QUERÉTARO.- La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que preside la Ministra Olga Sánchez Cordero, ya recibió y comenzó a estudiar el expediente de Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, acusadas del presunto secuestro, en 2006, de seis elementos de la extinta AFI, informó Andrés Díaz Fernández, integrante de la defensa de las mujeres.
El abogado que forma parte del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez, informó que el pasado viernes, la Ministra Sánchez Cordero, recibió el expediente de ambas mujeres, luego de que la SCJN determinó atraer el caso.
"Tenemos información de que esta semana ya se recibió el expediente en la primera sala, están en el proceso de la radicación; de hecho estuvimos en la Suprema Corte pero no pudimos consultar el expediente porque estaba en trámites porque apenas el viernes se recibió", informó vía telefónica.
El legista indicó que será, en el transcurso de esta semana, cuando puedan ellos como defensa tener acceso al expediente y darle seguimiento, a fin de que puedan tener un panorama de los tiempos en los que este caso podría ser resuelto.
"Esperemos tener algo más claro para ya poder tener al menos algún panorama de cuándo se pueda resolver", indicó.
REPARACIÓN DEL DAÑO
Por otra parte, Díaz Fernández, informó que a la fecha, ninguna autoridad se ha acercado a ellos como defensa, ni a las familias de Alberta y Teresa o de Jacinta Francisco Marcial, liberada en septiembre del año pasado por falta de pruebas y acusada por el mismo caso, para repararles el daño.
"No, no ha habido acercamiento del Gobierno federal (para la reparación del daño a Jacinta), nada de eso y nosotros buscaríamos ver la forma, próximamente, de pedir una reparación.
"Estamos analizando la reparación del daño ocasionado a Jacinta; también en los tiempos que la propia familia lleve, pero no ha habido ningún acercamiento de ninguna autoridad para ofrecer el pago de la reparación del daño, aunque ellos hayan dicho que estuvo presa por pruebas que fueron inconsistentes", indicó.
Asimismo, el abogado desmintió las afirmaciones del delegado de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), en Guanajuato y Querétaro, Aurelio Cigala Páez, en el sentido de que ese organismo federal había apoyado económicamente a las mujeres.
"Aquí la CDI dice que está entregando una cantidad a Jacinta y Alberta y a Teresa y lo hace parecer como si fuera una reparación del daño o como un apoyo económico, postliberación o en el caso de Alberta y Teresa como su fuera para apoyar a su familia.
"La cuestión ahí es que es una cuestión fuera de contexto porque en ningún caso se trata de un apoyo específico o personalizado para ellas", sostuvo.
Díaz Fernández explicó que sólo se trata de un programa que la CDI tiene y en el cual ofrece apoyos a productores del Municipio de Amealco, dentro de los cuales se encuentran estas mujeres, pero que ni Jacinta, ni las familias de Teresa y Alberta, han recibido, a la fecha, un solo peso.
Fernando Paniagua corresponsal, Reforma, 29 de marzo.
El abogado que forma parte del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez, informó que el pasado viernes, la Ministra Sánchez Cordero, recibió el expediente de ambas mujeres, luego de que la SCJN determinó atraer el caso.
"Tenemos información de que esta semana ya se recibió el expediente en la primera sala, están en el proceso de la radicación; de hecho estuvimos en la Suprema Corte pero no pudimos consultar el expediente porque estaba en trámites porque apenas el viernes se recibió", informó vía telefónica.
El legista indicó que será, en el transcurso de esta semana, cuando puedan ellos como defensa tener acceso al expediente y darle seguimiento, a fin de que puedan tener un panorama de los tiempos en los que este caso podría ser resuelto.
"Esperemos tener algo más claro para ya poder tener al menos algún panorama de cuándo se pueda resolver", indicó.
REPARACIÓN DEL DAÑO
Por otra parte, Díaz Fernández, informó que a la fecha, ninguna autoridad se ha acercado a ellos como defensa, ni a las familias de Alberta y Teresa o de Jacinta Francisco Marcial, liberada en septiembre del año pasado por falta de pruebas y acusada por el mismo caso, para repararles el daño.
"No, no ha habido acercamiento del Gobierno federal (para la reparación del daño a Jacinta), nada de eso y nosotros buscaríamos ver la forma, próximamente, de pedir una reparación.
"Estamos analizando la reparación del daño ocasionado a Jacinta; también en los tiempos que la propia familia lleve, pero no ha habido ningún acercamiento de ninguna autoridad para ofrecer el pago de la reparación del daño, aunque ellos hayan dicho que estuvo presa por pruebas que fueron inconsistentes", indicó.
Asimismo, el abogado desmintió las afirmaciones del delegado de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), en Guanajuato y Querétaro, Aurelio Cigala Páez, en el sentido de que ese organismo federal había apoyado económicamente a las mujeres.
"Aquí la CDI dice que está entregando una cantidad a Jacinta y Alberta y a Teresa y lo hace parecer como si fuera una reparación del daño o como un apoyo económico, postliberación o en el caso de Alberta y Teresa como su fuera para apoyar a su familia.
"La cuestión ahí es que es una cuestión fuera de contexto porque en ningún caso se trata de un apoyo específico o personalizado para ellas", sostuvo.
Díaz Fernández explicó que sólo se trata de un programa que la CDI tiene y en el cual ofrece apoyos a productores del Municipio de Amealco, dentro de los cuales se encuentran estas mujeres, pero que ni Jacinta, ni las familias de Teresa y Alberta, han recibido, a la fecha, un solo peso.
Fernando Paniagua corresponsal, Reforma, 29 de marzo.
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