Con un concepto de transformación del poder público, la bancada del PRI en San Lázaro presentó una iniciativa de reforma política que toca 32 artículos de la Constitución para modernizar al Congreso, al que volvería la formación de mayorías; fortalecer órganos autónomos del Estado; ampliar a cuatro años el periodo de alcalde; otorgar vida de ayuntamiento a las delegaciones del Distrito Federal, con autoridad para cobrar predial, y dicta un nuevo esquema de Informe presidencial, al que agrega la modalidad de reportes trimestrales.
“El poder público tiene que reformarse para satisfacer las aspiraciones del pueblo mexicano”, afirmó en tribuna el diputado César Augusto Santiago, vicecoordinador de los priístas, al presentar la iniciativa, acompañada de 194 firmas de los 237 integrantes del grupo, que debatió los contenidos con aportaciones por regiones del país.
En su gama de propuestas destaca la eliminación del veto presidencial de bolsillo; da a la Cámara baja la fiscalización del IFE; instala una sexta circunscripción electoral para diputados residentes en el extranjero, e impone por vez primera “un código de cortesía y disciplina” al comportamiento de los legisladores.
El formato del Informe propuesto establece que el Presidente de la República enviará su reporte del estado de la administración pública 15 días antes de la sesión del Congreso general del 1 de septiembre, a la que asistirá y que “no será de debate entre poderes, sino un mecanismo de colaboración e información”.
Plantean mensaje político
El jefe del Ejecutivo federal escuchará los posicionamientos de los partidos políticos, y en su mensaje dará respuesta a los cuestionamientos escritos, que siete días antes le pudieron enviar los grupos parlamentarios. Dará un mensaje político a la nación en el que debe incluir su programa legislativo anual. Las dependencias federales deberán entregar reportes trimestrales de su ejercicio.
En disposiciones que afectan a los particulares, está la reforma que prohíbe dar a conocer el nombre de un arraigado, para proteger el prestigio de quien se trate. Además, los particulares pueden ser llamados a comparecer ante comisiones investigadoras del Congreso.
El Plan Nacional de Desarrollo deberá ser aprobado por la Cámara baja y será obligatorio para el Ejecutivo. Plantea la autonomía del Sistema de Administración Tributaria (SAT), que será dirigido por una junta de gobierno.
Establece la Contraloría General Electoral, integrada por tres personas que serán designadas por los diputados, a quienes le rendirán cuentas. Se coordinarán con la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Además, otorga márgenes de eficacia a la ASF.
Los priístas proponen darle a los ciudadanos de 18 años el derecho a ser electos diputados federales.
“El poder público tiene que reformarse para satisfacer las aspiraciones del pueblo mexicano”, afirmó en tribuna el diputado César Augusto Santiago, vicecoordinador de los priístas, al presentar la iniciativa, acompañada de 194 firmas de los 237 integrantes del grupo, que debatió los contenidos con aportaciones por regiones del país.
En su gama de propuestas destaca la eliminación del veto presidencial de bolsillo; da a la Cámara baja la fiscalización del IFE; instala una sexta circunscripción electoral para diputados residentes en el extranjero, e impone por vez primera “un código de cortesía y disciplina” al comportamiento de los legisladores.
El formato del Informe propuesto establece que el Presidente de la República enviará su reporte del estado de la administración pública 15 días antes de la sesión del Congreso general del 1 de septiembre, a la que asistirá y que “no será de debate entre poderes, sino un mecanismo de colaboración e información”.
Plantean mensaje político
El jefe del Ejecutivo federal escuchará los posicionamientos de los partidos políticos, y en su mensaje dará respuesta a los cuestionamientos escritos, que siete días antes le pudieron enviar los grupos parlamentarios. Dará un mensaje político a la nación en el que debe incluir su programa legislativo anual. Las dependencias federales deberán entregar reportes trimestrales de su ejercicio.
En disposiciones que afectan a los particulares, está la reforma que prohíbe dar a conocer el nombre de un arraigado, para proteger el prestigio de quien se trate. Además, los particulares pueden ser llamados a comparecer ante comisiones investigadoras del Congreso.
El Plan Nacional de Desarrollo deberá ser aprobado por la Cámara baja y será obligatorio para el Ejecutivo. Plantea la autonomía del Sistema de Administración Tributaria (SAT), que será dirigido por una junta de gobierno.
Establece la Contraloría General Electoral, integrada por tres personas que serán designadas por los diputados, a quienes le rendirán cuentas. Se coordinarán con la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Además, otorga márgenes de eficacia a la ASF.
Los priístas proponen darle a los ciudadanos de 18 años el derecho a ser electos diputados federales.
Juan Arvizu y Andrea Merlos, El Universal, 26 de marzo.
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