Exige el PRI al GDF garantías de seguridad para sus candidatos

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) del DF anunció que denunciará ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) los presuntos actos de violencia contra sus candidatos, así como los abusos de autoridad perpetuados aparentemente por el gobierno capitalino y algunas delegaciones.

El presidente del tricolor en la capital del país exigió también al jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, mantenerse al margen de la contienda electoral, así como imparcialidad en el proceso.

“[Exigimos] que el gobierno central y las autoridades delegacionales de la ciudad respeten la Ley y que asuman la veda electoral establecida en el Código Electoral y demás normas”, sentenció.

En su oportunidad, la candidata del tricolor a la jefatura de Gobierno, Beatriz Paredes Rangel, exigió a las autoridades locales garantizar la seguridad de los candidatos del PRI.

“Me parece que estas muestras de autoritarismo no deben permitirse en la ciudad de México y llamamos a todas las fuerzas políticas a que honren sus expresiones públicas de que son demócratas con actitudes verdaderamente democráticas”, expresó.

Pero fue más allá al publicar en su cuenta de Twitter: “exigimos a Marcelo Ebrard mayores condiciones de equidad en el presente proceso electoral. Exigimos que cesen las intervenciones del GDF”.

A través de un comunicado, el líder priista, Carlos Chaudón Aceves sentenció que las expresiones de violencia han sido generadas por la participación y activísimo electoral de Marcelo Ebrard.

Incluso, ejemplificó casos en las delegaciones Venustiano Carranza, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Coyoacán, Iztapalapa, Milpa Alta, Magdalena Contreras y Azcapotzalco, “donde han participado autoridades delegacionales que en algunos casos van acompañados de golpeadores de la fuerza pública y perros entrenados”.

En ese contexto, el PRI-DF exigió detener de forma inmediata las agresiones que impiden la realización de las actividades de campaña de los candidatos, aplicar la ley hasta sus últimas consecuencias contra funcionarios y agresores que impidan actos de campaña e inciten a la violencia, así como otorgar las condiciones de equidad y garantías por parte del gobierno local.


Ruth Barrios Fuentes, La Crónica, 23 de mayo.