Cofetel, regulador sin poder: OCDE


La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) consideró que la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) no cuenta con suficiente independencia, autonomía y poder ejercer su mandato de supervisar, revisar y promover la competencia y la eficiencia en el desarrollo del sector de las telecomunicaciones.
“La Cofetel debe contar con facultades similares a las de Comisión Federal de Competencia (CFC), incluyendo autonomía presupuestal”, dijo el organismo en el documento Getting it Right. Una agenda Estratégica para las Reformas en México. La OCDE recomendó considerar de alta prioridad la reforma institucional.
La relación entre las instituciones encargadas del diseño de políticas públicas y las entidades reguladoras debe ser clarificada y formalizada para asegurar que la responsabilidad de la regulación esté en el ámbito de la Cofetel, en tanto que la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) se encargue de las políticas.
La falta de claridad actual genera largos e inciertos procesos de decisión que se complican con la “doble ventanilla”, dijo la OCDE.
La Comisión, indicó la OCDE, necesita desarrollar un proceso abierto y transparente para toma de decisiones y determinaciones regulatorias.
Los participantes del mercado, así como los consumidores y usuarios, deben tener la oportunidad de comentar propuestas y que éstos se hagan públicos, respetando los temas de confidencialidad comercial.
“La transparencia en los procesos de toma de decisiones reduciría el riesgo de demandas y mejoraría la calidad en general de las decisiones de la Cofetel”, dijo la OCDE.
También consideró como necesario establecer una división clara entre la Cofetel y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) con la idea de establecer un procedimiento transparente de resolución de controversias, especificando los tiempos para la resolución de quejas de los consumidores en cuanto a la calidad y prestación efectiva del servicio.
Abuso de amparos
La OCDE dijo que el sistema legal actual, que permite que los tribunales suspendan y anulen las políticas y decisiones regulatorias va en detrimento del interés público.
El abuso que los operadores de telecomunicaciones han hecho del recurso de amparo, ha frustrado y retrasado la regulación diseñada para promover competencia por el hecho de que los tribunales frecuentemente suspenden y anulan las políticas y decisiones regulatorias.
Ramiro Alonso, El Universal, 21 de enero.

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