WASHINGTON.— “Buenas tardes. Mi nombre es Juana Villegas y soy del estado de Guerrero”. Con estas palabras, la inmigrante mexicana que fue esposada de pies y manos por la policía de Nashville (Tennessee) mientras la consumían los dolores de parto, se presentó ayer ante el medio centenar de personas y organizaciones humanitarias, religiosas y feministas que acudieron a mostrarle su solidaridad en una céntrica plaza de esa ciudad.
“No estás sola. Puedes contar con nosotros”, le dijeron los asistentes al anunciarle que la acompañarán cuando comparezca, el próximo 15 de agosto, ante una corte de Nashville, Tennessee, para escuchar los cargos en su contra.
Entre los asistentes al encuentro con Juana Villegas estuvo el cónsul de México en Atlanta, Salvador de Lara, quien informó que, por instrucciones de la Cancillería, había acudido para entrevistarse personalmente con la inmigrante mexicana, para elevar una protesta formal ante la oficina del sheriff de la ciudad de Berry Hil, Darron Hall y solicitar una entrevista con el alcalde de la ciudad.
La propia Juana confirmó ayer que la incomunicación que sufrió tanto en la cárcel como en el hospital fue rota gracias a la solidaridad de una enfermera quien se encargó de enviar correos electrónicos a organizaciones humanitarias y medios de comunicación que, poco a poco, han hecho causa común con esta madre de cuatro niños, todos ellos nacidos en Estados Unidos. El más pequeño, de nombre Gael, ha recibido ropa y juguetes del gobierno mexicano.
En la reunión, realizada ayer en un local de la Sun Trust Plaza de Nashville, la inmigrante mexicana narró ante los asistentes los más humillantes episodios de su detención y la desazón de su esposo, de profesión jardinero, quien se vio obligado a recorrer los hospitales de la región antes de recibir la llamada de una trabajadora social confirmándole el nacimiento de su hijo Gael con varios días de retraso.
Líderes religiosos y comunitarios confirmaron que una nutrida lista de organizaciones —entre ellas Aministía Internacional—, se han interesado por un caso que constituye una flagrante violación a los derechos humanos.
“Lo que ha ocurrido con Juana demuestra hasta qué punto los inmigrantes en Estados Unidos son víctimas de un discurso en el que muchos se rasgan las vestiduras y piden todo el peso de la ley contra quienes son tratados como delincuentes y criminales”, consideró José Miguel Vivanco, de la organización Human Rights Watch.
“No estás sola. Puedes contar con nosotros”, le dijeron los asistentes al anunciarle que la acompañarán cuando comparezca, el próximo 15 de agosto, ante una corte de Nashville, Tennessee, para escuchar los cargos en su contra.
Entre los asistentes al encuentro con Juana Villegas estuvo el cónsul de México en Atlanta, Salvador de Lara, quien informó que, por instrucciones de la Cancillería, había acudido para entrevistarse personalmente con la inmigrante mexicana, para elevar una protesta formal ante la oficina del sheriff de la ciudad de Berry Hil, Darron Hall y solicitar una entrevista con el alcalde de la ciudad.
La propia Juana confirmó ayer que la incomunicación que sufrió tanto en la cárcel como en el hospital fue rota gracias a la solidaridad de una enfermera quien se encargó de enviar correos electrónicos a organizaciones humanitarias y medios de comunicación que, poco a poco, han hecho causa común con esta madre de cuatro niños, todos ellos nacidos en Estados Unidos. El más pequeño, de nombre Gael, ha recibido ropa y juguetes del gobierno mexicano.
En la reunión, realizada ayer en un local de la Sun Trust Plaza de Nashville, la inmigrante mexicana narró ante los asistentes los más humillantes episodios de su detención y la desazón de su esposo, de profesión jardinero, quien se vio obligado a recorrer los hospitales de la región antes de recibir la llamada de una trabajadora social confirmándole el nacimiento de su hijo Gael con varios días de retraso.
Líderes religiosos y comunitarios confirmaron que una nutrida lista de organizaciones —entre ellas Aministía Internacional—, se han interesado por un caso que constituye una flagrante violación a los derechos humanos.
“Lo que ha ocurrido con Juana demuestra hasta qué punto los inmigrantes en Estados Unidos son víctimas de un discurso en el que muchos se rasgan las vestiduras y piden todo el peso de la ley contra quienes son tratados como delincuentes y criminales”, consideró José Miguel Vivanco, de la organización Human Rights Watch.
J. Jaime Hernández, corresponsal, El Universal, 5 de agosto.
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