Los legisladores priistas Juan Francisco Rivera y César Camacho Quiroz, presidentes de las comisiones de Seguridad Pública y de Justicia de la Cámara de Diputados, respectivamente, llamaron al Ejecutivo federal a cumplir su “ineludible responsabilidad” en el combate a la delincuencia, en lugar de reprochar a la sociedad una supuesta tolerancia al hampa.
El domingo pasado el Presidente cuestionó la permisividad de la gente a las actividades del crimen organizado. En respuesta, el diputado Rivera puntualizó: “Quienes tenemos la obligación de proteger a la sociedad somos nosotros. Obviamente, la sociedad está amenazada, agredida y ofendida, pero muchas cosas se han resuelto gracias al apoyo social”.
En tanto, el diputado Camacho Quiroz instó a Calderón a asumir su responsabilidad como jefe de las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia, y no lamentar únicamente el aumento de la delincuencia.
“La responsabilidad del Presidente es ineludible, porque es el jefe del Ministerio Público y de la SSP federal: más que andar buscando dónde están los déficit, vale la pena ponerse a trabajar en el diseño de una política preventiva y contra la criminalidad”.
Aseguró que el Congreso ha dado al Ejecutivo instrumentos jurídicos para combatir el hampa y demandó a Calderón aplicarlos con eficacia y entregar resultados.
Los diputados Jorge J. González y Roberto Badillo, presidente y secretario de la Comisión de Defensa, respectivamente, rechazaron que el crimen organizado cuente con una base social, pero admitieron que algunos grupos criminales que operan en el país poseen poderío económico para financiar actos propagandísticos.
El domingo pasado el Presidente cuestionó la permisividad de la gente a las actividades del crimen organizado. En respuesta, el diputado Rivera puntualizó: “Quienes tenemos la obligación de proteger a la sociedad somos nosotros. Obviamente, la sociedad está amenazada, agredida y ofendida, pero muchas cosas se han resuelto gracias al apoyo social”.
En tanto, el diputado Camacho Quiroz instó a Calderón a asumir su responsabilidad como jefe de las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia, y no lamentar únicamente el aumento de la delincuencia.
“La responsabilidad del Presidente es ineludible, porque es el jefe del Ministerio Público y de la SSP federal: más que andar buscando dónde están los déficit, vale la pena ponerse a trabajar en el diseño de una política preventiva y contra la criminalidad”.
Aseguró que el Congreso ha dado al Ejecutivo instrumentos jurídicos para combatir el hampa y demandó a Calderón aplicarlos con eficacia y entregar resultados.
Los diputados Jorge J. González y Roberto Badillo, presidente y secretario de la Comisión de Defensa, respectivamente, rechazaron que el crimen organizado cuente con una base social, pero admitieron que algunos grupos criminales que operan en el país poseen poderío económico para financiar actos propagandísticos.
Fernando Damián, Milenio, 17 de febrero.
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