El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) consideró “decepcionante” la propuesta de paquete económico para 2010, manifestó que no contiene un proyecto de país a largo plazo y que se refugia en medidas parciales que sólo contribuyen a moderar los desequilibrios fiscales.
En materia impositiva, sostuvo el organismo dependiente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la propuesta presentada ante el Congreso de la Unión por el secretario de Hacienda no es más que una miscelanea fiscal que afectará principalmente a los causantes activos.
Criticó que el aumento en la tasa del impuesto sobre la renta (ISR) incidirá directamente en los contribuyentes que ya pagan impuestos, sin afectar a grupos informales que no lo hacen, pero que representan un costo importante para el gobierno federal, el cual debe satisfacer sus necesidades mediante servicios de salud, educación, seguridad y energía, entre otros.
Estos cuestionamientos del sector privado al paquete económico se inscriben en un contexto de rechazo generalizado de analistas del sector privado, académicos y cámaras industriales y de comercio.
El jueves pasado, 17 personajes de la política y la academia de México, entre los que destacan los ex secretarios de Hacienda, David Ibarra y Jesús Silva Herzog; el ex candidato presidencial y ex gobernador de Michoacán Cuauhtémoc Cárdenas; el ex director del Banco de México Carlos Tello; los ex subsecretarios de Hacienda Francisco Suárez Dávila y Carlos Heredia y el investigador Rolando Cordera, coincidieron en que el proyecto presupuestal de Felipe Calderón “está de cabeza” y su propuesta recaudatoria ahondará la recesión, generará tensión social e incentivará el desempleo.
El CEESP también reprobó que la propuesta fiscal para 2010 no incluyera eliminar los regímenes especiales que, dijo, provocan que el gobierno tenga pérdidas fiscales por 500 mil millones de pesos al año (3.98 por ciento del producto interno bruto (PIB).
La propuesta del Ejecutivo prevé un aumento temporal del ISR de 28 a 30 por ciento para empresas y personas físicas en el periodo 2010-2012; un aumento de 2 a 3 por ciento en la tasa del impuesto a los depósitos en efectivo (IDE) y que el monto a gravar sea a partir de 15 mil pesos, en vez de los 25 mil pesos actuales, así como una nueva contribución generalizada de 2 por ciento para el combate a la pobreza.
El paquete fiscal propone aplicar un impuesto de 4 por ciento a los servicios de telecomunicaciones como el uso de Internet y teléfono celular, exceptuando la telefonía pública y rural, así como el servicio de interconexión.
Así, cualquier usuario pagará 21 por ciento más de impuestos: 15 por ciento del impuesto al valor agregado (IVA), 4 por ciento de impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) y 2 por ciento del impuesto a la pobreza.
Además de esta cascada impositiva se propone ajustar de manera mensual los precios de las gasolinas, el gas y la electricidad.
El paquete, presentado el pasado 8 de septiembre en el Congreso de la Unión, pretende también incrementar la tasa en el impuesto a la cerveza de 25 a 28 por ciento, y una cuota adicional de 3 pesos por litro para las bebidas alcohólicas de más de 20 grados gl (Gay Lussac).
Adicionalmente se establece una cuota adicional de 80 centavos por cajetilla de 20 cigarrillos a partir de 2010, que aumentaría a dos pesos por cajetilla en el transcurso de cuatro años, y se incrementa de 20 a 30 por ciento la tasa de IEPS que se cobra en juegos y sorteos.
El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado destacó que la propuesta del Ejecutivo no refleja un esfuerzo claro para reducir el gasto gubernamental, aun cuando se contempla la desaparición de algunas secretarías, medida que calificó de insuficiente.
“Para 2010 se propone un total de gasto equivalente a 24.6 por ciento del PIB (...) Esto, en términos absolutos, lo vuelve a ubicar como el gasto históricamente más alto”, señaló el CEESP.
Cuestionó que con la propuesta, mientras la CNDH y los poderes Legislativo y Judicial verían incrementados sus recursos, la educación pública y comunicaciones y transportes tendrían una reducción de 18.9 y 6.7 por ciento, respectivamente, lo que implica una asignación ineficiente de recursos.
Opacidad presupuestal
“No cabe duda de que no hay recurso que alcance cuando no hay transparencia y rendición de cuentas, temas que brillaron por su ausencia en la propuesta del Ejecutivo. (...) Tal vez sea el momento de que el Poder Legislativo tome la iniciativa y proponga cambios radicales”, sentenció.
Por otra parte, el CEESP apremió al gobierno federal a implementar políticas públicas que permitan al país aprovechar el bono demográfico, debido a que de lo contrario “estaremos convirtiendo una oportunidad en un verdadero problema”.
Explicó que de acuerdo con estimaciones del Consejo Nacional de Población, México cuenta desde 2006 con un bono demográfico –momento en que la población económicamente activa (PEA) es mayor a la población dependiente– el cual se extenderá hasta 2028.
Esto, apuntó, conlleva retos de política pública, ya que para que la economía se beneficie del bono demográfico, deberá crear las condiciones necesarias para generar empleos productivos.
Sin embargo, para incorporar la PEA al mercado laboral, México necesita generar un millón 100 mil empleos al año, para lo cual se requiere una tasa de crecimiento económico de 5 por ciento anual.
No obstante, explica el CEESP, no sólo la generación de empleos permitirá que se obtenga el mayor provecho del bono, sino que habrá que invertir en capital humano para que la fuerza laboral esté a la altura de las necesidades de un mercado cada vez más demandante.
“Gran parte de los niños y jóvenes de hoy,. que serán la fuerza laboral del mañana,. viven en condiciones de pobreza y carecen de los medios necesarios para el pleno desarrollo de sus capacidades”, alertó.
Agregó que aun cuando existen programas como el de desayunos escolares y Oportunidades, no son suficientes y se requiere una estrategia social más completa que atienda las verdaderas necesidades de la población, que son también las de la economía.
“¿De qué sirven todos estos esfuerzos si la educación impartida en las escuelas es de mala calidad?”, preguntó el organismo.
Por un lado, sostuvo, se deben desarrollar las condiciones de crecimiento y generación de empleos necesarias para absorber a la PEA y, por el otro, políticas públicas encaminadas a desarrollar una fuerza laboral sana, capacitada en torno a las necesidades del mercado laboral, y capaz de integrarse a un mundo cada vez más competitivo, puntualizó.
En materia impositiva, sostuvo el organismo dependiente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la propuesta presentada ante el Congreso de la Unión por el secretario de Hacienda no es más que una miscelanea fiscal que afectará principalmente a los causantes activos.
Criticó que el aumento en la tasa del impuesto sobre la renta (ISR) incidirá directamente en los contribuyentes que ya pagan impuestos, sin afectar a grupos informales que no lo hacen, pero que representan un costo importante para el gobierno federal, el cual debe satisfacer sus necesidades mediante servicios de salud, educación, seguridad y energía, entre otros.
Estos cuestionamientos del sector privado al paquete económico se inscriben en un contexto de rechazo generalizado de analistas del sector privado, académicos y cámaras industriales y de comercio.
El jueves pasado, 17 personajes de la política y la academia de México, entre los que destacan los ex secretarios de Hacienda, David Ibarra y Jesús Silva Herzog; el ex candidato presidencial y ex gobernador de Michoacán Cuauhtémoc Cárdenas; el ex director del Banco de México Carlos Tello; los ex subsecretarios de Hacienda Francisco Suárez Dávila y Carlos Heredia y el investigador Rolando Cordera, coincidieron en que el proyecto presupuestal de Felipe Calderón “está de cabeza” y su propuesta recaudatoria ahondará la recesión, generará tensión social e incentivará el desempleo.
El CEESP también reprobó que la propuesta fiscal para 2010 no incluyera eliminar los regímenes especiales que, dijo, provocan que el gobierno tenga pérdidas fiscales por 500 mil millones de pesos al año (3.98 por ciento del producto interno bruto (PIB).
La propuesta del Ejecutivo prevé un aumento temporal del ISR de 28 a 30 por ciento para empresas y personas físicas en el periodo 2010-2012; un aumento de 2 a 3 por ciento en la tasa del impuesto a los depósitos en efectivo (IDE) y que el monto a gravar sea a partir de 15 mil pesos, en vez de los 25 mil pesos actuales, así como una nueva contribución generalizada de 2 por ciento para el combate a la pobreza.
El paquete fiscal propone aplicar un impuesto de 4 por ciento a los servicios de telecomunicaciones como el uso de Internet y teléfono celular, exceptuando la telefonía pública y rural, así como el servicio de interconexión.
Así, cualquier usuario pagará 21 por ciento más de impuestos: 15 por ciento del impuesto al valor agregado (IVA), 4 por ciento de impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) y 2 por ciento del impuesto a la pobreza.
Además de esta cascada impositiva se propone ajustar de manera mensual los precios de las gasolinas, el gas y la electricidad.
El paquete, presentado el pasado 8 de septiembre en el Congreso de la Unión, pretende también incrementar la tasa en el impuesto a la cerveza de 25 a 28 por ciento, y una cuota adicional de 3 pesos por litro para las bebidas alcohólicas de más de 20 grados gl (Gay Lussac).
Adicionalmente se establece una cuota adicional de 80 centavos por cajetilla de 20 cigarrillos a partir de 2010, que aumentaría a dos pesos por cajetilla en el transcurso de cuatro años, y se incrementa de 20 a 30 por ciento la tasa de IEPS que se cobra en juegos y sorteos.
El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado destacó que la propuesta del Ejecutivo no refleja un esfuerzo claro para reducir el gasto gubernamental, aun cuando se contempla la desaparición de algunas secretarías, medida que calificó de insuficiente.
“Para 2010 se propone un total de gasto equivalente a 24.6 por ciento del PIB (...) Esto, en términos absolutos, lo vuelve a ubicar como el gasto históricamente más alto”, señaló el CEESP.
Cuestionó que con la propuesta, mientras la CNDH y los poderes Legislativo y Judicial verían incrementados sus recursos, la educación pública y comunicaciones y transportes tendrían una reducción de 18.9 y 6.7 por ciento, respectivamente, lo que implica una asignación ineficiente de recursos.
Opacidad presupuestal
“No cabe duda de que no hay recurso que alcance cuando no hay transparencia y rendición de cuentas, temas que brillaron por su ausencia en la propuesta del Ejecutivo. (...) Tal vez sea el momento de que el Poder Legislativo tome la iniciativa y proponga cambios radicales”, sentenció.
Por otra parte, el CEESP apremió al gobierno federal a implementar políticas públicas que permitan al país aprovechar el bono demográfico, debido a que de lo contrario “estaremos convirtiendo una oportunidad en un verdadero problema”.
Explicó que de acuerdo con estimaciones del Consejo Nacional de Población, México cuenta desde 2006 con un bono demográfico –momento en que la población económicamente activa (PEA) es mayor a la población dependiente– el cual se extenderá hasta 2028.
Esto, apuntó, conlleva retos de política pública, ya que para que la economía se beneficie del bono demográfico, deberá crear las condiciones necesarias para generar empleos productivos.
Sin embargo, para incorporar la PEA al mercado laboral, México necesita generar un millón 100 mil empleos al año, para lo cual se requiere una tasa de crecimiento económico de 5 por ciento anual.
No obstante, explica el CEESP, no sólo la generación de empleos permitirá que se obtenga el mayor provecho del bono, sino que habrá que invertir en capital humano para que la fuerza laboral esté a la altura de las necesidades de un mercado cada vez más demandante.
“Gran parte de los niños y jóvenes de hoy,. que serán la fuerza laboral del mañana,. viven en condiciones de pobreza y carecen de los medios necesarios para el pleno desarrollo de sus capacidades”, alertó.
Agregó que aun cuando existen programas como el de desayunos escolares y Oportunidades, no son suficientes y se requiere una estrategia social más completa que atienda las verdaderas necesidades de la población, que son también las de la economía.
“¿De qué sirven todos estos esfuerzos si la educación impartida en las escuelas es de mala calidad?”, preguntó el organismo.
Por un lado, sostuvo, se deben desarrollar las condiciones de crecimiento y generación de empleos necesarias para absorber a la PEA y, por el otro, políticas públicas encaminadas a desarrollar una fuerza laboral sana, capacitada en torno a las necesidades del mercado laboral, y capaz de integrarse a un mundo cada vez más competitivo, puntualizó.
Juan Carlos Miranda, La Jornada, 14 de septiembre.
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