El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, reveló la confesión de un testigo según la cual una alianza de narcotraficantes y miembros de una brigada militar en Ocaña, en el nordeste del país, sería la responsable de ejecuciones extrajudiciales en esa región.
“Ese testigo ha traído unas pruebas bien significativas de que en 2006 y 2007 (...) bandas del narcotráfico de la región penetraron la Brigada y consiguieron alianzas (...) para poder avanzar en el negocio de la coca y, para aparentar que sí perseguían a los narcotraficantes, asesinaron a personas inocentes”, reveló Uribe.
También escucharon el mismo testimonio el ministro de Defensa, Gabriel Silva, y el director del Programa de Derechos Humanos de la Vicepresidencia, Carlos Franco, así como otros funcionarios de la ONU, añadió Uribe.
Las ejecuciones extrajudiciales llamadas en el país “falsos positivos”, se hicieron evidentes a fines de 2008 tras el hallazgo en Ocaña de los cadáveres de un grupo de jóvenes de la localidad de Soacha, vecina a Bogotá, desaparecidos meses atrás.
Los cuerpos, que habían sido presentados como sin identificar y caídos en combate, se correspondían con los desaparecidos de Soacha, a unos 700 kilómetros, quienes, según testigos, habían sido contactados por personas que les habían ofrecido un trabajo agrícola. Uribe remitió el testigo a la Fiscalía General, que investiga unas 1,200 denuncias de “falsos positivos”.
En tanto, la entrega de dos rehenes colombianos de la guerrilla de las FARC a una comisión humanitaria, prevista inicialmente para sábado y lunes, fue aplazada por cuestiones de logística para domingo y martes, informó el alto comisionado de Paz del gobierno, Frank Pearl.
Según la senadora Piedad Córdoba, a quien las FARC se comprometieron a entregar a los dos rehenes, las FARC liberarían inicialmente al soldado Josué Daniel Calvo, secuestrado en abril de 2009.
Luego sería entregado el suboficial del ejército Pablo Emilio Moncayo quien se encuentra en poder del grupo rebelde desde diciembre de 1997.
Para ello, según Pearl, los miembros de la misión humanitaria integrada por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la Iglesia católica y Córdoba, estarían viajando el viernes hacia la población brasileña de San Gabriel, en la frontera con Colombia. Desde allí saldrán los helicópteros facilitados por el gobierno de Brasil para recoger a los rehenes, a quienes las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en un comunicado de abril de 2009, se comprometieron a liberar.
Los dos uniformados son parte de un grupo de 23 militares y policías que las FARC mantienen como rehenes y proponen canjear por unos 500 guerrilleros presos, lo que rechaza el presidente Uribe.
“Ese testigo ha traído unas pruebas bien significativas de que en 2006 y 2007 (...) bandas del narcotráfico de la región penetraron la Brigada y consiguieron alianzas (...) para poder avanzar en el negocio de la coca y, para aparentar que sí perseguían a los narcotraficantes, asesinaron a personas inocentes”, reveló Uribe.
También escucharon el mismo testimonio el ministro de Defensa, Gabriel Silva, y el director del Programa de Derechos Humanos de la Vicepresidencia, Carlos Franco, así como otros funcionarios de la ONU, añadió Uribe.
Las ejecuciones extrajudiciales llamadas en el país “falsos positivos”, se hicieron evidentes a fines de 2008 tras el hallazgo en Ocaña de los cadáveres de un grupo de jóvenes de la localidad de Soacha, vecina a Bogotá, desaparecidos meses atrás.
Los cuerpos, que habían sido presentados como sin identificar y caídos en combate, se correspondían con los desaparecidos de Soacha, a unos 700 kilómetros, quienes, según testigos, habían sido contactados por personas que les habían ofrecido un trabajo agrícola. Uribe remitió el testigo a la Fiscalía General, que investiga unas 1,200 denuncias de “falsos positivos”.
En tanto, la entrega de dos rehenes colombianos de la guerrilla de las FARC a una comisión humanitaria, prevista inicialmente para sábado y lunes, fue aplazada por cuestiones de logística para domingo y martes, informó el alto comisionado de Paz del gobierno, Frank Pearl.
Según la senadora Piedad Córdoba, a quien las FARC se comprometieron a entregar a los dos rehenes, las FARC liberarían inicialmente al soldado Josué Daniel Calvo, secuestrado en abril de 2009.
Luego sería entregado el suboficial del ejército Pablo Emilio Moncayo quien se encuentra en poder del grupo rebelde desde diciembre de 1997.
Para ello, según Pearl, los miembros de la misión humanitaria integrada por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la Iglesia católica y Córdoba, estarían viajando el viernes hacia la población brasileña de San Gabriel, en la frontera con Colombia. Desde allí saldrán los helicópteros facilitados por el gobierno de Brasil para recoger a los rehenes, a quienes las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en un comunicado de abril de 2009, se comprometieron a liberar.
Los dos uniformados son parte de un grupo de 23 militares y policías que las FARC mantienen como rehenes y proponen canjear por unos 500 guerrilleros presos, lo que rechaza el presidente Uribe.
Milenio, 26 de marzo.
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