En vigor, ley que busca atacar el poder del crimen organizado

Con el propósito de afectar la economía y las ganancias del crimen organizado en la capital del país, haciendo más costosa su operación y reduciendo sus dividendos, la consejera jurídica del Distrito Federal, Leticia Bonifaz, informó que este lunes entra en vigor la Ley de Extinción de Dominio.

Señaló que con ello, perderán los derechos de propiedad o posesión de sus bienes las personas que utilicen éstos como instrumento, objeto o producto de actividades de delincuencia organizada, secuestro, robo de vehículos y trata de personas.

La funcionaria detalló que el ordenamiento estipula que no se otorgará contraprestación ni compensación alguna para quienes no logren probar la procedencia lícita de dichos bienes, su actuación de buena fe o que hayan estado impedidos para conocer su utilización ilícita, decisión que quedará a criterio de un juez civil.

La norma considera que dichos bienes se aplicarán a favor del Gobierno del Distrito Federal para destinarlos al bienestar social, y en caso de bienes fungibles, se ejercerán en porcentajes iguales a las entidades de procuración de justicia, además de reparar el daño a las víctimas de los mencionados delitos, agregó.

Indicó que “esta acción es autónoma, distinta e independiente de cualquiera de naturaleza penal que se siga por los mismos hechos, por lo que los jueces civiles sustanciarán un procedimiento expedito y ágil, dictando medidas cautelares para que los bienes no sufran menoscabo, extravío, destrucción o traten de ser ocultados”.

Mediante estas acciones el Gobierno del Distrito Federal se compromete a que los sistemas de seguridad pública, procuración y administración de justicia proporcionen a los habitantes de esta ciudad la libertad, confianza y tranquilidad necesarias para que puedan realizar sus actividades cotidianas con la certeza de recibir la atención y protección en su persona, sus familias, bienes y derechos.

En un comunicado, agregó que en breve esta norma contará con su reglamento a fin de sustanciar su operación y atacar la fortaleza financiera de la delincuencia organizada, “que no sólo le ha permitido actuar con mayor violencia, sino que la dota de un poder corruptor y de cooptación”.

Bertha Teresa Ramírez, La Jornada, 9 de marzo.

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