México celebrará el Día Internacional de los Derechos Humanos en un ambiente adverso, donde toda la población está en riesgo de que se violen sus garantías fundamentales, donde hay regiones con peligro de ingobernabilidad y donde el Estado ha incumplido con su responsabilidad de garantizar protección a sus habitantes, porque la violencia se ha recrudecido y la condición de tranquilidad y de seguridad pública se ha degradado.
Así lo expresó el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia, quien dice que en el transcurso de este año han registrado 900 denuncias por cateos ilegales y mil 300 por tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, lo que pone en evidencia que “esto no sólo se ha incrementado, sino que se ha ido sosteniendo de manera terrible”.
Afirma que no basta la buena voluntad expresada por el presidente Felipe Calderón, sino que hacen falta acciones concretas, y que esta política se expanda hacia sus colaboradores, pues aún hay servidores públicos renuentes a respetar los derechos humanos. En entrevista con EL UNIVERSAL, el ombudsman nacional comentó que el mandatario tiene una visión “parcial” o “acotada” de las cosas, al responsabilizar al crimen organizado de las violaciones a los derechos humanos que se cometen en el país.
¿El Estado está cumpliendo con su responsabilidad de garantizar el respeto y el pleno goce de los derechos humanos para sus ciudadanos?
Hay avances en el respeto a los derechos humanos, pero falta mucho camino por recorrer. Tenemos rezagos muy importantes que están pendientes en materia de salud, de educación y, sin duda, en materia de seguridad pública, que es uno de los temas más importantes y el que más preocupa a la sociedad. El problema de la inseguridad pública es un tema que no se ha logrado resolver, sino que se ha recrudecido en varias partes del país. Un ejemplo de ello son ciudades como Reynosa, Matamoros, Laredo, en Tamaulipas; Ciudad Juárez, en Chihuahua, y la zona de La Laguna, en Coahuila y Durango. Se ha degradado la condición de tranquilidad y de seguridad pública.
¿Cuáles son las principales fallas del Estado por las que no se han podido lograr mayores avances?
Me parece que, hablando de seguridad pública, la falta de coordinación entre los sujetos que están comprometidos con esta materia. Si no hay coordinación, colaboración, compromiso, alineación de esfuerzos para poder obtener los resultados esperados, y un análisis cualitativo que permita dejar muy en claro si se está avanzando o se están degradando las cosas, no se avanzará.
¿El presidente Felipe Calderón está cumpliendo con la parte de responsabilidad que le toca?
Me parece que él, como titular del Poder Ejecutivo, está llevando a cabo una función, pero esto debe demandar un compromiso de todos y debe de suponer no sólo la voluntad, sino también las acciones y la respuesta en cuanto al éxito o fracaso de algunas políticas públicas. En lo que se refiere a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, hemos tenido, en lo general, disposición de los colaboradores del Presidente a aceptar las recomendaciones, pero hemos tenido el caso de algunos que todavía se niegan a aceptar y a cumplir con las recomendaciones, como la Comisión Nacional del Agua, que no acepta una recomendación por el caso de un niño que murió al caer al río Santiago, en Jalisco, extremadamente contaminado. Todavía hay servidores públicos renuentes a respetar derechos humanos.
¿El Presidente tiene voluntad?
De lo que yo he platicado con él, sí; pero la voluntad debe traducirse en hechos concretos y, sobre todo, en un efecto hacia sus colaboradores. Si no tenemos servidores públicos capacitados y plenamente comprometidos con el respeto pleno a los derechos humanos, que no es otra cosa que respetar la Constitución y las leyes, entonces continuarán las violaciones a los derechos humanos. Por esa razón, en 2011 reforzaremos las acciones de prevención de violaciones a los derechos humanos y de capacitación para los servidores públicos.
El presidente Felipe Calderón ha reiterado que este clima de violencia y las violaciones a los derechos humanos tienen como fuente al crimen organizado, ¿está de acuerdo?
Sin duda que la delincuencia lastima de manera muy seria, pero es mucho más lamentable cuando un servidor público no cumple con su función. Observamos cómo los márgenes de impunidad se han ido incrementando hasta poco más allá de 98%. Si bien es cierto que el delito lastima a la víctima, a la sociedad le afecta mucho más la falta de cumplimiento del deber que le corresponde a los servidores públicos: prevenir los delitos, investigarlos cuando se presenten, detener a los responsables, llevarlos ante los jueces y aplicar las sanciones previstas en la ley.
¿Hay una percepción equivocada del Presidente cuando atribuye al crimen organizado las violaciones a los derechos humanos? ¿Aclárenos quiénes violan derechos humanos?
Sin duda que los delincuentes lo que hacen es cometer delitos, y quienes violan derechos humanos son sólo los servidores públicos, por lo que este asunto hay que verlo de manera integral.
¿Entonces el presidente Calderón está equivocado en su percepción?
Digamos que es una visión parcial o acotada de las cosas; esa es solamente una parte del panorama. Habría que complementar el otro, que es el que le compete a la CNDH: observar los abusos que cometen los servidores públicos y buscar, entre otras cosas, que el ideal de justicia se haga realidad y que no permanezca como hasta ahora, como un ideal tan inalcanzable.
¿El número de quejas presentadas por desaparición forzada se ha incrementado?
Se han incrementado las quejas por desaparición forzada, por cateos ilegales, detenciones arbitrarias, tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes.
¿Por qué si ésta ha sido una tendencia en los últimos 10 años, las autoridades no han hecho nada para revertirla?
Esta dinámica de lucha frontal contra la delincuencia, ejerciendo violencia para tratar de contener la violencia, olvidándonos de que era más adecuada la prevención de los delitos y el actuar acorde a la ley, es algo que se vino adelgazando en los últimos años. Vemos un incremento de este tipo de quejas y un resurgimiento de fenómenos que parecían ya superados o iban hacia una clara desaparición. En el transcurso de este año hemos tenido 900 denuncias por cateos ilegales y mil 300 por tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, lo cual es una muestra de que esto no sólo se ha incrementado, sino que se ha ido sosteniendo de manera terrible; por ello es que hay que prevenir para que esto no siga ocurriendo.
¿El Ejército debe seguir en las calles?
El Ejercito asumió una función que no le corresponde por la condición de emergencia en la que se encontraban los cuerpos policiales involucrados, infiltrados por la delincuencia organizada, pero también una función que debe ser temporal.
¿Las violaciones a los derechos humanos que comete el Ejército deben ser juzgadas en tribunales civiles?
Ahí está el gran tema que tiene el Senado de la República. Hay una iniciativa que envió el Ejecutivo al Senado para revisar el fuero militar y dejar en claro de quién será la competencia cuando se vea involucrado un civil en abusos por parte de militares. Yo esperaría que el Senado pueda tomar la mejor decisión y dé cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos sobre el caso Rosendo Radilla, en el que se establecen parámetros muy claros sobre los asuntos en los que deben intervenir la jurisdicción militar y la civil.
Sobre libertad de expresión, ¿quién comete más agresiones contra la prensa: autoridades o crimen organizado?
La competencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es sobre abusos cometidos por servidores públicos, pero han surgido nuevas formas de agresión contra periodistas. Hay 66 homicidios de periodistas registrados en los últimos 10 años; sumados a las 12 desapariciones forzadas, da un total de 78 casos extremos, en donde estamos tratando de determinar las responsabilidades, pero sobre todo buscando que la autoridad cumpla con el fin que le corresponde: investigar plenamente cada uno de estos asuntos y que no se le apueste, de ninguna manera, al olvido, ni a enviar al archivo ese tipo de asuntos. En lo que va del año, nueve periodistas han perdido la vida y (hay) cuatro denuncias de periodistas desaparecidos.
Suponiendo que sea el crimen organizado el autor de la mayor parte de las agresiones, ¿cuál es la responsabilidad del Estado?
Es investigar estos delitos y prevenir que se cometa cualquier tipo de agresión e intimidación en contra de los periodistas. Lo que hemos observado es que el margen de impunidad que existe es muy amplio, son casi nulos los avances. Cuando platico con los funcionarios federales, todos me manifiestan su mejor voluntad, pero de buenas voluntades está empedrado el camino al infierno. Yo creo que no sólo es cuestión de voluntades, sino que se requiere de acciones concretas. Hay un círculo perverso que hemos observado: cuando la autoridad estatal pretende que sea la autoridad federal la que se encargue de investigar, y la federal pretende lo mismo, así se envía el asunto de una competencia a otra y pasa el tiempo y la investigación se va empantanando.
¿Los defensores de derechos humanos están igual de vulnerables que los periodistas?
Lamentablemente, en los últimos años se han incrementado las denuncias de defensores civiles de derechos humanos. La defensa de los derechos humanos se ha convertido en un oficio incómodo para algunos.
En el actual contexto de violencia y de inseguridad, ¿no estamos todos expuestos a que se violen nuestros derechos humanos?
En un ambiente de violencia, de impunidad de 98%, de una escalada de violencia por parte de la delincuencia que no se logra contener por el Estado, sin duda todos quedamos en una condición de vulnerabilidad.
¿Cuáles son los riesgos de que haya una sociedad así?
Que el índice de víctimas se incremente, y si no se previenen la comisión de delitos y el uso extremo de la violencia por parte de los delincuentes, es evidente que la mayor parte de la población se puede ver afectada.
¿La ingobernabilidad no es otro riesgo que se corre?
Podría ser un peligro de ingobernabilidad ante la falta de acciones que permitan contener la escalada de violencia y el avance de los delincuentes a espacios que no les corresponden.
¿Hay ingobernabilidad en el país o en alguna región en particular?
Me parece que en algunos lugares del país hay peligro de ingobernabilidad, por eso la necesidad de que el Estado cumpla con la labor que le corresponde: brindar seguridad y hacer que se respete el marco jurídico.
Así lo expresó el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia, quien dice que en el transcurso de este año han registrado 900 denuncias por cateos ilegales y mil 300 por tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, lo que pone en evidencia que “esto no sólo se ha incrementado, sino que se ha ido sosteniendo de manera terrible”.
Afirma que no basta la buena voluntad expresada por el presidente Felipe Calderón, sino que hacen falta acciones concretas, y que esta política se expanda hacia sus colaboradores, pues aún hay servidores públicos renuentes a respetar los derechos humanos. En entrevista con EL UNIVERSAL, el ombudsman nacional comentó que el mandatario tiene una visión “parcial” o “acotada” de las cosas, al responsabilizar al crimen organizado de las violaciones a los derechos humanos que se cometen en el país.
¿El Estado está cumpliendo con su responsabilidad de garantizar el respeto y el pleno goce de los derechos humanos para sus ciudadanos?
Hay avances en el respeto a los derechos humanos, pero falta mucho camino por recorrer. Tenemos rezagos muy importantes que están pendientes en materia de salud, de educación y, sin duda, en materia de seguridad pública, que es uno de los temas más importantes y el que más preocupa a la sociedad. El problema de la inseguridad pública es un tema que no se ha logrado resolver, sino que se ha recrudecido en varias partes del país. Un ejemplo de ello son ciudades como Reynosa, Matamoros, Laredo, en Tamaulipas; Ciudad Juárez, en Chihuahua, y la zona de La Laguna, en Coahuila y Durango. Se ha degradado la condición de tranquilidad y de seguridad pública.
¿Cuáles son las principales fallas del Estado por las que no se han podido lograr mayores avances?
Me parece que, hablando de seguridad pública, la falta de coordinación entre los sujetos que están comprometidos con esta materia. Si no hay coordinación, colaboración, compromiso, alineación de esfuerzos para poder obtener los resultados esperados, y un análisis cualitativo que permita dejar muy en claro si se está avanzando o se están degradando las cosas, no se avanzará.
¿El presidente Felipe Calderón está cumpliendo con la parte de responsabilidad que le toca?
Me parece que él, como titular del Poder Ejecutivo, está llevando a cabo una función, pero esto debe demandar un compromiso de todos y debe de suponer no sólo la voluntad, sino también las acciones y la respuesta en cuanto al éxito o fracaso de algunas políticas públicas. En lo que se refiere a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, hemos tenido, en lo general, disposición de los colaboradores del Presidente a aceptar las recomendaciones, pero hemos tenido el caso de algunos que todavía se niegan a aceptar y a cumplir con las recomendaciones, como la Comisión Nacional del Agua, que no acepta una recomendación por el caso de un niño que murió al caer al río Santiago, en Jalisco, extremadamente contaminado. Todavía hay servidores públicos renuentes a respetar derechos humanos.
¿El Presidente tiene voluntad?
De lo que yo he platicado con él, sí; pero la voluntad debe traducirse en hechos concretos y, sobre todo, en un efecto hacia sus colaboradores. Si no tenemos servidores públicos capacitados y plenamente comprometidos con el respeto pleno a los derechos humanos, que no es otra cosa que respetar la Constitución y las leyes, entonces continuarán las violaciones a los derechos humanos. Por esa razón, en 2011 reforzaremos las acciones de prevención de violaciones a los derechos humanos y de capacitación para los servidores públicos.
El presidente Felipe Calderón ha reiterado que este clima de violencia y las violaciones a los derechos humanos tienen como fuente al crimen organizado, ¿está de acuerdo?
Sin duda que la delincuencia lastima de manera muy seria, pero es mucho más lamentable cuando un servidor público no cumple con su función. Observamos cómo los márgenes de impunidad se han ido incrementando hasta poco más allá de 98%. Si bien es cierto que el delito lastima a la víctima, a la sociedad le afecta mucho más la falta de cumplimiento del deber que le corresponde a los servidores públicos: prevenir los delitos, investigarlos cuando se presenten, detener a los responsables, llevarlos ante los jueces y aplicar las sanciones previstas en la ley.
¿Hay una percepción equivocada del Presidente cuando atribuye al crimen organizado las violaciones a los derechos humanos? ¿Aclárenos quiénes violan derechos humanos?
Sin duda que los delincuentes lo que hacen es cometer delitos, y quienes violan derechos humanos son sólo los servidores públicos, por lo que este asunto hay que verlo de manera integral.
¿Entonces el presidente Calderón está equivocado en su percepción?
Digamos que es una visión parcial o acotada de las cosas; esa es solamente una parte del panorama. Habría que complementar el otro, que es el que le compete a la CNDH: observar los abusos que cometen los servidores públicos y buscar, entre otras cosas, que el ideal de justicia se haga realidad y que no permanezca como hasta ahora, como un ideal tan inalcanzable.
¿El número de quejas presentadas por desaparición forzada se ha incrementado?
Se han incrementado las quejas por desaparición forzada, por cateos ilegales, detenciones arbitrarias, tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes.
¿Por qué si ésta ha sido una tendencia en los últimos 10 años, las autoridades no han hecho nada para revertirla?
Esta dinámica de lucha frontal contra la delincuencia, ejerciendo violencia para tratar de contener la violencia, olvidándonos de que era más adecuada la prevención de los delitos y el actuar acorde a la ley, es algo que se vino adelgazando en los últimos años. Vemos un incremento de este tipo de quejas y un resurgimiento de fenómenos que parecían ya superados o iban hacia una clara desaparición. En el transcurso de este año hemos tenido 900 denuncias por cateos ilegales y mil 300 por tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, lo cual es una muestra de que esto no sólo se ha incrementado, sino que se ha ido sosteniendo de manera terrible; por ello es que hay que prevenir para que esto no siga ocurriendo.
¿El Ejército debe seguir en las calles?
El Ejercito asumió una función que no le corresponde por la condición de emergencia en la que se encontraban los cuerpos policiales involucrados, infiltrados por la delincuencia organizada, pero también una función que debe ser temporal.
¿Las violaciones a los derechos humanos que comete el Ejército deben ser juzgadas en tribunales civiles?
Ahí está el gran tema que tiene el Senado de la República. Hay una iniciativa que envió el Ejecutivo al Senado para revisar el fuero militar y dejar en claro de quién será la competencia cuando se vea involucrado un civil en abusos por parte de militares. Yo esperaría que el Senado pueda tomar la mejor decisión y dé cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos sobre el caso Rosendo Radilla, en el que se establecen parámetros muy claros sobre los asuntos en los que deben intervenir la jurisdicción militar y la civil.
Sobre libertad de expresión, ¿quién comete más agresiones contra la prensa: autoridades o crimen organizado?
La competencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es sobre abusos cometidos por servidores públicos, pero han surgido nuevas formas de agresión contra periodistas. Hay 66 homicidios de periodistas registrados en los últimos 10 años; sumados a las 12 desapariciones forzadas, da un total de 78 casos extremos, en donde estamos tratando de determinar las responsabilidades, pero sobre todo buscando que la autoridad cumpla con el fin que le corresponde: investigar plenamente cada uno de estos asuntos y que no se le apueste, de ninguna manera, al olvido, ni a enviar al archivo ese tipo de asuntos. En lo que va del año, nueve periodistas han perdido la vida y (hay) cuatro denuncias de periodistas desaparecidos.
Suponiendo que sea el crimen organizado el autor de la mayor parte de las agresiones, ¿cuál es la responsabilidad del Estado?
Es investigar estos delitos y prevenir que se cometa cualquier tipo de agresión e intimidación en contra de los periodistas. Lo que hemos observado es que el margen de impunidad que existe es muy amplio, son casi nulos los avances. Cuando platico con los funcionarios federales, todos me manifiestan su mejor voluntad, pero de buenas voluntades está empedrado el camino al infierno. Yo creo que no sólo es cuestión de voluntades, sino que se requiere de acciones concretas. Hay un círculo perverso que hemos observado: cuando la autoridad estatal pretende que sea la autoridad federal la que se encargue de investigar, y la federal pretende lo mismo, así se envía el asunto de una competencia a otra y pasa el tiempo y la investigación se va empantanando.
¿Los defensores de derechos humanos están igual de vulnerables que los periodistas?
Lamentablemente, en los últimos años se han incrementado las denuncias de defensores civiles de derechos humanos. La defensa de los derechos humanos se ha convertido en un oficio incómodo para algunos.
En el actual contexto de violencia y de inseguridad, ¿no estamos todos expuestos a que se violen nuestros derechos humanos?
En un ambiente de violencia, de impunidad de 98%, de una escalada de violencia por parte de la delincuencia que no se logra contener por el Estado, sin duda todos quedamos en una condición de vulnerabilidad.
¿Cuáles son los riesgos de que haya una sociedad así?
Que el índice de víctimas se incremente, y si no se previenen la comisión de delitos y el uso extremo de la violencia por parte de los delincuentes, es evidente que la mayor parte de la población se puede ver afectada.
¿La ingobernabilidad no es otro riesgo que se corre?
Podría ser un peligro de ingobernabilidad ante la falta de acciones que permitan contener la escalada de violencia y el avance de los delincuentes a espacios que no les corresponden.
¿Hay ingobernabilidad en el país o en alguna región en particular?
Me parece que en algunos lugares del país hay peligro de ingobernabilidad, por eso la necesidad de que el Estado cumpla con la labor que le corresponde: brindar seguridad y hacer que se respete el marco jurídico.
Liliana ALcántara, EL Universal, 10 de diciembre.
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