La erradicación de la pobreza en México sólo será posible si existe un ingreso ciudadano universal a los programas sociales en México, consideró Enrique del Val Blanco, integrante de la Academia de Economía Política (AEP).
Consideró que la ineficacia es porque en la política social existen “demasiados” programas, “dispersos y focalizados”.
Por ello, insistió en que sólo con la universalización de los programas sociales podría lograrse la erradicación de la pobreza.
Respecto al programa Oportunidades, expuso que no ha demostrado eficacia para erradicar la pobreza, toda vez que incluso, ha aumentado el número de personas en dicha situación.
El también coordinador de Planeación de la UNAM propuso que el ingreso universal sea un derecho sin distingo de origen étnico, condición social o situación laboral.
Deberá consistir, abundó, en una transferencia mensual fija y aplicarse de manera gradual.
En su trabajo “Una Propuesta de Ingreso Ciudadano Universal (ICU) para México”, que le valió su ingreso a la (AEP) en días recientes, Del Val explicó que en la primera fase el costo anual de un ingreso sería de 815 pesos mensuales para 19 millones 459 mil personas, lo que significaría 1.6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
Durante la segunda etapa habría un monto mensual igual pero dirigido a 26 millones 765 mil mexicanos, que representaría 2.1 por ciento del PIB.
La tercera etapa sería para atender a 50 millones de mexicanos y se requeriría de 4.06 por ciento del PIB, lo que significaría “duplicar los recursos presupuestales actuales destinados a la superación de la pobreza” y para llegar al total de la población (106 millones de personas) se requeriría de 8.62 del PIB.
Los recursos se pueden obtener, propuso del Val, a través de la “reasignación” del presupuesto de programas de combate a la pobreza, el incremento de la recaudación tributaria, una reforma fiscal progresiva “para que paguen más los que más tienen, y que reduzca y elimine totalmente la evasión
y elusión de impuestos”.
También sugirió ahorros derivados de la reducción o desaparición de estructuras administrativas que hoy se requieren para la operación de los programas focalizados.
Abatir el paternalismo
Con la universalización de los programas, apuntó, también se acabaría con el “paternalismo, el manejo electoral” y se evitaría que la “dignidad” de las personas se vea afectada como actualmente sucede, que para
poder recibir recursos de la mayoría de los programas asistenciales
hay que ser sujeto a una investigación que evidencie ser pobre.
Enrique del Val sostuvo que el ICU es una forma de reducir la “terrible desigualdad” que impe-
ra en México, pues, de acuerdo con el INEGI, la diferencia de ingre-
so entre el más pobre y el más rico es de 146 veces y al mismo tiempo, evitar el clientelismo político utilizando a las poblaciones en mayor marginalidad.
- Claves
Reprobados
• De acuerdo con la Evaluación Específica de Desempeño 2008-2009 realizada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), resultaron reprobados cuatro programas enfocados a combatir la pobreza.
• Esos programas son Oportunidades, el abasto social de leche Liconsa, el Programa de Apoyo Alimentario Diconsa y el Programa de Apoyo a Zonas de Atención Prioritaria.
• Precisamente Oportunidades y el Programa de Apoyo Alimentaria son los dos principales de la estrategia del gobierno para abtir la pobreza y por los cuales está pidiendo más recursos.
Rendición de cuentas es voluntaria: Coneval
••• La rendición de cuentas de los programas sociales aplicados en los municipios obedece sólo a la voluntad, pero no es una obligación, de ahí que a menos transparencia, aumente el uso político de los mecanismos creados para erradicar la pobreza, aseguró el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Gonzalo Hernández Licona.
Urgió que los programas locales sean sometidos a evaluaciones estrictas como las que se aplican a los mecanismos federales, porque en los municipios existe mayor riesgo de tergiversar el objetivo de los programas sociales.
En los programas federales “hay evaluación obligatoria, pero esas reglas no están a nivel estatal ni municipal por lo tanto depende de la voluntad”. De ahí que la recomendación del Coneval es que “en los congresos locales se den los pasos para la evaluación de programas estatales, equiparables a lo que pasa en la federación”.
De lo contrario, alertó que se continuaría con el uso político de los programas y recursos públicos. “Mientras más evaluaciones, auditorías, o incluso contralorías sociales hay menos posibilidad del uso político de los programas. Si en los estados no hay evaluación, es más probable del uso político”.
Aeguró que la transparencia es “vital”, sobre todo cuando se plantea un gravamen al consumo de 2 por ciento a cambio de fortalecer programas como Oportunidades, enfocados a combatir la pobreza. (México • Nayeli Roldán)
Consideró que la ineficacia es porque en la política social existen “demasiados” programas, “dispersos y focalizados”.
Por ello, insistió en que sólo con la universalización de los programas sociales podría lograrse la erradicación de la pobreza.
Respecto al programa Oportunidades, expuso que no ha demostrado eficacia para erradicar la pobreza, toda vez que incluso, ha aumentado el número de personas en dicha situación.
El también coordinador de Planeación de la UNAM propuso que el ingreso universal sea un derecho sin distingo de origen étnico, condición social o situación laboral.
Deberá consistir, abundó, en una transferencia mensual fija y aplicarse de manera gradual.
En su trabajo “Una Propuesta de Ingreso Ciudadano Universal (ICU) para México”, que le valió su ingreso a la (AEP) en días recientes, Del Val explicó que en la primera fase el costo anual de un ingreso sería de 815 pesos mensuales para 19 millones 459 mil personas, lo que significaría 1.6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
Durante la segunda etapa habría un monto mensual igual pero dirigido a 26 millones 765 mil mexicanos, que representaría 2.1 por ciento del PIB.
La tercera etapa sería para atender a 50 millones de mexicanos y se requeriría de 4.06 por ciento del PIB, lo que significaría “duplicar los recursos presupuestales actuales destinados a la superación de la pobreza” y para llegar al total de la población (106 millones de personas) se requeriría de 8.62 del PIB.
Los recursos se pueden obtener, propuso del Val, a través de la “reasignación” del presupuesto de programas de combate a la pobreza, el incremento de la recaudación tributaria, una reforma fiscal progresiva “para que paguen más los que más tienen, y que reduzca y elimine totalmente la evasión
y elusión de impuestos”.
También sugirió ahorros derivados de la reducción o desaparición de estructuras administrativas que hoy se requieren para la operación de los programas focalizados.
Abatir el paternalismo
Con la universalización de los programas, apuntó, también se acabaría con el “paternalismo, el manejo electoral” y se evitaría que la “dignidad” de las personas se vea afectada como actualmente sucede, que para
poder recibir recursos de la mayoría de los programas asistenciales
hay que ser sujeto a una investigación que evidencie ser pobre.
Enrique del Val sostuvo que el ICU es una forma de reducir la “terrible desigualdad” que impe-
ra en México, pues, de acuerdo con el INEGI, la diferencia de ingre-
so entre el más pobre y el más rico es de 146 veces y al mismo tiempo, evitar el clientelismo político utilizando a las poblaciones en mayor marginalidad.
- Claves
Reprobados
• De acuerdo con la Evaluación Específica de Desempeño 2008-2009 realizada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), resultaron reprobados cuatro programas enfocados a combatir la pobreza.
• Esos programas son Oportunidades, el abasto social de leche Liconsa, el Programa de Apoyo Alimentario Diconsa y el Programa de Apoyo a Zonas de Atención Prioritaria.
• Precisamente Oportunidades y el Programa de Apoyo Alimentaria son los dos principales de la estrategia del gobierno para abtir la pobreza y por los cuales está pidiendo más recursos.
Rendición de cuentas es voluntaria: Coneval
••• La rendición de cuentas de los programas sociales aplicados en los municipios obedece sólo a la voluntad, pero no es una obligación, de ahí que a menos transparencia, aumente el uso político de los mecanismos creados para erradicar la pobreza, aseguró el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Gonzalo Hernández Licona.
Urgió que los programas locales sean sometidos a evaluaciones estrictas como las que se aplican a los mecanismos federales, porque en los municipios existe mayor riesgo de tergiversar el objetivo de los programas sociales.
En los programas federales “hay evaluación obligatoria, pero esas reglas no están a nivel estatal ni municipal por lo tanto depende de la voluntad”. De ahí que la recomendación del Coneval es que “en los congresos locales se den los pasos para la evaluación de programas estatales, equiparables a lo que pasa en la federación”.
De lo contrario, alertó que se continuaría con el uso político de los programas y recursos públicos. “Mientras más evaluaciones, auditorías, o incluso contralorías sociales hay menos posibilidad del uso político de los programas. Si en los estados no hay evaluación, es más probable del uso político”.
Aeguró que la transparencia es “vital”, sobre todo cuando se plantea un gravamen al consumo de 2 por ciento a cambio de fortalecer programas como Oportunidades, enfocados a combatir la pobreza. (México • Nayeli Roldán)
Nayeli Roldán, Milenio, 23 de septiembre.
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