Personal de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales (SIEDF), en coordinación con agentes de la Secretaría de Seguridad Pública federal y elementos de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, desmantelaron una radiodifusora que operaba sin concesión en Michoacán.
La estación de radio, denominada 104.4 radio Ocumicho, en el 104.5 MHZ de frecuencia modulada, operaba en la calle Emiliano Zapata, de la localidad de Ocumicho.
Decomiso. Según informes de la PGR, en el inmueble se aseguró equipo de radiodifusión, entre ellos dos computadoras personales sin marca, dos reproductores marca Sony, un excitador, una mezcladora, un minicomponente marca Sony y un teclado.
También se decomisaron un transmisor de fabricación casera, un micrófono, un regulador y un reproductor de discos, así como monitor marca Acer.
Sin autorización. La radiodifusora no cumplía con lo establecido en la Ley General de Bienes Nacionales, el cual establece en los artículos 149 y 150 que será sancionado con dos a 12 años de prisión y multa de 300 a mil veces el salario mínimo a quien use, aproveche o explote un bien que pertenezca a la nación.
Esto sin haber obtenido previamente la concesión, permiso o autorización, o celebrado algún contrato con la autoridad competente.
No se informó si en el operativo hubo detenidos.
La estación de radio, denominada 104.4 radio Ocumicho, en el 104.5 MHZ de frecuencia modulada, operaba en la calle Emiliano Zapata, de la localidad de Ocumicho.
Decomiso. Según informes de la PGR, en el inmueble se aseguró equipo de radiodifusión, entre ellos dos computadoras personales sin marca, dos reproductores marca Sony, un excitador, una mezcladora, un minicomponente marca Sony y un teclado.
También se decomisaron un transmisor de fabricación casera, un micrófono, un regulador y un reproductor de discos, así como monitor marca Acer.
Sin autorización. La radiodifusora no cumplía con lo establecido en la Ley General de Bienes Nacionales, el cual establece en los artículos 149 y 150 que será sancionado con dos a 12 años de prisión y multa de 300 a mil veces el salario mínimo a quien use, aproveche o explote un bien que pertenezca a la nación.
Esto sin haber obtenido previamente la concesión, permiso o autorización, o celebrado algún contrato con la autoridad competente.
No se informó si en el operativo hubo detenidos.
Crónica, 2 de febrero.
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