Analistas y observadores coinciden en que será casi imposible que el proceso no se vea impactado negativamente.
“La sospecha que envuelve a cualquier candidato o precandidato no se quita con ningún blindaje. El IFE no es capaz siquiera de dar seguimiento puntual a los gastos que reportan las mismas dirigencias regionales de los partidos, así que menos podrá fiscalizar recursos provenientes del crimen organizado o evitar que se elija a candidatos de dudosa reputación”, opina Tatiana Clouthier, activista social en Nuevo León. Otros coinciden con ella.
Edgardo Buscaglia, director del Centro Internacional de Desarrollo Económico y Derecho Internacional de la Universidad de Columbia, presentó un análisis sobre el comportamiento criminal en 107 países. Situó a México en la quinta posición, debajo de Paquistán, pues se encontró “infraestructura criminal visible” en 63% de los municipios, y en 8% lo que llama la “feudalización del crimen organizado”.
El senador panista Ramón Galindo Noriega afirma: “Es muy difícil presentar candidaturas sin correr el riesgo de que se ofenda al narcotráfico. Vemos cómo el crimen organizado trata de comprar actitudes de candidatos en las grandes ciudades; en los municipios pequeños es mucho muy cómodo hacerlo”.
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