Organismos internacionales de derechos humanos condenaron ayer el asesinato de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, dirigentes de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), ocurrido en Guerrero.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), urgió al Estado mexicano realizar una investigación exhaustiva y sancionar a los responsables de los asesinatos, así como a adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los defensores de los derechos de los pueblos indígenas en Guerrero.
"La labor de defensores y defensoras es esencial para la construcción de una sociedad democrática sólida y duradera, y tienen un papel protagónico en el proceso para el logro pleno del Estado de Derecho y el fortalecimiento de la democracia", advirtió el organismo en un comunicado.
Recordó que el 19 de febrero pasado solicitó a las autoridades mexicanas información urgente sobre el paradero de los indígenas, con base en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en tanto, expresó su preocupación por las condiciones de vulnerabilidad en la que los defensores de los derechos humanos desarrollan su labor de promoción y protección, especialmente, en las regiones de Costa Chica, Costa Grande y la Montaña de Guerrero.
"La oficina hace un llamado a las autoridades competentes para esclarecer los hechos de manera rápida y eficaz con el propósito de que las personas responsables sean investigadas, juzgadas y sancionadas; garantizando a las víctimas y sus familiares la reparación por las violaciones a sus derechos humanos", indicó.
De acuerdo con información recabada por personal de la oficina durante su visita oficial a Guerrero del 18 al 20 de febrero de 2009, detalló, los indígenas fueron privados de su libertad por tres personas armadas que se habrían identificado como policías en el marco de un evento público en el municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero.
El 21 de febrero, agregó, la Procuraduría General de Justicia del estado encontró sus cuerpos sin vida y con signos de tortura.
Para Amnistía Internacional, el asesinato de dos indígenas defensores de los derechos humanos en Guerrero ilustra "pésimo estado de derechos humanos" en aquella entidad.
"El patrón de asesinatos, ataques, amenazas y detenciones a defensores de derechos humanos en Ayutla ha convertido a la región en un peligro constante para las personas que defienden los derechos de las comunidades indígenas más marginalizadas de México", señaló Kerrie Howard, directora adjunta del Programa para las Américas de Amnistía Internacional.
En febrero pasado, una delegación de AI visitó a cinco activistas Indígenas de la Organización del Pueblo Indígena Me' phaa -organización hermana de la OFPM- detenidos en Ayutla bajo acusaciones fabricadas y tras la visita, el organismo internacional los declaró "presos de consciencia".
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), urgió al Estado mexicano realizar una investigación exhaustiva y sancionar a los responsables de los asesinatos, así como a adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los defensores de los derechos de los pueblos indígenas en Guerrero.
"La labor de defensores y defensoras es esencial para la construcción de una sociedad democrática sólida y duradera, y tienen un papel protagónico en el proceso para el logro pleno del Estado de Derecho y el fortalecimiento de la democracia", advirtió el organismo en un comunicado.
Recordó que el 19 de febrero pasado solicitó a las autoridades mexicanas información urgente sobre el paradero de los indígenas, con base en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en tanto, expresó su preocupación por las condiciones de vulnerabilidad en la que los defensores de los derechos humanos desarrollan su labor de promoción y protección, especialmente, en las regiones de Costa Chica, Costa Grande y la Montaña de Guerrero.
"La oficina hace un llamado a las autoridades competentes para esclarecer los hechos de manera rápida y eficaz con el propósito de que las personas responsables sean investigadas, juzgadas y sancionadas; garantizando a las víctimas y sus familiares la reparación por las violaciones a sus derechos humanos", indicó.
De acuerdo con información recabada por personal de la oficina durante su visita oficial a Guerrero del 18 al 20 de febrero de 2009, detalló, los indígenas fueron privados de su libertad por tres personas armadas que se habrían identificado como policías en el marco de un evento público en el municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero.
El 21 de febrero, agregó, la Procuraduría General de Justicia del estado encontró sus cuerpos sin vida y con signos de tortura.
Para Amnistía Internacional, el asesinato de dos indígenas defensores de los derechos humanos en Guerrero ilustra "pésimo estado de derechos humanos" en aquella entidad.
"El patrón de asesinatos, ataques, amenazas y detenciones a defensores de derechos humanos en Ayutla ha convertido a la región en un peligro constante para las personas que defienden los derechos de las comunidades indígenas más marginalizadas de México", señaló Kerrie Howard, directora adjunta del Programa para las Américas de Amnistía Internacional.
En febrero pasado, una delegación de AI visitó a cinco activistas Indígenas de la Organización del Pueblo Indígena Me' phaa -organización hermana de la OFPM- detenidos en Ayutla bajo acusaciones fabricadas y tras la visita, el organismo internacional los declaró "presos de consciencia".
Reforma, 25 de febrero.
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