BUENOS AIRES.— La compra de votos y los reclamos por la “falta de transparencia” en los comicios legislativos colombianos, sobrevinieron con fuerza ayer después de que la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA), encabezada por el chileno Enrique Correa, oficializara su denuncia de irregularidades en el interior del país, y los dos candidatos a la presidencia del Partido Conservador, cruzaran acusaciones por la suspensión del escrutinio.
Correa, quien pasado domingo en la noche había dado a conocer los casos de compra de votos detectados por su equipo de observadores, ratificó ayer que esos casos se dieron en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cundinamarca, Magdalena, Nariño y Norte de Santander, donde “se observaron que el pago mínimo a cambio de un voto era de 20 mil pesos (11 dólares) y un sandwich”. Al presentar un informe sobre la veeduría por parte de la OEA, Correa calificó de “inadmisible y descarado” el accionar de las personas que compraban votos a tal punto que uno de los observadores en una mesa electoral recibió el ofrecimiento de para “vender su voto”.
En medio de esas irregularidades y de que aún no se finalizó con el escrutinio final (aún van por el 92%) para determinar la conformación final del Senado y la Cámara, la tensión en el Partido Conservador, la que debe determinar el futuro inmediato del oficialismo, subió su nivel ayer cuando tanto Noemí Sanín, que va al frente por una diferencia de casi 400 votos, como Andrés Felipe Arias, denunciaron irregularidades y que la suspensión del escrutinio que aún va en el 51%, afecta sus posibilidades electorales.
En una carta, Sanín le pidió a la misión de la OEA “su pronta colaboración con la vigilancia activa y atenta al transporte, custodia y escrutinio de los votos correspondientes a la consulta interna del Partido Conservador”.
Desde el domingo en la noche, cuando el escrutinio ya se vislumbraba por demás lento, las denuncias y sospechas se fueron sucediendo e incluso llegaron hasta funcionarios del Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC), acusado de haber trabajado en el escrutinio, alcoholizados.
Entre tanto, las autoridades colombianas habilitaron ayer tres aeropuertos para facilitar la liberación de dos de los 24 militares que están en poder de las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El Ministerio de Defensa dispuso las terminales aéreas de las sureñas localidades de San José del Guaviare, Villavicencio y Florencia para el desplazamiento de las aeronaves brasileñas que recogerán a los rehenes de los insurgentes en los próximos días.
Correa, quien pasado domingo en la noche había dado a conocer los casos de compra de votos detectados por su equipo de observadores, ratificó ayer que esos casos se dieron en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cundinamarca, Magdalena, Nariño y Norte de Santander, donde “se observaron que el pago mínimo a cambio de un voto era de 20 mil pesos (11 dólares) y un sandwich”. Al presentar un informe sobre la veeduría por parte de la OEA, Correa calificó de “inadmisible y descarado” el accionar de las personas que compraban votos a tal punto que uno de los observadores en una mesa electoral recibió el ofrecimiento de para “vender su voto”.
En medio de esas irregularidades y de que aún no se finalizó con el escrutinio final (aún van por el 92%) para determinar la conformación final del Senado y la Cámara, la tensión en el Partido Conservador, la que debe determinar el futuro inmediato del oficialismo, subió su nivel ayer cuando tanto Noemí Sanín, que va al frente por una diferencia de casi 400 votos, como Andrés Felipe Arias, denunciaron irregularidades y que la suspensión del escrutinio que aún va en el 51%, afecta sus posibilidades electorales.
En una carta, Sanín le pidió a la misión de la OEA “su pronta colaboración con la vigilancia activa y atenta al transporte, custodia y escrutinio de los votos correspondientes a la consulta interna del Partido Conservador”.
Desde el domingo en la noche, cuando el escrutinio ya se vislumbraba por demás lento, las denuncias y sospechas se fueron sucediendo e incluso llegaron hasta funcionarios del Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC), acusado de haber trabajado en el escrutinio, alcoholizados.
Entre tanto, las autoridades colombianas habilitaron ayer tres aeropuertos para facilitar la liberación de dos de los 24 militares que están en poder de las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El Ministerio de Defensa dispuso las terminales aéreas de las sureñas localidades de San José del Guaviare, Villavicencio y Florencia para el desplazamiento de las aeronaves brasileñas que recogerán a los rehenes de los insurgentes en los próximos días.
José Vales corresponsal, El Universal, 17 de marzo.
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