Representantes de partidos políticos ante el Instituto Federal Electoral (IFE) hicieron un llamado a los consejeros con la finalidad de que privilegien la organización de la jornada comicial del próximo 5 de julio y eviten caer en conflictos. De lo contrario, advirtieron, el organismo llegará a esa fecha debilitado.
En tanto, la Secretaría Ejecutiva del IFE, que encabeza Edmundo Jacobo, informó que los procesos internos de los partidos políticos para la selección de sus candidatos a puestos de elección popular, ocurre con “normalidad” y no ha habido incidentes que provoquen la intervención de la autoridad.
El IFE publicó en su página electrónica las listas con los nombres de los 3 mil 800 precandidatos partidistas, cuyas fichas están siendo revisadas por la Unidad de Fiscalización del instituto, área que desde ayer tiene nuevo titular: Alfredo Cristalinas, contador egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México con experiencia en el área de auditoría del Servicio de Administración Tributaria.
En semanas recientes, los integrantes del Consejo General del IFE han sido protagonistas de acciones polémicas. Primero, por dar marcha atrás a un paquete de multas contra las dos principales televisoras del país por la transmisión irregular de promocionales de los partidos políticos y, en la semana que concluye, por aceptar, y enseguida retractarse, de una homologación salarial con los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que significaba un incremento de por lo menos 46 por ciento.
En la sesión del pasado viernes fue aprobado el informe de la secretaría ejecutiva, el cual subraya que el IFE garantiza en tiempo y forma el cumplimiento de todas las tareas sustantivas del proceso electoral y da cuenta de las acciones para impulsar los comicios con “transparencia y eficacia”.
Sebastián Lerdo de Tejada, representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del IFE, comentó que si bien la explicación de los consejeros acerca de sus percepciones aclara que no habrá incremento, es un hecho, dijo, que el tema no se manejó adecuadamente; es decir, retractarse así no es la ruta más afortunada para su actuar.
“Cometieron un error y lo corrigieron, aunque lo que deben privilegiar es la organización del proceso electoral”, señaló el representante priísta.
Todos los actores en este proceso, agregó Lerdo de Tejada, deben rendir buenas cuentas para que el proceso sea legal, con una buena participación ciudadana, con la finalidad de que todo lo demás quede en el nivel de anécdotas. “Estaremos muy atentos para que sea conforme a derecho el desarrollo del proceso electoral.”
Rafael Hernández, representante del Partido de la Revolución Democrática, dijo que el consejo y también los consejeros “han incurrido en diversos errores muy criticables”.
Hemos discrepado, indicó, en temas muy importantes, como el asunto de las multas canceladas a las televisoras.
Cabe recordar que el PRD presentó un recurso de apelación ante el tribunal electoral por esa “desafortunadísima decisión”.
“Ahora, el tema de los salarios mueve a procupación, en el sentido de que sí provoquen un debilitamiento del IFE. Creo que estamos a tiempo de que los consejeros asuman conciencia acerca de esta circunstancia”, agregó Hernández.
En tanto, la Secretaría Ejecutiva del IFE, que encabeza Edmundo Jacobo, informó que los procesos internos de los partidos políticos para la selección de sus candidatos a puestos de elección popular, ocurre con “normalidad” y no ha habido incidentes que provoquen la intervención de la autoridad.
El IFE publicó en su página electrónica las listas con los nombres de los 3 mil 800 precandidatos partidistas, cuyas fichas están siendo revisadas por la Unidad de Fiscalización del instituto, área que desde ayer tiene nuevo titular: Alfredo Cristalinas, contador egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México con experiencia en el área de auditoría del Servicio de Administración Tributaria.
En semanas recientes, los integrantes del Consejo General del IFE han sido protagonistas de acciones polémicas. Primero, por dar marcha atrás a un paquete de multas contra las dos principales televisoras del país por la transmisión irregular de promocionales de los partidos políticos y, en la semana que concluye, por aceptar, y enseguida retractarse, de una homologación salarial con los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que significaba un incremento de por lo menos 46 por ciento.
En la sesión del pasado viernes fue aprobado el informe de la secretaría ejecutiva, el cual subraya que el IFE garantiza en tiempo y forma el cumplimiento de todas las tareas sustantivas del proceso electoral y da cuenta de las acciones para impulsar los comicios con “transparencia y eficacia”.
Sebastián Lerdo de Tejada, representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del IFE, comentó que si bien la explicación de los consejeros acerca de sus percepciones aclara que no habrá incremento, es un hecho, dijo, que el tema no se manejó adecuadamente; es decir, retractarse así no es la ruta más afortunada para su actuar.
“Cometieron un error y lo corrigieron, aunque lo que deben privilegiar es la organización del proceso electoral”, señaló el representante priísta.
Todos los actores en este proceso, agregó Lerdo de Tejada, deben rendir buenas cuentas para que el proceso sea legal, con una buena participación ciudadana, con la finalidad de que todo lo demás quede en el nivel de anécdotas. “Estaremos muy atentos para que sea conforme a derecho el desarrollo del proceso electoral.”
Rafael Hernández, representante del Partido de la Revolución Democrática, dijo que el consejo y también los consejeros “han incurrido en diversos errores muy criticables”.
Hemos discrepado, indicó, en temas muy importantes, como el asunto de las multas canceladas a las televisoras.
Cabe recordar que el PRD presentó un recurso de apelación ante el tribunal electoral por esa “desafortunadísima decisión”.
“Ahora, el tema de los salarios mueve a procupación, en el sentido de que sí provoquen un debilitamiento del IFE. Creo que estamos a tiempo de que los consejeros asuman conciencia acerca de esta circunstancia”, agregó Hernández.
Fabiola Martínez, La Jornada, 1º de marzo.
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