Redefinen delito de tuiteros para liberarlos

XALAPA. Con el fin que los dos cibernautas acusados de terrorismo y sabotaje puedan obtener su libertad bajo fianza, el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, envió una iniciativa de reforma al Código Penal para crear el delito de perturbación del orden público.

El secretario de Gobierno, Gerardo Buganza Salmerón, informó que como una forma de ser benevolentes con los dos tuiteros que difundieron rumores falsos sobre ataques del narco a escuelas publicas, se decidió crear este delito —que en las próximas horas será aprobado por el Congreso— y así puedan alcanzar la libertad bajo fianza.

La propuesta establece una sanción de uno a cuatro años de prisión por este nuevo ilícito, el cual se aplicará a los cibernautas Gilberto Martínez Vera y María de Jesús Bravo Pagola, acusados de terrorismo por infundir miedo, temor y zozobra el pasado 25 de agosto a través de las redes sociales.

En conferencia de prensa, el funcionario estatal dijo que con esto se atienden las peticiones de diversos sectores de la sociedad para ser benevolentes con los dos cibernautas detenidos en el penal de Pacho Viejo.

“Si bien la Iglesia Católica reconoció las graves faltas de los llamados tuiteros, también hizo un llamado a formular leyes más justas y menos severas. Por ello, el interés del gobernador Javier Duarte de reclasificar el delito y modificar el Código Penal”, dijo.

Subrayó que con este artículo se buscará que el delito, con el que se ha señalado a estas personas, no sea manejado como terrorismo (alcanzarían una pena de tres a 30 años), sino de perturbación del orden público, con el que se impondrá prisión de uno a cuatro años o multa de 500 a mil días de salario.

La periodista María de Jesús Bravo Pagola y el profesor Gilberto Martínez Vera fueron detenidos el viernes 26 de agosto por representantes de la Procuraduría General de Justicia de Veracruz (PGJV), acusados por la presunta comisión de los delitos de sabotaje y terrorismo.

Cinco días después, un juez les dictó formal prisión.

Organizaciones como Amnistía Internacional se unieron al rechazo de dicha pena.

Edgar Ávila corresponsal, El Universal, 13 de septiembre.