En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas y ante la controversia generada por la posible aprobación de una ley que no contempla las expresiones de sus integrantes, organizaciones indígenas se pronunciaron por el reconocimiento y respeto de derechos de las comunidades radicadas en el Distrito Federal.
En el Club de Periodistas, la Alianza de Pueblos y Organizaciones Oaxaqueñas por la Guelaguetza y la Diversidad Cultural, y la Asamblea de Migrantes Indígenas de la Ciudad de México, se reunieron ayer para celebrar el día instituido por Naciones Unidas en 1994. “Se trata de hacer una festividad propia, no institucional”, comentó Eduardo Martínez, joven purépecha miembro de una de las agrupaciones organizadoras participantes.
Explicó que el evento fue aprovechado para expresar su posicionamiento con respecto a la normatividad que se pretende aprobar en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en materia de indígenas, la cual, a su consideración, no fue consultada entre las comunidades y pretende cerrar la participación de éstas a un sí o no.
Para él, como para la presidenta del Consejo de Pueblos y Barrios Originarios del Distrito Federal, Adriana Poblano, las iniciativas que promueven los diputados Benito Antonio León, Sergio Ávila y Carlos Hernández no consideran la opinión de todos los involucrados en ellas, además de que presenta diversas inconsistencias y confusiones.
Por lo que las comunidades indígenas demandan que para legislar al respecto se realice una consulta “que tome en cuenta sus agendas políticas”, afirmó en entrevista Eduardo Martínez.
La consulta debe ser por medio de las formas tradicionales de los grupos indígenas, a través de asambleas comunitarias, donde se expresen las necesidades reales; de buena fe y que los resultados sean tomados en cuenta como materia medular para la elaboración del proyecto legislativo, el cual deberá ser trabajado de manera plural entre organizaciones y gobierno, no en forma individual.
En la legislación, se debe incluir, además, el reconocimiento de las comunidades indígenas como figura jurídica y como sujetos de derecho público y no de interés público, y el derecho a la utilización de espacios en los medios de comunicación que el gobierno de la ciudad tiene a su cargo.
La consulta entre la población indígena, considera Poblano, podría efectuarse a lo largo de un año. Por lo mientras, las iniciativas no han sido dictaminadas, ni presentadas al pleno de la ALDF, lo que le da tiempo a las organizaciones para lograr que la consulta se logre y puedan ser tomadas en cuenta todas las expresiones de las comunidades.
En el Club de Periodistas, la Alianza de Pueblos y Organizaciones Oaxaqueñas por la Guelaguetza y la Diversidad Cultural, y la Asamblea de Migrantes Indígenas de la Ciudad de México, se reunieron ayer para celebrar el día instituido por Naciones Unidas en 1994. “Se trata de hacer una festividad propia, no institucional”, comentó Eduardo Martínez, joven purépecha miembro de una de las agrupaciones organizadoras participantes.
Explicó que el evento fue aprovechado para expresar su posicionamiento con respecto a la normatividad que se pretende aprobar en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en materia de indígenas, la cual, a su consideración, no fue consultada entre las comunidades y pretende cerrar la participación de éstas a un sí o no.
Para él, como para la presidenta del Consejo de Pueblos y Barrios Originarios del Distrito Federal, Adriana Poblano, las iniciativas que promueven los diputados Benito Antonio León, Sergio Ávila y Carlos Hernández no consideran la opinión de todos los involucrados en ellas, además de que presenta diversas inconsistencias y confusiones.
Por lo que las comunidades indígenas demandan que para legislar al respecto se realice una consulta “que tome en cuenta sus agendas políticas”, afirmó en entrevista Eduardo Martínez.
La consulta debe ser por medio de las formas tradicionales de los grupos indígenas, a través de asambleas comunitarias, donde se expresen las necesidades reales; de buena fe y que los resultados sean tomados en cuenta como materia medular para la elaboración del proyecto legislativo, el cual deberá ser trabajado de manera plural entre organizaciones y gobierno, no en forma individual.
En la legislación, se debe incluir, además, el reconocimiento de las comunidades indígenas como figura jurídica y como sujetos de derecho público y no de interés público, y el derecho a la utilización de espacios en los medios de comunicación que el gobierno de la ciudad tiene a su cargo.
La consulta entre la población indígena, considera Poblano, podría efectuarse a lo largo de un año. Por lo mientras, las iniciativas no han sido dictaminadas, ni presentadas al pleno de la ALDF, lo que le da tiempo a las organizaciones para lograr que la consulta se logre y puedan ser tomadas en cuenta todas las expresiones de las comunidades.
Rafael Montes, El Universal, 10 de agosto.
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