Las mujeres salvadoreñas que conforman "La Caravana de la Esperanza" se reunieron ayer con autoridades federales y chiapanecas a quienes solicitaron su apoyo para la localización e identificación de sus hijos y esposos inmigrantes desaparecidos.
El 9 de febrero, 26 mujeres, en representación de un grupo mayor, salieron del Salvador para buscar a 82 hijos e hijas que algún día, hace años, las dejaron con la intención de cruzar a Estados Unidos.
La última vez que tuvieron noticias de ellos fue en territorio mexicano. Nunca los volvieron a ver.
Ayer, en una reunión privada a la que asistieron representantes de la Secretaría de Gobernación, la Policía Federal Preventiva, el Instituto Nacional de Migración y de las comisiones nacional y estatal de Derechos Humanos, entre otros, pidieron la elaboración de una base de datos de los centroamericanos enterrados en fosas comunes, para que, a partir de ella, se realicen exhumaciones.
Luis Perdomo, coordinador del proyecto Migrantes y Derechos Humanos de la organización "Carecen", realizó la petición a nombre de las 26 mujeres.
"Pedimos un principio de justicia. La gente no puede desaparecer simplemente y lo que pediríamos es que en respeto a los derechos humanos se hagan las investigaciones pertinentes", dijo en entrevista telefónica.
El sacerdote Luis Ángel Nieto, de las organización Nuestros Lazos de Sangre -que acompaña la caravana de salvadoreñas que recorren la ruta en donde se han perdido los centroamericanos-, exigió a las autoridades que se realice una investigación sobre "La Arrocera", el camino tomado por los inmigrantes para esquivar el retén que va de Tapachula a Arriaga y en donde se han documentado delitos como violaciones, secuestros y extorsiones.
"Ese lugar es un embudo. Ahí violan a casi el 80 por ciento de las mujeres y hombres que pasan".
Nieto repudió el doble discurso que manejan las autoridades sobre el respeto a los derechos de migrantes. Recordó cómo en diciembre pasado durante su visita al estado de Chiapas, el presidente guatemalteco Álvaro Colom nombró al Gobernador chiapaneco, Juan Sabines, embajador de la paz por el trato a los migrantes centroamericanos.
"Chiapas es el estado que más vulnera los derechos de los migrantes.
"Por eso exigimos en la reunión no sólo seguimiento a los casos de salvadoreños, sino los de Honduras, Nicaragua y Guatemala", manifestó en entrevista.
Durante la reunión celebrada en Tapachula, las mujeres pidieron aclarara la muerte de 18 migrantes: 2 lanzados del tren en Chiapas, 2 secuestrados y torturados en Matamoros y el resto fallecidos en el desierto, al cruzar hacia Estados Unidos.
Para Fermina Rodríguez, coordinadora del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, no habrá nada que celebrar hasta que las autoridades actúen.
Las autoridades que recibieron a las mujeres fueron Jorge Acosta de la PFP, Héctor Pérez de la CNDH, Laura Cervantes del INM, Juan Galves López de la Segob, Gabriel Camacho de la CEDH, Julia López de la Secretaría de Desarrollo para la Frontera Sur y Enrique Méndez de la PGJE.
El 9 de febrero, 26 mujeres, en representación de un grupo mayor, salieron del Salvador para buscar a 82 hijos e hijas que algún día, hace años, las dejaron con la intención de cruzar a Estados Unidos.
La última vez que tuvieron noticias de ellos fue en territorio mexicano. Nunca los volvieron a ver.
Ayer, en una reunión privada a la que asistieron representantes de la Secretaría de Gobernación, la Policía Federal Preventiva, el Instituto Nacional de Migración y de las comisiones nacional y estatal de Derechos Humanos, entre otros, pidieron la elaboración de una base de datos de los centroamericanos enterrados en fosas comunes, para que, a partir de ella, se realicen exhumaciones.
Luis Perdomo, coordinador del proyecto Migrantes y Derechos Humanos de la organización "Carecen", realizó la petición a nombre de las 26 mujeres.
"Pedimos un principio de justicia. La gente no puede desaparecer simplemente y lo que pediríamos es que en respeto a los derechos humanos se hagan las investigaciones pertinentes", dijo en entrevista telefónica.
El sacerdote Luis Ángel Nieto, de las organización Nuestros Lazos de Sangre -que acompaña la caravana de salvadoreñas que recorren la ruta en donde se han perdido los centroamericanos-, exigió a las autoridades que se realice una investigación sobre "La Arrocera", el camino tomado por los inmigrantes para esquivar el retén que va de Tapachula a Arriaga y en donde se han documentado delitos como violaciones, secuestros y extorsiones.
"Ese lugar es un embudo. Ahí violan a casi el 80 por ciento de las mujeres y hombres que pasan".
Nieto repudió el doble discurso que manejan las autoridades sobre el respeto a los derechos de migrantes. Recordó cómo en diciembre pasado durante su visita al estado de Chiapas, el presidente guatemalteco Álvaro Colom nombró al Gobernador chiapaneco, Juan Sabines, embajador de la paz por el trato a los migrantes centroamericanos.
"Chiapas es el estado que más vulnera los derechos de los migrantes.
"Por eso exigimos en la reunión no sólo seguimiento a los casos de salvadoreños, sino los de Honduras, Nicaragua y Guatemala", manifestó en entrevista.
Durante la reunión celebrada en Tapachula, las mujeres pidieron aclarara la muerte de 18 migrantes: 2 lanzados del tren en Chiapas, 2 secuestrados y torturados en Matamoros y el resto fallecidos en el desierto, al cruzar hacia Estados Unidos.
Para Fermina Rodríguez, coordinadora del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, no habrá nada que celebrar hasta que las autoridades actúen.
Las autoridades que recibieron a las mujeres fueron Jorge Acosta de la PFP, Héctor Pérez de la CNDH, Laura Cervantes del INM, Juan Galves López de la Segob, Gabriel Camacho de la CEDH, Julia López de la Secretaría de Desarrollo para la Frontera Sur y Enrique Méndez de la PGJE.
Daniela Rea, Reforma, 11 de febrero.
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