Amnistía Internacional (AI) instó al Estado mexicano a dar cumplimiento a las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos, porque son un llamado a las autoridades de nuestro país para cumplir con sus obligaciones adquiridas a través de distintos instrumentos internacionales de derechos humanos.
El Comité de Derechos Humanos, que vela por el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, reconoció algunos avances en materia legislativa por parte del Estado mexicano.
Sin embargo, enfatizó el incumplimiento de las recomendaciones anteriores del comité e identificó una serie de medidas que el Estado debe adoptar para cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos.
Al Estado mexicano se le recomendó, entre otras cosas, reformar la Constitución para que esté en consonancia con las normas internacionales de derechos humanos; modificar el Código de Justicia Militar, a fin de que toda violación a derechos humanos cometida por las fuerzas armadas sea juzgada por autoridades civiles; tipificar el delito de desaparición forzada y tortura, tal como se define en los instrumentos internacionales; y armonizar con el Pacto la legislación sobre el aborto en todos los estados y asegurar la aplicación de la NOM-046; acelerar la reforma del sistema de justicia para acabar con el uso de la tortura y garantizar la presunción de inocencia, y evitar que cualquier reforma a la Ley Nacional de Seguridad Pública debilite los derechos consagrados en el pacto.
El Comité de Derechos Humanos además requiere un informe del gobierno dentro de un año sobre la aplicación de las medidas recomendadas para combatir la violencia contra las mujeres (en particular en Ciudad Juárez); para eliminar la figura del arraigo, tanto en la legislación como en la práctica, a nivel federal y estatal; y para proporcionar protección eficaz a las y los defensores de derechos humanos y periodistas, cuyas vidas y seguridad corren peligro.
El Comité de Derechos Humanos, que vela por el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, reconoció algunos avances en materia legislativa por parte del Estado mexicano.
Sin embargo, enfatizó el incumplimiento de las recomendaciones anteriores del comité e identificó una serie de medidas que el Estado debe adoptar para cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos.
Al Estado mexicano se le recomendó, entre otras cosas, reformar la Constitución para que esté en consonancia con las normas internacionales de derechos humanos; modificar el Código de Justicia Militar, a fin de que toda violación a derechos humanos cometida por las fuerzas armadas sea juzgada por autoridades civiles; tipificar el delito de desaparición forzada y tortura, tal como se define en los instrumentos internacionales; y armonizar con el Pacto la legislación sobre el aborto en todos los estados y asegurar la aplicación de la NOM-046; acelerar la reforma del sistema de justicia para acabar con el uso de la tortura y garantizar la presunción de inocencia, y evitar que cualquier reforma a la Ley Nacional de Seguridad Pública debilite los derechos consagrados en el pacto.
El Comité de Derechos Humanos además requiere un informe del gobierno dentro de un año sobre la aplicación de las medidas recomendadas para combatir la violencia contra las mujeres (en particular en Ciudad Juárez); para eliminar la figura del arraigo, tanto en la legislación como en la práctica, a nivel federal y estatal; y para proporcionar protección eficaz a las y los defensores de derechos humanos y periodistas, cuyas vidas y seguridad corren peligro.
Eugenia Jiménez, Milenio, 30 de marzo.
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