En conferencia de prensa, en la que estuvieron Diego Lorente, director de Sin Fronteras; Agnieszka Raczynska, de la Red Todos los Derechos para Todos, y Madeleine Peinman, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), las ONG subrayaron que “en todo el país persisten las violaciones graves a derechos”.
Peinman dijo que la militarización en seguridad pública provoca que las fuerzas armadas asuman tareas de policías, y “al cometer abusos no son juzgados por la justicia civil, sino por la militar, y ello es inconstitucional”.
Refirió que las quejas contra militares en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se han incrementado considerablemente: 182 en 2006; 367 (2007); 631 (2008), a raíz de los operativos militares de seguridad pública.
Lorente señaló que “en este rubro desde 2002 se emitieron al Estado 16 recomendaciones por parte de los relatores de la ONU y no ha cumplido ninguna”.
Denunció que en la detención de migrantes indocumentados, participan militares, lo cual es contra la ley, además de que las estaciones migratorias siguen igual, pese a recomendaciones de los relatores de la ONU para mejorarlas.
Concha insistió en que “no hay coordinación ni articulación de los tres niveles de gobierno –federal, estatal y municipal– para sancionar a los violadores de derechos humanos; no hay una política de Estado, y cuando se habla de ellas, “éstas no son integrales”, sino fragmentadas”.
Manifestó que “en el informe que envió el Estado mexicano a la ONU sobre el cumplimiento a los acuerdos y recomendaciones de organismos de la ONU, “el gobierno sólo se limitó a reiterar decenas de veces: ‘tenemos el reto, tenemos el desafío’, lo que se requiere, no es eso, sino un compromiso contundente, con evaluaciones periódicas de impacto y fechas de cumplimiento”.
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