La Suprema Corte de Justicia (SCJN) revisará de manera directa el caso de las indígenas Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara Juan, sentenciadas en primera instancia a 21 años de prisión, acusadas de privación de la libertad en contra de seis elementos de la Agencia Federal de Investigación.
La Primera Sala de la Corte resolvió “conocer de oficio” el recurso de apelación promovido por ambas indígenas, quienes fueron sentenciadas el 24 de febrero
La decisión de revisar el caso fue resultado de una petición formulada por el ministro Juan Silva Meza.
Se trata de la primera ocasión en que la Corte ejerce una facultad consignada en el artículo 105 de la Constitución para hacerse cargo de la apelación contra una condena penal, que es la segunda instancia de un proceso y de ordinario corresponde a un tribunal unitario de circuito.
Lo usual es que los ministros de la Corte esperan a que se dicte sentencia en segunda instancia, y sólo atraen el caso si la condena es confirmada y se tratara de un asunto relevante y hay demanda de amparo.
“El asunto permitirá, si es el caso, que esta Primera Sala continúe perfeccionando sus criterios relacionados con asuntos que involucren la prohibición a la discriminación, los derechos de la mujer y los derechos de los pueblos indígenas”, explicó la Corte al informar del caso.
El tema de González Cornelio y Alcántara Juan ni siquiera estaba en la lista oficial de la sesión de ayer de la sala, sino que fue presentada de última hora y aprobado por unanimidad.
Corresponderá a la ministra Olga Sánchez Cordero elaborar el proyecto de sentencia del asunto de las dos indígenas, quienes han sido designadas “presas de conciencia” por organizaciones como Amnistía Internacional.
Las dos sentenciadas fueron detenidas en agosto de 2006, después de incidentes registrados en marzo de ese mismo año, cuando agentes de la AFI realizaron un operativo para decomisar mercancía pirata de tianguistas de Santiago Mexquititlán, Querétaro.
La Primera Sala de la Corte resolvió “conocer de oficio” el recurso de apelación promovido por ambas indígenas, quienes fueron sentenciadas el 24 de febrero
La decisión de revisar el caso fue resultado de una petición formulada por el ministro Juan Silva Meza.
Se trata de la primera ocasión en que la Corte ejerce una facultad consignada en el artículo 105 de la Constitución para hacerse cargo de la apelación contra una condena penal, que es la segunda instancia de un proceso y de ordinario corresponde a un tribunal unitario de circuito.
Lo usual es que los ministros de la Corte esperan a que se dicte sentencia en segunda instancia, y sólo atraen el caso si la condena es confirmada y se tratara de un asunto relevante y hay demanda de amparo.
“El asunto permitirá, si es el caso, que esta Primera Sala continúe perfeccionando sus criterios relacionados con asuntos que involucren la prohibición a la discriminación, los derechos de la mujer y los derechos de los pueblos indígenas”, explicó la Corte al informar del caso.
El tema de González Cornelio y Alcántara Juan ni siquiera estaba en la lista oficial de la sesión de ayer de la sala, sino que fue presentada de última hora y aprobado por unanimidad.
Corresponderá a la ministra Olga Sánchez Cordero elaborar el proyecto de sentencia del asunto de las dos indígenas, quienes han sido designadas “presas de conciencia” por organizaciones como Amnistía Internacional.
Las dos sentenciadas fueron detenidas en agosto de 2006, después de incidentes registrados en marzo de ese mismo año, cuando agentes de la AFI realizaron un operativo para decomisar mercancía pirata de tianguistas de Santiago Mexquititlán, Querétaro.
La Crónica, 18 de marzo.
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