Diputados revisarán reformas al Código Penal

Las bancadas del PRI, PAN y PRD en la Cámara de Diputados aseguraron que revisarán a fondo la propuesta para darle facultades de investigación a la Policía, las cuales son exclusivas del Ministerio Público. Incluso, algunos de los legisladores aseguraron que podría crearse un esquema de coordinación en lugar de suplencias. Los diputados Arturo Zamora (PRI), y Camilo Ramírez (PAN), señalaron que el cambio de esquema es indispensable para satisfacer la demanda de justicia de la sociedad mexicana, que sigue procedimientos vigentes desde 1934. El Código Federal de Procedimientos Penales que ha sido propuesto al Congreso de la Unión y que fue enviado por el Ejecutivo federal a la Cámara de Diputados el pasado jueves 22, plasma en el nivel de ordenamiento legal, los preceptos de la reforma constitucional en materia de Justicia de 2008. Señalaron que es perfectamente posible que se planteen facultades para la Policía en la función de investigación, pero bajo la conducción y el mando del Ministerio Público. El PT se opone a dar atribuciones En contra de ese manejo de funciones, Jaime Cárdenas, del PT, subrayó que en el planteamiento se otorgan atribuciones a las corporaciones de seguridad pública propias de un Estado policiaco. La presentación del Código Federal de Procedimientos Penales ocurre en un periodo de combate al crimen organizado que casi cumple cinco años, tiempo en el que se ha agregado un debate en el Congreso de la Unión sobre la estrategia del gobierno por la seguridad pública y sobre reformas al marco constitucional para que las Fuerzas Armadas participen en operativos en los que se acumulan quejas sobre violaciones a derechos humanos y la muerte de civiles inocentes. El Ejecutivo federal plantea que en el nuevo Código se establezca una delimitación precisa de las facultades entre el Ministerio Público y la policía en la investigación de los delitos, “partiendo de que la reforma constitucional de 2008 establece que dicha función corresponde a ambas instancias, en donde la policía podrá realizar formalmente labores de investigación, siempre bajo la conducción y mando del Ministerio Público”. Mayor libertad para investigar Se trata, argumentó el Ejecutivo, de un esquema en el que la Policía desarrolle con mayor libertad la investigación de un delito y en ello tendrá la obligación de reportar al Ministerio Público. Indica que “no será necesaria la autorización del Ministerio Público para realizar las diligencias iniciales de la investigación, pero el representante social podrá intervenir cuando lo considere necesario”. También “se propone que el Ministerio Público ejecute la orden de aprehensión por conducto de la policía”, la cual no requerirá autorización judicial para llevar a cabo la inspección en el lugar de los hechos, en lugar distinto al de los hechos o del hallazgo, la revisión de personas y la revisión corporal, así como la inspección de vehículos. Tampoco se requerirá de la autorización previa de un juez para que la policía lleve a cabo el levantamiento e identificación de cadáver, la aportación de comunicaciones entre particulares, el reconocimiento de personas, así como la entrevista de testigos. “Se introduce la posibilidad de grabar con audio o video y otros medios tecnológicos para dejar constancia y probanza de hechos, como es el caso, ejemplificó la iniciativa, de la inspección vehicular en donde se faculta a grabar por medio de video dicha diligencia”. Para la persecución de la delincuencia organizada “se regula la técnica de investigación de operaciones encubiertas” bajo la autorización del procurador general de la República o el servidor público en el que delegue dicha facultad. En complemento se requiere autorización judicial para las exhumaciones de cadáveres, órdenes de cateo, intervención de comunicaciones privadas y de correspondencia, la toma de muestra de fluidos corporales, vellos o pelos y fibras, y extracción de sangre. Arturo Zamora, del PRI, comentó que a la revisión inicial de la iniciativa “no tenemos hasta el momento ninguna objeción”, y Camilo Ramírez, del PAN, afirmó que la propuesta del Ejecutivo federal presenta una alternativa viable y constitucional ante un esquema caduco. En tanto, el secretario de Gobernación (Segob), José Francisco Blake Mora, hizo un llamado al Congreso de la Unión para aprobar la iniciativa presidencial, pues entre sus bondades se encuentra mayor reconocimiento de los derechos de las víctimas y el garantizar el debido proceso de los presuntos imputados en delitos. Juan Arvizu, El Universal, 24 de septiembre.