La Procuraduría General de la República desistió de sus acusaciones contra la indígena otomí Jacinta Francisco Marcial, a quien responsabilizaba del secuestro de seis elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI, hoy Policía Federal Ministerial).
La mujer, al igual que otras dos acusadas del mismo delito, cumplió el mes pasado tres años encarcelada en el Centro de Readaptación de San José El Alto, Querétaro.
El pasado 15 de abril, un magistrado de circuito ordenó reponer el proceso judicial, al no encontrar pruebas del supuesto plagio ni de la participación de Jacinta.
Ante esto, la PGR adelantó que al final de la reposición, presentará conclusiones no acusatorias, en beneficio de la mujer, quien entonces podrá salir libre.
La decisión, explicó, se derivó de una objetiva valoración de las evidencias del expediente, en apego a la estricta aplicación del principio de legalidad y en total observancia a las garantías individuales de la procesada.
Hay “duda razonable” de la causa penal, reconoció.
Incluso anunció que colaborará con el juez para agilizar los careos procesales pendientes y exculpar a Jacinta, cuyo caso fue retomado para su defensa por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y que ha tenido no sólo un impacto nacional, sino internacional.
Sin embargo, la Procuraduría aclaró que esta resolución se aplicará sólo en el caso de Francisco Marcial, por lo que no habrá beneficios ni justicia para las otras dos indígenas (Alberta Alcántara y Teresa González) detenidas en las mismas circunstancias y acusadas del mismo delito. Sus casos no han tenido el seguimiento mediático dado a Jacinta.
“La duda razonable concerniente única y exclusivamente a la responsabilidad penal de la procesada Jacinta Francisco Marcial”, advirtió la dependencia.
La historia se desencadenó en marzo de 2006, cuando un grupo de AFI’s llegó a la Plaza Central de la comunidad de Santiago Mexquitlán para realizar un operativo contra la piratería, lo que terminó en un enfrentamiento, porque hubo destrozos y despojo de mercancías.
Los tianguistas, entre ellos Jacinta, quien vendía aguas frescas, exigieron la reparación de daños, lo que aceptó un jefe regional de la corporación. El grupo de agentes se fue y dejó en garantía a un elemento, hasta que se consumó el pago.
Cuatro meses después, el 3 de agosto, Jacinta fue detenida con engaños y acusada de secuestro. ¿La única prueba? Una fotografía publicada en un diario local, donde aparecía durante el choque en la plaza.
A finales de 2008 fue sentenciada a 21 años de cárcel.
El viraje de la PGR se da dos semanas después de que la delegada de la institución en Querétaro, Norma Patricia Valdés Argüelles, afirmara que las acusaciones de los AFI’s tenían fundamento y que el operativo de hace tres años había sido ejecutado conforme a reglamento. “Hay pruebas sólidas contra la señora”, dijo.
Recuento del caso Jacinta
26 de marzo de 2006: Un grupo de AFI’s, sin identificaciones ni uniformes, realizó un operativo antipiratería en el tianguis de la Plaza Central de Santiago Mexquititlán, Querétaro; despojaron de su mercancía a varias comerciantes, quienes después exigieron el pago de daños, lo que consintió un jefe regional: dijo que se trasladarían a San Juan Río Colorado para conseguir el dinero; uno de los agentes se quedó en el pueblo como garantía de pago, el cual se dio horas después.
3 de agosto de 2006: Jacinta fue llevada con engaños a la ciudad de Querétaro. Ahí se enteró de que la acusaban de secuestro, palabra que ella desconocía.
19 de diciembre de 2008: es sentenciada a 21 años de prisión y dos mil días de multa por el supuesto plagio de seis elementos de la AFI, al igual que otras dos indígenas: Alberta Alcántara y Teresa González.
15 de abril de 2009: Un magistrado de circuito ordenó reabrir el caso y reponer el procedimiento judicial al no encontrar evidencias suficientes para acreditar el plagio ni la participación de Jacinta.
6 de mayo de 2009: La Suprema Corte de Justicia amparó a la indígena y revocó la sentencia, al considerar que durante el proceso judicial al que fue sometida se violó su derecho a contar con un defensor que conociera su cultura y hablara su lengua.
19 de julio de 2009: la CNDH acusó a la PGR de crear falsos testigos en el caso y basar las acusaciones en testimonios de “oídas”. Y emitió una recomendación contra el procurador Eduardo Medina-Mora.
La mujer, al igual que otras dos acusadas del mismo delito, cumplió el mes pasado tres años encarcelada en el Centro de Readaptación de San José El Alto, Querétaro.
El pasado 15 de abril, un magistrado de circuito ordenó reponer el proceso judicial, al no encontrar pruebas del supuesto plagio ni de la participación de Jacinta.
Ante esto, la PGR adelantó que al final de la reposición, presentará conclusiones no acusatorias, en beneficio de la mujer, quien entonces podrá salir libre.
La decisión, explicó, se derivó de una objetiva valoración de las evidencias del expediente, en apego a la estricta aplicación del principio de legalidad y en total observancia a las garantías individuales de la procesada.
Hay “duda razonable” de la causa penal, reconoció.
Incluso anunció que colaborará con el juez para agilizar los careos procesales pendientes y exculpar a Jacinta, cuyo caso fue retomado para su defensa por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y que ha tenido no sólo un impacto nacional, sino internacional.
Sin embargo, la Procuraduría aclaró que esta resolución se aplicará sólo en el caso de Francisco Marcial, por lo que no habrá beneficios ni justicia para las otras dos indígenas (Alberta Alcántara y Teresa González) detenidas en las mismas circunstancias y acusadas del mismo delito. Sus casos no han tenido el seguimiento mediático dado a Jacinta.
“La duda razonable concerniente única y exclusivamente a la responsabilidad penal de la procesada Jacinta Francisco Marcial”, advirtió la dependencia.
La historia se desencadenó en marzo de 2006, cuando un grupo de AFI’s llegó a la Plaza Central de la comunidad de Santiago Mexquitlán para realizar un operativo contra la piratería, lo que terminó en un enfrentamiento, porque hubo destrozos y despojo de mercancías.
Los tianguistas, entre ellos Jacinta, quien vendía aguas frescas, exigieron la reparación de daños, lo que aceptó un jefe regional de la corporación. El grupo de agentes se fue y dejó en garantía a un elemento, hasta que se consumó el pago.
Cuatro meses después, el 3 de agosto, Jacinta fue detenida con engaños y acusada de secuestro. ¿La única prueba? Una fotografía publicada en un diario local, donde aparecía durante el choque en la plaza.
A finales de 2008 fue sentenciada a 21 años de cárcel.
El viraje de la PGR se da dos semanas después de que la delegada de la institución en Querétaro, Norma Patricia Valdés Argüelles, afirmara que las acusaciones de los AFI’s tenían fundamento y que el operativo de hace tres años había sido ejecutado conforme a reglamento. “Hay pruebas sólidas contra la señora”, dijo.
Recuento del caso Jacinta
26 de marzo de 2006: Un grupo de AFI’s, sin identificaciones ni uniformes, realizó un operativo antipiratería en el tianguis de la Plaza Central de Santiago Mexquititlán, Querétaro; despojaron de su mercancía a varias comerciantes, quienes después exigieron el pago de daños, lo que consintió un jefe regional: dijo que se trasladarían a San Juan Río Colorado para conseguir el dinero; uno de los agentes se quedó en el pueblo como garantía de pago, el cual se dio horas después.
3 de agosto de 2006: Jacinta fue llevada con engaños a la ciudad de Querétaro. Ahí se enteró de que la acusaban de secuestro, palabra que ella desconocía.
19 de diciembre de 2008: es sentenciada a 21 años de prisión y dos mil días de multa por el supuesto plagio de seis elementos de la AFI, al igual que otras dos indígenas: Alberta Alcántara y Teresa González.
15 de abril de 2009: Un magistrado de circuito ordenó reabrir el caso y reponer el procedimiento judicial al no encontrar evidencias suficientes para acreditar el plagio ni la participación de Jacinta.
6 de mayo de 2009: La Suprema Corte de Justicia amparó a la indígena y revocó la sentencia, al considerar que durante el proceso judicial al que fue sometida se violó su derecho a contar con un defensor que conociera su cultura y hablara su lengua.
19 de julio de 2009: la CNDH acusó a la PGR de crear falsos testigos en el caso y basar las acusaciones en testimonios de “oídas”. Y emitió una recomendación contra el procurador Eduardo Medina-Mora.
Daniel Blancas Madrigal, Crónica, 4 de septiembre.
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