La ola de críticas que desató su pretensión de aumentarse el salario 46 por ciento, motivó que los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) revisaran su decisión y anunciaran que declinaban ese incremento. “Nuestro país no es ajeno a los estragos de una profunda crisis económica y financiera a nivel mundial, por ello, no podemos ser insensibles ante la realidad que afecta a los propios trabajadores del instituto”, señalaron.
En un mensaje leído por el presidente del IFE, Leonardo Valdés, sin aludir a la desaprobación generalizada que generó su decisión, los integrantes respaldaron el acuerdo de la Junta General Ejecutiva “debido a que se tomó en el marco de las atribuciones de dicha instancia y se apega estrictamente a lo que establece la Constitución. Por ello, no caben reconsideraciones sobre su validez legal. El IFE, autoridad autónoma, independiente en sus decisiones, comunica lo anterior a la opinión pública”.
Previo a la conferencia hubo una nueva reunión de consejeros para discutir el tema, pues al menos dos mantenían su disgusto sobre el desenlace bajo la premisa de la legalidad de la decisión. Su incomodidad obedecía también al involucramiento de los diputados en la vida interna del instituto, así fuera mediante la vía del exhorto.
Sin embargo, en el acuerdo de la junta quedó vigente el conjunto de la decisión que implica, entre otros aspectos, un aumento en el bono electoral del personal del IFE, que subirá de 40 a 60 días, lo que representará, para el caso de los consejeros, una compensación de 340 mil pesos en este año electoral. De tal manera que solamente no se utilizará el dinero extraordinario que iban a recibir los consejeros y que, según algunos cálculos, implicarían 1.2 millones de pesos al año, sin contar el mencionado bono.
A pesar de las múltiples dudas que dejaba el escueto anuncio de Valdés, no hubo sesión de preguntas. Con la decisión, el salario de los consejeros permanecerá igual y ascenderá, según el tabulador de su página de Internet.
–El considerando quinto (que establece la homologación con los salarios de los ministros de la Corte) ¿está vigente o suspendido? –se preguntó.
–Con independencia de su vigencia, no se acepta –respondió el consejero Virgilio Andrade.
–¿En cualquier momento se podría aplicar?
–No para este ejercicio fiscal y probablemente nunca.
Andrade fue de los pocos consejeros que ayer accedieron a opinar sobre el tema, como también lo hicieron Alfredo Figueroa y Marco Antonio Baños. Mientras tanto, se registraron algunas protestas aisladas de trabajadores de las oficinas partidistas repudiando el aumento salarial, mientras a las afueras del instituto algunas personas lanzaban consignas contra los consejeros.
A pesar de ello, la mayoría había ya reconocido que las pretensiones de ganar como los ministros de la Corte era políticamente intransitable, si bien nadie cuestionó la legalidad de la decisión. Entrevistado sobre el desenlace, Baños dijo: “Era una cuestión importante, porque el instituto de ninguna manera va a permitir que por alguna decisión que pudiera tomarse en otras instancias ajenas a la institución se pueda poner en peligro a la autonomía del IFE”.
Consideró que “los diputados tienen todo el derecho de opinar lo que quieran, el IFE toma las decisiones”. Finalmente calificó de “burbuja” la reacción social generada por el acuerdo de la Junta General Ejecutiva.
En un mensaje leído por el presidente del IFE, Leonardo Valdés, sin aludir a la desaprobación generalizada que generó su decisión, los integrantes respaldaron el acuerdo de la Junta General Ejecutiva “debido a que se tomó en el marco de las atribuciones de dicha instancia y se apega estrictamente a lo que establece la Constitución. Por ello, no caben reconsideraciones sobre su validez legal. El IFE, autoridad autónoma, independiente en sus decisiones, comunica lo anterior a la opinión pública”.
Previo a la conferencia hubo una nueva reunión de consejeros para discutir el tema, pues al menos dos mantenían su disgusto sobre el desenlace bajo la premisa de la legalidad de la decisión. Su incomodidad obedecía también al involucramiento de los diputados en la vida interna del instituto, así fuera mediante la vía del exhorto.
Sin embargo, en el acuerdo de la junta quedó vigente el conjunto de la decisión que implica, entre otros aspectos, un aumento en el bono electoral del personal del IFE, que subirá de 40 a 60 días, lo que representará, para el caso de los consejeros, una compensación de 340 mil pesos en este año electoral. De tal manera que solamente no se utilizará el dinero extraordinario que iban a recibir los consejeros y que, según algunos cálculos, implicarían 1.2 millones de pesos al año, sin contar el mencionado bono.
A pesar de las múltiples dudas que dejaba el escueto anuncio de Valdés, no hubo sesión de preguntas. Con la decisión, el salario de los consejeros permanecerá igual y ascenderá, según el tabulador de su página de Internet.
–El considerando quinto (que establece la homologación con los salarios de los ministros de la Corte) ¿está vigente o suspendido? –se preguntó.
–Con independencia de su vigencia, no se acepta –respondió el consejero Virgilio Andrade.
–¿En cualquier momento se podría aplicar?
–No para este ejercicio fiscal y probablemente nunca.
Andrade fue de los pocos consejeros que ayer accedieron a opinar sobre el tema, como también lo hicieron Alfredo Figueroa y Marco Antonio Baños. Mientras tanto, se registraron algunas protestas aisladas de trabajadores de las oficinas partidistas repudiando el aumento salarial, mientras a las afueras del instituto algunas personas lanzaban consignas contra los consejeros.
A pesar de ello, la mayoría había ya reconocido que las pretensiones de ganar como los ministros de la Corte era políticamente intransitable, si bien nadie cuestionó la legalidad de la decisión. Entrevistado sobre el desenlace, Baños dijo: “Era una cuestión importante, porque el instituto de ninguna manera va a permitir que por alguna decisión que pudiera tomarse en otras instancias ajenas a la institución se pueda poner en peligro a la autonomía del IFE”.
Consideró que “los diputados tienen todo el derecho de opinar lo que quieran, el IFE toma las decisiones”. Finalmente calificó de “burbuja” la reacción social generada por el acuerdo de la Junta General Ejecutiva.
Alonso Urrutia, La Jornada, 27 de febrero.
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