Por más de 10 horas, avenidas principales del centro de la ciudad permanecieron cerradas en diferentes tramos. Desde las 10 de la mañana, las inmediaciones del monumento a la Revolución, la glorieta del Ángel y el Zócalo ya estaban ocupadas por los inconformes.
Campesinos, obreros, maestros, académicos, estudiantes e integrantes de organizaciones no gubernamentales, que marcharon del Ángel de la Independencia a la Plaza de la Constitución al punto de las 17 horas, expresaron su rechazo a la política económica y social del gobierno de Felipe Calderón y amagaron con una huelga nacional antes de junio.
Exigieron evitar despidos, recuperación del ingreso familiar, reordenamiento del campo y actuar conjuntamente contra la crisis financiera. Al mismo tiempo, rechazaron incremento al precio del combustible, así como una reforma laboral.
En el mitin se acordó promover el diálogo con los tres poderes de la unión y los diferentes niveles de gobierno. “Demandamos al gobierno federal se establezcan pasos concretos para llegar a un acuerdo”.
El dirigente del sindicato de la UNAM, Agustín Rodríguez Fuentes, a nombre de las organizaciones participantes, advirtió que de no obtener una respuesta del gobierno federal a sus demandas, “iremos con el cierre de carreteras, fronteras, puertos y aeropuertos hasta radicalizar nuestras acciones y realizar una huelga nacional”.
Por su parte, el dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas, Martín Esparza, insistió en luchar por revertir la política económica “que tanto daño ha hecho”.
Subrayó que no son los obreros ni campesinos los responsables de la actual crisis económica, sino los banqueros y los dueños del dinero, que según él, actúan en contubernio con el gobierno. Planteó la necesidad de establecer una tarifa eléctrica social para revertir el incremento desmedido que se ha dado de ésta.
Campesinos y maestros expresaron su repudio a la falta de una respuesta contundente del gobierno ante los problemas derivados de la crisis económica y lamentaron que sea a los más desprotegidos a los que “se les cargue” los costos de ese fenómeno.
Cruz López Aguilar, dirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC), insistió en el replanteamiento del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y que se legisle sobre la creación de un consejo social económico responsable de construir políticas públicas con rumbo y compromiso.
Adelantó que se presentara una propuesta al Congreso de la Unión para modificar la Constitución e incluir el derecho a la alimentación y dictaminar positivamente la ley de planeación para la seguridad y la soberanía alimentaria nutricional, en cuyo contenido establece compromisos concretos para proteger a las familias en pobreza y marginación.
Julián Sánchez, El Universal, 31 de enero.
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