En un comunicado, informó que Alberto Brunori, representante de la Alta Comisionada visitó a la indígena en el Cereso Femenil de San José el Alto, Querétaro, y se entrevistó con la delegada de la PGR en la entidad, Norma Patricia Valdés.
"El caso de la señora Jacinta evidencia las dificultades que representa para las mujeres indígenas acceder a un sistema de justicia que garantice su derecho al debido proceso, como el derecho a contar con un perito traductor, a que se respete su presunción de inocencia, y a no ser sometido a una indebida dilación en el proceso, entre otros", señaló.
Expresó su preocupación por que el sistema penal mexicano pueda generar patrones de discriminación hacia la población indígena y particularmente hacia las mujeres.
Luego de reconocer la decisión de la PGR de presentar conclusiones no acusatorias en el caso de la otomí, exhortó a las autoridades competentes a realizar una valoración exhaustiva de las irregularidades procesales detectadas en la Recomendación 47/2009 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
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