Consejeros dan marcha atrás a su incremento

Luego de la ola de críticas, los consejeros electorales del IFE anunciaron su decisión de dar “marcha atrás” al incremento del 46% que se habían otorgado en la víspera, pero que con todo y prestaciones aumentaba sus percepciones de 175 mil a 333 mil pesos mensuales.

El anuncio de modificar el acuerdo de la Junta General Ejecutiva se hará hoy de manera formal a las 11:00 horas en presencia de todos los consejeros que aceptaron la medida.

Sin embargo, el aumento al salario de mandos medios e inferiores se mantiene.

La lluvia de críticas obligó a una reunión nocturna entre los consejeros, donde se analizó la situación y después de casi dos horas de discusión, por unanimidad se tomó la decisión de modificar el acuerdo y dar marcha atrás al incremento de sueldo.

“Digamos que sólo fue un mal sueño...”, ironizó el consejero Virgilio Andrade al salir de la reunión.

A su vez el consejero Benito Nacif admitió que fue la sensibilidad ante las reacciones de la opinión pública lo que los llevó a renunciar a ese aumento.

El aumento del salario del personal del IFE, incluidos los consejeros electorales, se fundamentó en el artículo 41, apartado D, párrafo cuarto de la Constitución, donde se establece que “la retribución que perciban será igual a la prevista para los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

A lo largo del día, el IFE y los consejeros justificaban que esa medida significaba un incremento de 46% en las percepciones anualizadas de los consejeros electorales, pero no establecían las prestaciones a que tienen derecho y que eleva sus percepciones de 175 mil a 333 mil pesos mensuales, es decir, un aumento de alrededor del 90%.

De esta forma, su percepción anual bruta pasaría de dos millones 973 mil pesos, a tres millones 900 mil pesos; es decir, 325 mil mensuales para cada uno, según datos del consejero Virgilio Andrade.

Por la mañana los consejeros trataron de defender el aumento a su sueldo en medio de la grave crisis económica que enfrenta el país.

“No esa una decisión discrecional, sino que es una decisión que sí está apegada a la ley y es transparente”, insistió Andrade.
Alejandro Páez, Crónica, 26 de febrero.

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