El Ejército mantendrá “por periodos indefinidos” las operaciones de alto impacto que realiza contra los grupos del narcotráfico asentados en Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán, Coahuila y la región del Istmo de Tehuantepec, debido al “incremento de actos ilícitos cometidos por la delincuencia organizada”.
La Defensa Nacional señala en el tercer Informe de labores que continuará una fuerte presencia militar en las áreas de alta incidencia delictiva, con el propósito de capturar a “elementos clave” en las estructuras de los grupos criminales y asegurar drogas, armamento, vehículos e instalaciones.
Destaca que las manifestaciones del narcotráfico y delincuencia organizada son consideradas “amenazas al orden interno que rebasan las capacidades de las fuerzas de seguridad pública”, lo que hace necesaria la intervención del Ejército y Fuerza Aérea.
Refiere que la participación del Ejército en la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada tiene tres ejes principales: minar la base económica de los narcotraficantes al romper gradualmente el ciclo vegetativo de los enervantes.
Inhibir el uso del territorio nacional al tráfico de drogas, psicotrópicos, y precursores químicos, así como coadyuvar con otras autoridades en la desarticulación de las estructuras de la delincuencia organizada.
Estados buscan rearmarse
La Sedena indica que las 32 entidades federativas (incluyendo el Distrito Federal, la SSP federal, la PGR y el Cisen) han solicitado la adquisición de armamento con funcionamiento automático, calibre superior y granadas de diferentes características, para enfrentar al crimen organizado y contrarrestar su poder de fuego.
Precisa que las solicitudes se han presentado desde la firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad signado el 21 de agosto de 2008 hasta el 31 de agosto de 2009.
En dicho acuerdo se estableció el objetivo que tiene como propósito actualizar las licencias oficiales colectivas de portación de armas que expida la Sedena a los cuerpos de seguridad pública.
En cinco licencias oficiales colectivas ( pertenecientes al Cisen, dos al DF, una a Veracruz y otra a la Policía Federal), “se encuentra registrado diverso armamento con funcionamiento automático, siendo evaluados sus elementos policiales”.
- Claves
Estadísticas
• Como parte de la estrategia orientada a desmantelar los cárteles de la droga, la Sedena mantuvo un despliegue mensual promedio de 40 mil 750 militares durante el periodo del 1 de septiembre de 2008 al 31 de agosto de 2009.
• En el informe, la institución castrense agrega que “estas operaciones están orientadas a neutralizar las redes operativas, logísticas y financieras de las organizaciones criminales con presencia en áreas urbanas y suburbanas”.
La Defensa Nacional señala en el tercer Informe de labores que continuará una fuerte presencia militar en las áreas de alta incidencia delictiva, con el propósito de capturar a “elementos clave” en las estructuras de los grupos criminales y asegurar drogas, armamento, vehículos e instalaciones.
Destaca que las manifestaciones del narcotráfico y delincuencia organizada son consideradas “amenazas al orden interno que rebasan las capacidades de las fuerzas de seguridad pública”, lo que hace necesaria la intervención del Ejército y Fuerza Aérea.
Refiere que la participación del Ejército en la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada tiene tres ejes principales: minar la base económica de los narcotraficantes al romper gradualmente el ciclo vegetativo de los enervantes.
Inhibir el uso del territorio nacional al tráfico de drogas, psicotrópicos, y precursores químicos, así como coadyuvar con otras autoridades en la desarticulación de las estructuras de la delincuencia organizada.
Estados buscan rearmarse
La Sedena indica que las 32 entidades federativas (incluyendo el Distrito Federal, la SSP federal, la PGR y el Cisen) han solicitado la adquisición de armamento con funcionamiento automático, calibre superior y granadas de diferentes características, para enfrentar al crimen organizado y contrarrestar su poder de fuego.
Precisa que las solicitudes se han presentado desde la firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad signado el 21 de agosto de 2008 hasta el 31 de agosto de 2009.
En dicho acuerdo se estableció el objetivo que tiene como propósito actualizar las licencias oficiales colectivas de portación de armas que expida la Sedena a los cuerpos de seguridad pública.
En cinco licencias oficiales colectivas ( pertenecientes al Cisen, dos al DF, una a Veracruz y otra a la Policía Federal), “se encuentra registrado diverso armamento con funcionamiento automático, siendo evaluados sus elementos policiales”.
- Claves
Estadísticas
• Como parte de la estrategia orientada a desmantelar los cárteles de la droga, la Sedena mantuvo un despliegue mensual promedio de 40 mil 750 militares durante el periodo del 1 de septiembre de 2008 al 31 de agosto de 2009.
• En el informe, la institución castrense agrega que “estas operaciones están orientadas a neutralizar las redes operativas, logísticas y financieras de las organizaciones criminales con presencia en áreas urbanas y suburbanas”.
Ignacio Alzaga, Milenio, 3 de septiembre.
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