Para hacer 'justo' al sistema de justicia

Oralidad para promover apertura, transparencia y rendición de cuentas son los pilares señalados por los tres candidatos. Mejor selección de personal profesional y ético y la utilización de técnicas modernas de investigación son otros ingredientes clave. Para retomar el control de los penales: separación de reos y mayores recursos para la rehabilitación. Éstas son algunas de las propuestas para romper el círculo vicioso de la injusticia.

 
 
 
NUEVE DE 12: JUSTICIA
 
 
ENRIQUE PEÑA NIETO
 
¿Cuáles son los principales problemas del sistema de justicia y cómo corregirlos?

· El principal problema de nuestro sistema de justicia es que no satisface las demandas de justicia de las víctimas, fomentando la no-denuncia y con ello, la impunidad.

Es necesario reformar el sistema penal para implementar, en todo el país, el sistema de juicios orales y disminuir el uso de la prisión preventiva, concentrándonos en aquellos delitos que realmente atentan contra la sociedad mexicana y sus valores.

Aún así, la prisión será indispensable en muchos casos, por lo cual urge reformar el sistema penitenciario para cumplir el mandato constitucional de reinserción social y evitar que las prisiones sean escuelas del crimen.

 
 
Juicios públicos, orales y de oposición: ¿qué piensa?

· Indispensables. Debemos implementarlos al 100% a nivel federal y hacerlo a la brevedad, conforme lo establece la reforma penal de 2008.

 
 
La tasa de impunidad en México es de las más altas del mundo. ¿Cómo resolverlo?

· Dando resultados. La población tiene que ver que una denuncia sí se reflejará en la persecución y castigo del delincuente al que denuncia. Tiene que ver que el tiempo que dedicará a presentar una denuncia, sí vale la pena. Pero también se tiene que facilitar la denuncia y evitar que la víctima de un delincuente sea nuevamente víctima de autoridades corruptas o indiferentes.

 
 
¿Cómo puede el Estado retomar el control de los penales?

· Para modernizar el sistema penitenciario, hacer efectivo el respeto a los derechos humanos de los internos y cumplir con el mandato constitucional de la reinserción social, se requiere de varias acciones:
1.- Acelerar la implementación de la reforma constitucional en materia de justicia penal, que privilegia los mecanismos alternos de solución de conflictos y disminuye la prisión preventiva, despresurizando los penales.

2.- Así mismo, para quienes ya estén en la cárcel, se deben aplicar medidas modernas, como el uso de brazaletes electrónicos.

3.- Completar la separación de reos federales de los reos del fuero común, para evitar que las prisiones se conviertan en escuelas del crimen.

4.- Implementar un programa con mejores prácticas de rehabilitación, que permita conmutar ciertas penas por trabajo comunitario, y que los presos puedan desempeñar trabajos voluntarios, aprender oficios, terminar sus estudios o practicar algún deporte.

5.- Establecer procesos homogéneos de operación en todos los penales estatales y elevar los lineamientos de seguridad, sanidad y calidad de las instalaciones.

6.- Elaborar un diagnóstico sensato sobre el sistema penitenciario, que nos permita evaluar el cierre o reubicación de centros de reclusión que por antigüedad estén obsoletos o se localicen en áreas densamente pobladas.

 
 
Jueces copados y/o coludidos con el crimen. ¿Qué hacer?

· En cuanto al corto plazo, es indispensable que haya voluntad política para combatir frontalmente la corrupción.

Yo confió que la mayoría de jueces es honorable y se conduce conforme a la Ley.

Confío también que el Poder Judicial -en particular el Conejo de la Judicatura Federal- está tomando cartas en el asunto y lo atenderá, con oportunidad y sensibilidad.

Es fundamental que los tres Poderes impulsen el Estado de Derecho trabajando de manera conjunta en lugar de hacer recriminaciones o acusaciones sin pruebas.

 
 
 
JOSEFINA VÁZQUEZ MOTA
 
¿Cuáles son los principales problemas del sistema de justicia y cómo corregirlos?

· El sistema de justicia escrita hace los procesos más largos e impide que la población sepa cómo y por qué los jueces toman sus decisiones. Los juicios no son personales, pues los jueces se enfrentan con papeles y no con los implicados.

Con la reforma al Sistema de Justicia Penal se ha buscado acercar la justicia a los ciudadanos; el sistema acusatorio de juicios orales promueve la rendición de cuentas de los jueces y de los ministerios públicos; pero hace falta un mayor esfuerzo y propuestas concisas para tener un sistema de justicia eficiente y eficaz.

Como ya señalé, crearé la figura del Fiscal Anticorrupción, para que persiga este delito y demos certeza a los ciudadanos de que ningún funcionario público es cómplice y recibe dinero o favores de los criminales. Para reforzar la actividad de los jueces, apoyaré, con estricto respeto a su autonomía, la formación, profesionalización y certificación de los jueces de control, de oralidad y de ejecución de sentencias.

La profesionalización del ministerio público (tanto federal como de los estados) es fundamental para garantizar una justa, pronta y expedita procuración y administración de justicia. Por ello, reforzaré y depuraré los ministerios públicos.

Hoy en día cada código penal tipifica y castiga de manera distinta los delitos que se cometen en el país. Esto genera lagunas que permiten a los delincuentes escapar de la acción de la justicia. En este marco, promoveré la homologación de los códigos penales en todos los niveles de gobierno, para cerrar las lagunas que permiten a los delincuentes alcanzar la libertad.

 
 
Juicios públicos, orales y de oposición: ¿qué piensa?

· En los juicios orales está la transparencia que necesitamos, ahí está la base de un sistema de justicia honesto y eficiente y de una sociedad como la que queremos en nuestro hogar que es México. Los juicios orales son el cimiento para acercar la justicia a los ciudadanos, porque promueven la rendición de cuentas de los jueces y de los ministerios públicos. En los presupuestos que enviaré al Congreso de la Unión incluiré siempre una propuesta ambiciosa para acelerar la implementación del sistema de justicia penal acusatorio.

 
 
La tasa de impunidad en México es de las más altas del mundo. ¿Cómo resolverlo?

· El sistema de justicia requiere transformarse y modernizarse para que no exista impunidad y se dé una solución de justicia a los criminales.

Se necesitan mejores ministerios públicos y mejores peritos, así como una policía investigadora ministerial. A su vez, impulsaré la homologación de los códigos penales en todos los niveles de gobierno para acabar con las lagunas que permiten a los delincuentes alcanzar la libertad. Asimismo, con el fin de reforzar la actividad de los jueces, brindaré los apoyos para la formación, profesionalización y certificación de los jueces de control, de oralidad y de ejecución de sentencias.

 
 
¿Cómo puede el Estado retomar el control de los penales?

· Trabajaré para hacer valer el imperio de la ley. Voy a asegurar recursos presupuestales suficientes para la adecuada implementación de la Reforma de Justicia y Seguridad Pública. Es de la mayor urgencia acelerar la disponibilidad de infraestructura para el nuevo sistema de justicia penal.

Desafortunadamente los centros penitenciarios suelen ser sitios de poder y autogobierno impenetrables, donde no se resocializa. Yo me comprometo a recuperar el control territorial donde nunca se debe perder, que es en los penales, a acabar con esta situación inaceptable y asegurar que existan más penales de alta seguridad.

 
 
Jueces copados y/o coludidos con el crimen. ¿Qué hacer?

· Creo firmemente, como ya lo dije, que el sistema acusatorio de juicios orales propicia la rendición de cuentas de los jueces y de los ministerios públicos. Esta transformación contribuirá a atajar este problema. Además, para atacar firmemente este problema, contribuiré a mejorar las capacidades institucionales de los actores del sistema de justicia penal y crearé la Comisión Interinstitucional para el monitoreo y evaluación del sistema de justicia penal.

 
 
 
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR
 
¿Cuáles son los principales problemas del sistema de justicia y cómo corregirlos?

· El principal problema se encuentra fuera de los sistemas de procuración y administración de justicia. Está en las causas que producen la inseguridad y la violencia, que son la pobreza extrema, la falta de oportunidades para millones de jóvenes que no tienen acceso ni a trabajo ni a educación y que se rebelan en contra de las reglas de conducta que les exige una sociedad que nada les da a cambio.

En la procuración de justicia federal hay una incongruencia en la línea política adoptada. La PGR es la institución que tiene la misión constitucional de perseguir los delitos, investigar y buscar a los autores de los mismos para ponerlos en manos de los jueces, pero ha quedado relegada y desplazada por el concepto "guerra contra la delincuencia organizada".

Esta estrategia ha provocado una escalada de violencia y sometido a las fuerzas armadas a un desgaste y a roces frecuentes con la población, al encomendarles funciones que no les corresponden. La imagen de la Secretaría de la Defensa y la de Marina, se ha visto comprometida.

Proponemos cambiar la actual política de seguridad por una "procuración de justicia con sentido humano" y por un concepto de seguridad ciudadana.

Es necesario revisar la distribución de los recursos federales destinados a la seguridad. Durante los últimos seis años, el presupuesto asignado a la PGR no se ha incrementado, mientras que los de la policía federal y las fuerzas armadas han aumentado cada año, sin que con ello sea palpable la disminución de la violencia ni el abatimiento de la delincuencia organizada.

Equilibrar presupuestos y dotar a la PGR y a su policía investigadora de más y mejores recursos es fundamental para corregir el sentido de la procuración de justicia. Hay que crear mecanismos eficaces para sancionar a ministerios públicos y jueces que contravengan su función pública.

 
 
Juicios públicos, orales y de oposición: ¿qué piensa?

· En 2008 se aprobaron las reformas constitucionales que transformaron el derecho procesal penal mexicano. Nuestra propuesta en materia de procuración de justicia no desconoce esta reforma, a pesar de que en una parte importante su entrada en vigor ha sido pospuesta.

La verdad es que se requería más que una reforma, la modificación de las prácticas viciosas que desconocen lo establecido en la norma. Las modificaciones constitucionales se aprobaron y entrarán en vigor, en sus aspectos procesales más destacados, a más tardar en 2016.

Ante esta realidad de los juicios orales, la PGR, tomará medidas para capacitar y preparar debidamente al personal a su cargo. Las materias en las que el personal de la Institución tendrá que entrenarse son la argumentación jurídica, la expresión oral y la valoración y presentación de pruebas.

Una meta prioritaria de la PGR en este renglón será capacitar y adiestrar a los agentes del Ministerio Público, a la policía de investigación y a los peritos o policía científica, en un término relativamente corto.

Se incluirán en la capacitación para todo el personal, sustantivo y de apoyo, los Derechos Humanos y la Ética Policíaca, así como un adiestramiento permanente para que en su trabajo, todos: acusados, víctimas y testigos, sean tratados con respeto a sus derechos y a su dignidad.

Junto con materias como derecho penal, manejo de armas, defensa personal y criminología, se impartirán cursos de historia nacional, historia regional, y lectura e interpretación de textos.

 
 
La tasa de impunidad en México es de las más altas del mundo. ¿Cómo resolverlo?

· En cuanto al fondo del problema, se cuidará que no haya corrupción en las altas esferas del poder público, si no hay autoridad moral arriba, no se puede exigir honradez y eficacia abajo. La arbitrariedad y la corrupción arriba, propician la impunidad generalizada; por ello, elegir con cuidado a quienes estarán al frente de áreas fundamentales de la administración pública relacionadas con el cumplimiento de la ley es fundamental.

La Procuraduría, la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Seguridad, se integrarán con personal que haya demostrado trayectoria apegada a principios y a la ética.

Deberá reforzarse al máximo la aplicación de la tecnología moderna en contra del crimen. Es fundamental contar con bases de datos completas y de consulta rápida, para encontrar pistas y dar con los autores de los delitos. Las bases principales son las de huellas dactilares, de balística, de registro de armas, de vehículos, de datos físicos de personas, fotografías, retratos hablados, ADN, etcétera.

En esta materia habrá una amplia colaboración y comunicación inmediata entre las áreas del poder público federales y locales encargadas de investigar delitos y perseguir delincuentes. Especialmente se propondrán reuniones periódicas de especialistas en materia de secuestro, de delincuencia organizada y de lavado de dinero.

Son fundamentales los servicios de inteligencia policíaca y financiera que deberán contar con tecnología moderna y efectiva, enfocada a descubrir delitos y pruebas y no para espionaje de políticos, defensores de derechos humanos o ciudadanos sin ligas con la delincuencia.

 
 
¿Cómo puede el Estado retomar el control de los penales?

· Deberá distinguirse entre penales federales y locales e identificar diferencias entre los reclusorios en los que se ha perdido totalmente el control y otros como los del Distrito Federal, en los que el deterioro es mínimo.

Para lograr un control eficaz y total de los centros de reclusión, el punto de partida será implementar programas encaminados a dar cumplimiento estricto a la disposición constitucional contenida en el artículo 18, que establece como finalidad de la reclusión la readaptación social del delincuente.

Cumplir cabalmente con esta disposición y desterrar la idea de que las penas son formas de venganza colectiva en contra de los delincuentes, será la guía de las prisiones. Se buscará con esto rescatar la dignidad de reos y custodios.

Un punto fundamental es evitar que el tráfico de drogas dentro de los penales que es el medio de control de las bandas sobre la población penitenciaria. La misma regla que se dio al responder la pregunta sobre la impunidad, se propone para los reclusorios; si hay en los cargos de dirección personal capacitado y de buena conducta, que no se asocie con la delincuencia, habrá autoridad moral para imponer orden y trato adecuado a los reclusos.

Se implementarán políticas para racionalizar las penas, que deben ser proporcionales al daño social causado y no formas de satisfacer el espíritu de venganza. Es indispensable para mantener el orden interno que los reos sepan que su pena tendrá un limite temporal alcanzable una vez satisfecha su responsabilidad con la sociedad. Para su liberación se propone una institución que les brinde albergue temporal, capacitación laboral y apoyo para su reincorporación a la vida libre.

 
 
Jueces copados y/o coludidos con el crimen. ¿Qué hacer?

· La selección de jueces federales corresponde al Consejo de la Judicatura, con excepción de los ministros de la Suprema Corte, que son designados mediante ternas propuestas por el Presidente de la República al Senado; si el Senado no resuelve, en un plazo de treinta días o no aprueba una terna, el presidente hará la designación.

A reserva de buscar un mecanismo mejor para que los ministros de la Corte no sean deudores de quien los nombra, se acabará con la práctica de cuotas partidistas y negociaciones para las propuestas, que se llevarán a cabo consultando con la ciudadanía en general, con los mismos jueces y con los colegios de abogados, para proponer a quienes garanticen rectitud y vocación de servicio a la justicia.

Una Suprema Corte independiente y Ministros no comprometidos con grupos políticos o económicos, será el primer paso para un poder judicial plenamente independiente, preparado para defenderse mejor de compromisos con la delincuencia y sus abogados.

El control patrimonial de los jueces será un termómetro para detectar si han caído en prácticas de corrupción. Corresponde en principio al Consejo de la Judicatura, pero el Ejecutivo debe estar atento para iniciar averiguaciones previas, cuando se tengan datos de conducta ilícita de los jueces.

Simultáneamente se atenderá la seguridad de aquellos que tengan que resolver casos relacionados con delincuentes poderosos y que signifiquen un peligro para sus juzgadores. Su seguridad estará a cargo de la Policía Federal y, en caso necesario y temporalmente, de las fuerzas armadas.

Para casos extremos y haciendo un análisis cuidadoso, se estudiará la posibilidad de proponer al Congreso el sistema de jueces sin rostro o anónimos, para aquellos juicios en que se deba procesar a delincuentes de mafias o bandas que representen una amenaza para los impartidores de justicia.

 
NOTA: Las respuestas de cada candidato se publican íntegras y tal como fueron entregadas a Grupo Reforma. El único requisito del ejercicio fue que la longitud de cada respuesta fuera de un máximo de 1,900 caracteres.


Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador y Josefina Vázquez Mota, Reforma, 22 de mayo.