Los presidentes de Colombia, México, El Salvador, Guatemala, Panamá y República Dominicana, así como los cancilleres de otras 11 naciones, alcanzaron acuerdos para reforzar la cooperación en materia de combate al narcotráfico, además de que se atendieron las posturas de Cuba y Venezuela para que en la declaración y en el plan de acción no se incluyeran operaciones conjuntas.
Por eso se agregó un párrafo en el que, “de acuerdo con las legislaciones internas de los estados y con pleno respeto a sus jurisdicciones, se fortalece la cooperación entre las autoridades judiciales, particularmente en lo referente a asistencia mutua en materia penal, así como entre autoridades policiacas y demás entidades competentes de los países de la región”.
La segunda cumbre, mecanismo que se encuentra en su etapa inicial, quedó deslucida debido a la ausencia de una decena de jefes de Estado, como el venezolano Hugo Chávez, quien generó amplias expectativas con la confirmación de su presencia el día anterior, sobre todo con el anuncio de la nacionalización del banco Santander. Sin embargo, de última hora canceló su participación y en su lugar fue el canciller Nicolás Maduro, quien encabezó la delegación de ese país, rigurosamente vestida con guayaberas rojas.
De manera que el anfitrión, el presidente Álvaro Uribe, y su homólogo Felipe Calderón llevaron la batuta de la reunión, al grado de que el primero ocupó amplio espacio en la defensa de su política de combate al crimen organizado y el terrorismo.
El cónclave se llevó a cabo bajo estrictas medidas de seguridad. El centro de convenciones Julio César Turbay Ayala de esta ciudad fue vigilado por tres helicópteros artillados y la Policía Nacional, de la que se desplegaron 2 mil elementos, además de que se restringió el acceso de vehículos al centro histórico y había embarcaciones vigilando la zona.
Aunque coincidentes con Uribe, las posturas de los presidentes de República Dominicana, Leonel Fernández, y de El Salvador, Elías Antonio Saca, fueron las únicas voces discordantes cuando se refirieron a los recursos que destinó Estados Unidos a Centroamérica para el combate a la delincuencia; sin embargo, sus planteamientos ya no fueron recogidos en la declaración y sólo quedarán reflejados en la relatoría de la cumbre.
Leonel Fernández aplaudió la Iniciativa Mérida, pero lamentó que su país obtuvo apenas 2.5 millones de dólares, y propuso la creación de un fondo multinacional, con contribuciones de Estados Unidos. Antonio Elías Saca, mandatario de El Salvador, se quejó de que dicha iniciativa es insuficiente y de que su país recibió sólo 7 millones de dólares; “eso es un chiste para los dineros que maneja el narcotráfico”.
Por su parte, Calderón se sumó al planteamiento de Fernández respecto a la insuficiencia de recursos para el Caribe y Centroamérica contemplados en la iniciativa, aunque aclaró que el programa fue diseñado sólo entre México y Estados Unidos, y dijo compartir la propuesta de crear un fondo regional que permita hacer frente a estos problemas.
En esta mancuerna que hicieron Calderón y Uribe, el segundo propuso la integración de un comité ejecutivo, una troika integrada por República Dominicana, Colombia y México –que será la sede de la próxima reunión, a efectuarse el próximo año– para que se encargue de hacer el seguimiento de los trabajos.
Producto de la breve cumbre, que duró tres horas, los presidentes mencionados, así como los de Panamá, Martín Torrijos, y de Guatemala, Álvaro Colom, prometieron establecer esquemas de colaboración en esta lucha contra las drogas.
Su plan está dividido en cuatro ámbitos de acción: reducción de la oferta y la demanda de drogas, delitos conexos y fomento de la cooperación para el desarrollo alternativo.
Para disminuir la oferta de droga, acordaron reforzar los controles a importaciones, comercialización y producción interna de químicos, precursores y otras sustancias, así como fármacos y estupefacientes.
También se comprometieron a compartir sus mejores prácticas, revisar los canales de comunicación para facilitar el intercambio mutuo de información y poner en práctica investigaciones coordinadas en la región relacionadas con el tráfico de drogas y delitos conexos.
Destaca la apuesta a promover capacitación altamente especializada para las fuerzas del orden y los agentes de las instituciones competentes de los estados que luchan contra el tráfico de drogas, así como adoptar las medidas necesarias para el control de enervantes de síntesis y precursores.
Claudia Herrera Beltrán, La Jornada, 2 de agosto.
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