En el caso de Jacinta Francisco Marcial no procede la reparación del daño por el tiempo que estuvo en prisión, debido a que no fue declarada inocente, informó la Procuraduría General de la República (PGR).
En un oficio enviado a la Cámara de Diputados, y dado a conocer ayer ante el pleno, el director general de Normatividad, Jorge Alberto Lara Rivera, señala que la PGR no presentó conclusiones acusatorias en contra de la indígena otomí, no por ausencia de imputaciones, sino porque éstas fueron afectadas por nuevos elementos que llevaron a considerar la figura jurídica de la "duda razonable".
"Pero esto de ninguna manera significa que se haya demostrado, en el caso concreto, la inocencia de Jacinta Francisco, sino que no fue posible comprobar de manera plena su participación en la comisión de los delitos, por lo que se sigue el proceso en su contra.
"Se considera que el hecho de que se actualice una figura jurídica a favor de la procesada, con base en una duda razonable, respecto a su plena responsabilidad, esto no elimina jurídicamente las incriminaciones en su contra y de forma ineludible en el asunto que nos ocupa; existen delitos cometidos en agravio de otros ciudadanos", cita el documento.
Al actualizarse la duda razonable a favor de Jacinta Francisco, agrega, lo que procede es presentar conclusiones no acusatorias, después de que la autoridad judicial cierre la instrucción, y ello traerá como consecuencia que se decrete el sobreseimiento, con efectos de sentencia absolutoria, no por inocencia, sino por no existir elementos incriminatorios.
"Por ello, definitivamente, no procede que se le reparen los daños, con independencia de que pudiera intentar las acciones conforme a sus intereses", precisa.
En cambio, añade la PGR, las pruebas con que se cuenta no permiten que haya duda razonable respecto de la responsabilidad de las procesadas Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, acusadas del mismo delito que Jacinta, por lo que el proceso debe continuar su curso legal.
En un oficio enviado a la Cámara de Diputados, y dado a conocer ayer ante el pleno, el director general de Normatividad, Jorge Alberto Lara Rivera, señala que la PGR no presentó conclusiones acusatorias en contra de la indígena otomí, no por ausencia de imputaciones, sino porque éstas fueron afectadas por nuevos elementos que llevaron a considerar la figura jurídica de la "duda razonable".
"Pero esto de ninguna manera significa que se haya demostrado, en el caso concreto, la inocencia de Jacinta Francisco, sino que no fue posible comprobar de manera plena su participación en la comisión de los delitos, por lo que se sigue el proceso en su contra.
"Se considera que el hecho de que se actualice una figura jurídica a favor de la procesada, con base en una duda razonable, respecto a su plena responsabilidad, esto no elimina jurídicamente las incriminaciones en su contra y de forma ineludible en el asunto que nos ocupa; existen delitos cometidos en agravio de otros ciudadanos", cita el documento.
Al actualizarse la duda razonable a favor de Jacinta Francisco, agrega, lo que procede es presentar conclusiones no acusatorias, después de que la autoridad judicial cierre la instrucción, y ello traerá como consecuencia que se decrete el sobreseimiento, con efectos de sentencia absolutoria, no por inocencia, sino por no existir elementos incriminatorios.
"Por ello, definitivamente, no procede que se le reparen los daños, con independencia de que pudiera intentar las acciones conforme a sus intereses", precisa.
En cambio, añade la PGR, las pruebas con que se cuenta no permiten que haya duda razonable respecto de la responsabilidad de las procesadas Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, acusadas del mismo delito que Jacinta, por lo que el proceso debe continuar su curso legal.
Claudia Salazar, Reforma, 23 de septiembre.
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