Ixtapan de la Sal, Méx., 20 de agosto. La presidenta nacional del PRI, Beatriz Paredes Rangel, exigió al gobierno federal terminar con el aliento al falso debate en materia de inseguridad y lo conminó a no ser “incompetente”, porque el combate a la delincuencia “es un problema de eficacia”.
El reclamo y la crítica a la administración calderonista fue constante en la 11 reunión plenaria del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados. Ahí, el coordinador de los legisladores priístas, Emilio Gamboa Patrón, abordó los temas de la inseguridad y la incapacidad de las autoridades para enfrentarla; el rechazo al incremento de facto en materia de impuestos y la advertencia de no colaborar con el gobierno en materia presupuestaria si éste insiste en utilizar los recursos públicos para beneficiar al PAN en el ámbito electoral.
También el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, se refirió a las descalificaciones emitidas desde el gobierno federal al quehacer legislativo: “cuando se es ineficaz en el combate a la inseguridad, cuando las medidas tomadas han sido insuficientes, entonces se busca encontrar culpables en otros lados. Es verdaderamente lamentable que de la seguridad pública se quieran tomar banderas pretendiendo con ello sacar raja política”.
El líder de los diputados priístas en San Lázaro sentenció: “México vive bajo la zozobra. El país se encuentra en un estado de emergencia por quienes lucran con la impunidad. A todos nos preocupa la estrategia ineficaz para combatir el crimen organizado, que el gobierno no ha podido corregir”.
Para Gamboa, la tarea del Poder Legislativo abona al combate contra la delincuencia y en breve elaborará leyes secundarias para proveer herramientas jurídicas al Ejecutivo. Aun así, mantuvo la crítica contra las acciones del gobierno federal y afirmó que cualquier plan o programa anticrimen fracasará si no se asumen actividades concretas.
“No podemos dejar de reconocer que la seguridad es un problema de todos. Sin embargo, el gobierno debe asumir las consecuencias de una política de seguridad pública descuidada y a todas luces rebasada. Descuidada desde el momento que no aplica eficazmente las herramientas que el Legislativo aprueba para combatir a los delincuentes. Antes que cualquier plan, el gobierno debe garantizar la seguridad y protección de todos los mexicanos.
“A la sociedad no le interesan los dichos… que no se engañe a los mexicanos, los ordenamientos jurídicos no detienen criminales; las órdenes judiciales y las policías sí. La reunión del Consejo Nacional de Seguridad a celebrarse mañana sí debe repartir tareas. Si no se ponen de acuerdo sobre la gravedad de la violencia que vive el país y no se comprometen o proceden a actos concretos, la reunión fracasará.”
Al respecto, Paredes Rangel refirió que su partido ha exigido pleno respeto a la soberanía del Poder Legislativo, por eso, “desde el PRI demandamos que no se pretendan hacer análisis simplistas y descalificarlo; no son precisamente los instrumentos jurídicos la solución de fondo para lo que es una política de Estado, que debe ser eficaz, firme, sin titubeos y experimentada”. Señaló que el Congreso aprobó reformas judiciales con actitud de responsabilidad con el país y ahora corresponde a las autoridades “no ser incompetentes, es un problema de eficacia. No permitiremos que se distraiga con falsos debates lo que es una preocupación que afecta a todo el país”.
No a nuevos impuestos
El debate entre priístas logró unanimidad cuando se trató el tema del subejercicio del gasto programado y la presunción de que esos recursos son utilizados por la administración federal y su partido, el PAN, con la finalidad de ganar clientela política.
Gamboa Patrón criticó la forma en que el gobierno federal aplica los recursos públicos: “fuera de nuestro alcance, por desgracia, se encuentra la aplicación del gasto federal; ha sido un rotundo fracaso. El subejercicio presupuestal es el cáncer del gasto federal. El funcionario público debe tener creatividad y visión para que los programas sociales se apliquen en tiempo y forma.”
Ante la opacidad denunciada por sus compañeros en la plenaria, insistió en el uso electoral que el gobierno federal le daría al gasto público: “en razón de eso, el PRI rechazará aprobar nuevos impuestos para 2009. Los presupuestos ordenados y orientados a generar mayor justicia social, por trabas burocráticas y consignas políticas, hunden al país en mayor pobreza y desigualdad.
“La postura firme y generalizada del grupo parlamentario del PRI para el presupuesto de egresos 2009 es: no negociaremos política o recurso alguno si no se aclaran o liberan los subejercicios de 2008. Seremos profundamente realistas con la estimación del precio del barril de petróleo. Sin embargo, de encontrar cerrazón por parte del gobierno federal, desde la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria modificaremos el destino de los excedentes petroleros.
“Este presupuesto es muy importante, estoy seguro que nuestros adversarios echarán mano de todos los recursos a su alcance para usarlos electoralmente. Por eso tenemos que ponerle diques, controles férreos, mayores instrumentos de fiscalización, para evitar el uso abusivo y el lucro político de los programas públicos, especialmente los sociales y los destinados al campo, sin afectar el ejercicio eficiente del gasto.”
El reclamo y la crítica a la administración calderonista fue constante en la 11 reunión plenaria del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados. Ahí, el coordinador de los legisladores priístas, Emilio Gamboa Patrón, abordó los temas de la inseguridad y la incapacidad de las autoridades para enfrentarla; el rechazo al incremento de facto en materia de impuestos y la advertencia de no colaborar con el gobierno en materia presupuestaria si éste insiste en utilizar los recursos públicos para beneficiar al PAN en el ámbito electoral.
También el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, se refirió a las descalificaciones emitidas desde el gobierno federal al quehacer legislativo: “cuando se es ineficaz en el combate a la inseguridad, cuando las medidas tomadas han sido insuficientes, entonces se busca encontrar culpables en otros lados. Es verdaderamente lamentable que de la seguridad pública se quieran tomar banderas pretendiendo con ello sacar raja política”.
El líder de los diputados priístas en San Lázaro sentenció: “México vive bajo la zozobra. El país se encuentra en un estado de emergencia por quienes lucran con la impunidad. A todos nos preocupa la estrategia ineficaz para combatir el crimen organizado, que el gobierno no ha podido corregir”.
Para Gamboa, la tarea del Poder Legislativo abona al combate contra la delincuencia y en breve elaborará leyes secundarias para proveer herramientas jurídicas al Ejecutivo. Aun así, mantuvo la crítica contra las acciones del gobierno federal y afirmó que cualquier plan o programa anticrimen fracasará si no se asumen actividades concretas.
“No podemos dejar de reconocer que la seguridad es un problema de todos. Sin embargo, el gobierno debe asumir las consecuencias de una política de seguridad pública descuidada y a todas luces rebasada. Descuidada desde el momento que no aplica eficazmente las herramientas que el Legislativo aprueba para combatir a los delincuentes. Antes que cualquier plan, el gobierno debe garantizar la seguridad y protección de todos los mexicanos.
“A la sociedad no le interesan los dichos… que no se engañe a los mexicanos, los ordenamientos jurídicos no detienen criminales; las órdenes judiciales y las policías sí. La reunión del Consejo Nacional de Seguridad a celebrarse mañana sí debe repartir tareas. Si no se ponen de acuerdo sobre la gravedad de la violencia que vive el país y no se comprometen o proceden a actos concretos, la reunión fracasará.”
Al respecto, Paredes Rangel refirió que su partido ha exigido pleno respeto a la soberanía del Poder Legislativo, por eso, “desde el PRI demandamos que no se pretendan hacer análisis simplistas y descalificarlo; no son precisamente los instrumentos jurídicos la solución de fondo para lo que es una política de Estado, que debe ser eficaz, firme, sin titubeos y experimentada”. Señaló que el Congreso aprobó reformas judiciales con actitud de responsabilidad con el país y ahora corresponde a las autoridades “no ser incompetentes, es un problema de eficacia. No permitiremos que se distraiga con falsos debates lo que es una preocupación que afecta a todo el país”.
No a nuevos impuestos
El debate entre priístas logró unanimidad cuando se trató el tema del subejercicio del gasto programado y la presunción de que esos recursos son utilizados por la administración federal y su partido, el PAN, con la finalidad de ganar clientela política.
Gamboa Patrón criticó la forma en que el gobierno federal aplica los recursos públicos: “fuera de nuestro alcance, por desgracia, se encuentra la aplicación del gasto federal; ha sido un rotundo fracaso. El subejercicio presupuestal es el cáncer del gasto federal. El funcionario público debe tener creatividad y visión para que los programas sociales se apliquen en tiempo y forma.”
Ante la opacidad denunciada por sus compañeros en la plenaria, insistió en el uso electoral que el gobierno federal le daría al gasto público: “en razón de eso, el PRI rechazará aprobar nuevos impuestos para 2009. Los presupuestos ordenados y orientados a generar mayor justicia social, por trabas burocráticas y consignas políticas, hunden al país en mayor pobreza y desigualdad.
“La postura firme y generalizada del grupo parlamentario del PRI para el presupuesto de egresos 2009 es: no negociaremos política o recurso alguno si no se aclaran o liberan los subejercicios de 2008. Seremos profundamente realistas con la estimación del precio del barril de petróleo. Sin embargo, de encontrar cerrazón por parte del gobierno federal, desde la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria modificaremos el destino de los excedentes petroleros.
“Este presupuesto es muy importante, estoy seguro que nuestros adversarios echarán mano de todos los recursos a su alcance para usarlos electoralmente. Por eso tenemos que ponerle diques, controles férreos, mayores instrumentos de fiscalización, para evitar el uso abusivo y el lucro político de los programas públicos, especialmente los sociales y los destinados al campo, sin afectar el ejercicio eficiente del gasto.”
Roberto Garduño, La Jornada, 21 de agosto.
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