A dos años de la elección presidencial de 2012 y con una clara ventaja en las encuestas de opinión, el priismo planteó suprimir el “candado” constitucional que impide a cualquiera de las fuerzas políticas nacionales alcanzar en el Poder Legislativo una representación 8 por ciento superior al porcentaje de su votación nacional.
Con ello se pretende “garantizar la gobernabilidad, eliminando la cláusula que impide la formación de mayorías estables”, afirmó el legislador priista César Augusto Santiago, al presentar el proyecto de “reforma del poder público”.
La iniciativa del PRI prevé la modificación a 34 artículos de la Constitución y plantea la restauración de la ceremonia del Informe presidencial, con un nuevo diseño que dispone la asistencia del mandatario en turno al Congreso General para escuchar y responder los cuestionamientos de los diputados y senadores, pero sin un debate directo.
El esquema de rendición de cuentas obligaría a los secretarios de Estado a entregar un informe semestral a la Cámara de Diputados y al Senado, en tanto que el Ejecutivo federal tendría que presentar trimestralmente un informe sobre el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Suscrita por los diputados Francisco Rojas y Emilio Chuayffet, el proyecto de reformas constitucionales concede a la Cámara de Diputados la facultad de aprobar el Plan Nacional de Desarrollo y propone autonomía plena para el Servicio de Administración Tributaria.
En materia electoral, los legisladores del Revolucionario Institucional incluyeron en su propuesta la reducción de la edad mínima para ocupar el cargo de diputado federal, de 21 a 18 años, y la creación de una sexta circunscripción en el extranjero, para la elección de legisladores migrantes.
Asimismo, promueve la posibilidad de que el IFE organice la elección interna de los candidatos a puestos de elección popular, a petición expresa de los partidos interesados.
Como parte de su reforma política, el PRI remarcó la importancia de crear una nueva Contraloría General del organismo electoral, pero integrada por tres personas en lugar de una, y obligada a rendir anualmente un informe a la Cámara de Diputados.
En el ámbito del Poder Legislativo, el documento consensuado con los 19 gobernadores de extracción priista pretende ampliar las facultades de las comisiones especiales para llamar a comparecer a funcionarios públicos e incluso a particulares para desahogar sus investigaciones.
Por vez primera incluye un mandato constitucional para que la Cámara de Diputados y el Senado expidan un Código de Cortesía y Disciplina para regular el comportamiento de sus integrantes, sin menoscabo de su inmunidad para ser reconvenidos por sus opiniones.
Servir al país
Al presentar la propuesta de reforma política del PRI, César Augusto Santiago remarcó que su bancada “no pretende la exclusividad, ni mucho menos piensa que su proyecto es o debe ser el único”.
“No sucumbimos a la grandilocuencia que se ufana en postular lo propio como lo único. Preferimos servirle al país en este momento de crisis”, arengó.
Ello, después de que su correligionario Manlio Fabio Beltrones, coordinador del PRI en el Senado, afirmara que la propuesta de los diputados no corresponde al “espíritu” del Revolucionario Institucional.
México. Fernando Damián y Daniel Venegas, Milenio, 26 de marzo.
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