México presentará hoy por primera vez el Examen Periódico Universal ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas; al respecto, organizaciones civiles aseguran que se tienen rezagos y retrocesos en esta materia.
El ombudsman nacional, José Luis Soberanes, indicó que en el informe presentado por el gobierno “las cosas están mal planteadas” y los resultados “están planchados”. Especialistas, como Ricardo Sepúlveda, consideran que existen riesgos de regresión en este tema.
Soberanes aseguró que en México “el problema que tenemos es que lo que se resuelve en los organismos internacionales, como puede ser el Consejo de Derechos Humanos, después ya no trasciende. Hay un divorcio entre lo que sucede en las tesis internacionales y lo que sucede internamente”.
Se harán, dijo, señalamientos al país, “se dirán las cosas, y veo muy difícil que esos señalamientos se puedan aplicar aquí”.
El informe mexicano señala que se retirará gradualmente a los militares de la lucha contra el crimen organizado y que se ha establecido un Programa Nacional de los Derechos Humanos, el cual ha sido cuestionado por las organizaciones porque no se ha logrado aplicar y por Soberanes, quien consideró que éste se planteó a principios del sexenio pasado, pero nadie lo conoce.
Por su parte, el Centro Jurídico para los Derechos Humanos que preside Sepúlveda, señala que México tiene rezagos y retrocesos en materia de derechos humanos luego de más de nueve años de transición democrática, como ejemplos están: militarización, narcotráfico, tortura y discriminación que se vive a diario, así como que hay rezagos y riesgos de regresión mientras no se adopte una decisión de promover los derechos humanos como una política de Estado.
En materia de derechos sexuales y reproductivos, el informe de las organizaciones de la sociedad civil da cuenta de que los gobiernos federal y estatales han desconocido las recomendaciones de los organismos internacionales para revertir los problemas de salud y justicia social que implica la penalización y obstaculización al acceso de la interrupción del embarazo en el país.
En el informe, entregado a la ONU en septiembre pasado, se destaca que se criminaliza la protesta social, continúa la agresión y el hostigamiento contra los defensores de derechos humanos, la violación de las garantías fundamentales por parte de los militares, los feminicidios, la tortura y las detenciones arbitrarias.
Para las ONG, el Estado mexicano, a pesar de su cumplimiento formal con los requisitos del Examen Periódico Universal, en realidad es omiso en su compromiso hacia los derechos humanos en el país.
El ombudsman nacional, José Luis Soberanes, indicó que en el informe presentado por el gobierno “las cosas están mal planteadas” y los resultados “están planchados”. Especialistas, como Ricardo Sepúlveda, consideran que existen riesgos de regresión en este tema.
Soberanes aseguró que en México “el problema que tenemos es que lo que se resuelve en los organismos internacionales, como puede ser el Consejo de Derechos Humanos, después ya no trasciende. Hay un divorcio entre lo que sucede en las tesis internacionales y lo que sucede internamente”.
Se harán, dijo, señalamientos al país, “se dirán las cosas, y veo muy difícil que esos señalamientos se puedan aplicar aquí”.
El informe mexicano señala que se retirará gradualmente a los militares de la lucha contra el crimen organizado y que se ha establecido un Programa Nacional de los Derechos Humanos, el cual ha sido cuestionado por las organizaciones porque no se ha logrado aplicar y por Soberanes, quien consideró que éste se planteó a principios del sexenio pasado, pero nadie lo conoce.
Por su parte, el Centro Jurídico para los Derechos Humanos que preside Sepúlveda, señala que México tiene rezagos y retrocesos en materia de derechos humanos luego de más de nueve años de transición democrática, como ejemplos están: militarización, narcotráfico, tortura y discriminación que se vive a diario, así como que hay rezagos y riesgos de regresión mientras no se adopte una decisión de promover los derechos humanos como una política de Estado.
En materia de derechos sexuales y reproductivos, el informe de las organizaciones de la sociedad civil da cuenta de que los gobiernos federal y estatales han desconocido las recomendaciones de los organismos internacionales para revertir los problemas de salud y justicia social que implica la penalización y obstaculización al acceso de la interrupción del embarazo en el país.
En el informe, entregado a la ONU en septiembre pasado, se destaca que se criminaliza la protesta social, continúa la agresión y el hostigamiento contra los defensores de derechos humanos, la violación de las garantías fundamentales por parte de los militares, los feminicidios, la tortura y las detenciones arbitrarias.
Para las ONG, el Estado mexicano, a pesar de su cumplimiento formal con los requisitos del Examen Periódico Universal, en realidad es omiso en su compromiso hacia los derechos humanos en el país.
Eugenia Jiménez, Milenio, 10 de febrero.
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