una “cama de oportunidad” para atraer inversión privada ofreciendo salarios castigados y pérdida de derechos de los trabajadores. Asimismo, “empleados dóciles” que puedan ser fácilmente despedidos; que no puedan, por ejemplo, declararse en huelga, que no puedan crear nuevos sindicatos. “Es una reforma anacrónica”, sostuvo.
En su opinión, “es una gran mentira que no se reforma el 123 constitucional, ya que ese precepto sería violentado con toda la iniciativa. Muchos cambios son abiertamente ilegales.
“Parece una burla la declaración de que el pago por hora se determinó para contratar estudiantes. Lo que está bajo esa propuesta es tener empleados muy baratos, sin pago de prestaciones ni seguridad social.”
E. Méndez y R. Garduño
La iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo “es un paso a la modernidad” que permitiría evitar huelgas y si éstas estallaran resolverlas lo más pronto posible, mientras en los sindicatos la elección abierta de sus dirigentes evitaría que fuera necesaria la toma de nota, aseguró el diputado José Gerardo de los Cobos (PAN).
El abogado panista, perteneciente a El Yunque en Guanajuato, quien presentó la iniciativa hace dos semanas, reconoció que el documento fue elaborado en coordinación con la Secretaría del Trabajo y el contenido fue informado a Los Pinos.
En entrevista, dijo: “el Presidente es del PAN y esta bancada también. Tenemos comunicación, y claro que coincidimos en los criterios torales de la iniciativa”.
Ante el rechazo de los principales sindicatos del país, así como de diputados de PRI y PRD que tienen a su cargo organizaciones como la CTM, la CROC y el Sindicato de Telefonistas, aseguró: “entiendo que algunos líderes tienen temor y resistencia al cambio”.
Sin embargo, sostuvo que en su proyecto no hay una sola propuesta que afecte a los gremios. Aseveró: “no se puede aducir que una reforma en favor de los trabajadores sea contra los sindicatos. ¡Por Dios!, si no están de acuerdo, que rebatan los cambios propuestos.
“Entiendo que no les guste que los trabajadores tengan derecho a saber en qué se usan sus cuotas, pero que me lo digan, que lo defiendan en la tribuna.”
–¿Su intención es democratizar liderazgos como los del SNTE y el sindicato petrolero?
–Que se renueven con el voto secreto. Es un derecho universal que los trabajadores voten en libertad. Proponemos que haya un registro público de sindicatos, de sus estatutos, de los dirigentes, para saber quién está al frente.
–¿Por qué no propone desaparecer la toma de nota, que se usa como instrumento del gobierno para chantajear a los sindicatos?
–Con la reforma no es necesario. Hay un tabú sobre la toma de nota. Es una cuestión administrativa que no tiene peso constitucional, pero que se politiza. Si llegamos a ese esquema de elección libre, esa figura ya no tendría razón de ser.
Patricia Muñoz Ríos, La Jornada, 29 de marzo.
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