Resisten a colaborar en lucha anticrimen

Representantes empresariales de telecomunicaciones y radiodifusión expresaron resistencia para colaborar con las autoridades federales y estatales en el combate a la delincuencia organizada.

Alertaron sobre la falta de claridad de las disposiciones propuestas por el Presidente Enrique Peña Nieto para que las empresas proporcionen información de los usuarios, realicen bloqueos y coadyuven en la intervención de comunicaciones privadas, a petición de la PGR, procuradurías estatales o el Ministerio Público.

Gabriel Székely, de la Asociación Nacional de Telecomunicaciones, expuso que la iniciativa del Ejecutivo ni siquiera establece como requisito la existencia de una orden judicial para poder intervenir las comunicaciones telefónicas.

Víctor Gutiérrez Martínez, de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, dijo que de aprobarse la propuesta del Ejecutivo para que los concesionarios almacenen los datos de los usuarios durante dos años los costos de los servicios podrían elevarse.

"Proponemos una reducción de tiempo para que los usuarios no carguen con estos costos en los que tendría que incurrir el concesionario", planteó.

Claudia Salazar y José David Estrada, La Jornada, 3 de abril.

'Duelen' multas a concesionarios

Concesionarios de radio y televisión denunciaron ayer que la propuesta del Presidente Enrique Peña Nieto en materia de telecomunicaciones contiene sanciones desproporcionadas contra las empresas que violenten el marco legal.

Durante un foro convocado por el Senado, representantes de diversas cámaras de la industria expresaron su preocupación por los montos establecidos en la iniciativa, que podrían rebasar los 11 mil millones de pesos, dependiendo de la gravedad y la reincidencia de la falta en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.

Eduardo Ruiz Vega, de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), pidió a los senadores cuidar la proporcionalidad de los castigos monetarios.

"Resulta muy preocupante para los industriales de la radio y televisión que se pretendan imponer sanciones determinadas, a su vez, con base en el nivel de ingresos de las estaciones de radiodifusión.

"Un pilar de la reforma constitucional consiste en ensanchar el ámbito de las libertades de expresión e información. Los criterios desproporcionales para sancionar a los medios radiodifundidos deben ser vistos como un escollo contrario al ejercicio de estas libertades", expuso.

José Antonio García, de la Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones por Cable (Canitec), consideró que los montos de las sanciones podrían frenar el crecimiento de empresas que no tienen la capacidad para pagarlas.

"Estamos hablando del 5 por ciento de los ingresos, sin tomar en cuenta gastos operativos, inversiones, gastos de proveedores, además de impuestos.

"Hay empresas que tan pequeñas que no tendrían ni para tener un crecimiento en inversión", expresó.

Víctor Gutiérrez Martínez, de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti), pidió revisar los criterios para determinar las penalidades.

ALERTAN POR DISCRECIÓN

Los ponentes también exigieron a los legisladores modificar la propuesta del Ejecutivo para otorgar certidumbre jurídica en la prórroga de los títulos de concesión.

"Al dejarse abierta la posibilidad de que en la prórroga implique cualquier nueva condición que determine la autoridad sin acotar en qué rubros, se deja abierta la puerta a actos discrecionales que disminuyen la certidumbre jurídica", denunció el enviado de la CIRT.

Gutiérrez Martínez advirtió que, si una empresa recibió la concesión, debiera de poder asegurarse una prórroga, de haber cumplido con todas las obligaciones previstas.

Claudia Salazar y José David Estrada, Reforma, 3 de abril.

Cascada de quejas de la CIRT por la reforma de Peña Nieto

La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) demandó en el Senado que se modifique la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto, a fin de reducir aún más los requisitos para la prórroga de concesiones para el pago de la contraprestación al Estado por el uso de las frecuencias radioeléctricas.

Exigió asimismo a los legisladores supervisar que se cumpla la prohibición de publicidad a los medios públicos y sociales y revisar las sanciones económicas a la concesionarios por incumplimiento de la ley, ya que son ‘‘desproporcionadas’’.

En el primer día de las audiencias públicas convocadas por las comisiones dictaminadoras, representantes de las cámaras de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y de Tecnología de la Información (Canieti) y de la Industria de Telecomunicaciones por Cable (Canitec) expresaron también preocupación por las sanciones y por las obligaciones que se les imponen de bloquear e inhibir señales, así como de intervenir teléfonos.

Muchas empresas no podrán pagar

En nombre de la CIRT, Eduardo Ruiz Vega dijo que las sanciones fijadas en la iniciativa violentan ‘‘el pilar’’ de la reforma constitucional en telecomunicaciones, que es ‘‘ensanchar el ámbito de las libertades de expresión y de información de los mexicanos’’.

Resaltó que ‘‘resulta preocupante para los industriales de la radio y la televisión’’ que se pretenda imponer sanciones determinadas con base en el nivel de ingresos de los concesionarios.

Por su parte, el representante de la Canitec, José Antonio García Herrera, apuntó que las multas son de cinco por ciento de los ingresos gravables. ‘‘Estamos hablando de sanciones de 82 millones de salarios mínimos, que equivalen a más de 5 mil 500 millones de pesos, que más de 250 empresas cableras pequeñas no podrán pagar’’.

Aunque en la ya conocida como iniciativa Peña-Televisa los apoyos a los medios públicos y privados son mínimos y no se les permite obtener publicidad, el representante de la CIRT insistió en que deben fijarse los mecanismos y procedimientos objetivos que garanticen ‘‘la observancia cabal de las restricciones para que los concesionarios públicos y sociales no comercialicen con sus concesiones’’.

García Herrera, así como el representante de Canieti, Víctor Martínez Gutiérrez, pidieron que se modifique el capítulo de colaboración con la justicia, en que se obliga a los concesionarios a bloquear –sin orden judicial– señales de todo tipo de frecuencias y a intervenir comunicaciones privadas en caso de delincuencia organizada, además de guardar hasta por dos años los datos de los usuarios. Hicieron notar que ello es muy caro y se cobrará al usuario, además de que consideraron riesgoso que agentes del Ministerio Público puedan exigir a los concesionarios tales medidas.

En nombre de la Asociación Nacional de Telecomunicaciones, Gabriel Székely advirtió que el bloqueo de señales en los reclusorios y demás penales, que también se exige a los concesionarios, no soluciona el problema de delincuencia organizada, ya que esto se da por la corrupción de las autoridades que permiten el ingreso de teléfonos celulares a esos centros de reclusión.

El senador panista Javier Corral Jurado no participó ayer en esa consulta, ya que, dijo, se da ‘‘bajo un panorama tendencioso y apresurado’’, con un desequilibrio entre los invitados, la mayor parte afines a la empresa Televisa.

Andrea Becerril y Víctor Ballinas, La Jornada, 3 de abril.

Industria de radio y televisión critica sanciones "excesivas" ante senadores

Sanciones excesivas en radiodifusión y contenidos, en cuestiones de seguridad y falta de detalle en la determinación y obligaciones de preponderancia, fueron las preocupaciones reflejadas por miembros de la industria durante el primer bloque del Foro Análisis sobre las leyes Secundarias de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Eduardo Ruiz Vega, representante de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT), dijo que las sanciones que se imponen en radiodifusión son muy altas y no se pueden equiparar al mercado de telecomunicaciones pues el segmento de radio y televisión ofrece servicios gratuitos.

“Resulta preocupante para los industriales de la radio y la televisión que se pretendan imponer sanciones determinadas, a su vez, con base en el nivel de ingresos de la estación de radiodifusión cuando existe una diferencia clara entre los aspectos operativos de la radiodifusión respecto al resto de las telecomunicaciones”, expresó Ruiz Vega.

Del mismo modo, José Antonio García Herrera, representante de la Canitec, coincidió en que las sanciones económicas que están en la iniciativa son desproporcionales comparadas con las inversiones, pago a proveedores e impuestos que las empresas de televisión por cable deben realizar.

En cuanto a las definiciones de preponderancia contenidas en la iniciativa del Ejecutivo, destacó que se deben reforzar los temas sobre tarifas y que se detalle la forma en que Telmex y Telcel podrían entrar a la televisión.

“Preocupa mucho el tema Telmex y Telcel, de la posibilidad de que puedan dar televisión restringida, nos preocupa mucho porque sabemos el poderío que tienen estas empresas”, comentó el representante de Canitec.

Por ello, pidió que se revise que se haya cumplido con el título de concesión “que a la fecha tengo conocimiento de que no se ha cumplido o demostrado haber cumplido”, que se obligue a la desagregación de red y compartición de infraestructura, medidas de separación contable para evitar subsidios cruzados, depredación de precios y se obligue a la interconexión y ofertas públicas de interconexión.

En el tema de colaboración con la justicia, tanto el representante de la CIRT y como el de la Canitec, pidieron que se disminuya el lapso de 24 meses que se impone a las empresas para que guarden información y que se indique a ciencia cierta qué autoridad será la que requiera información sobre usuarios.

Ajustes a preponderancia

Víctor Gutiérrez, presidente de la Canieti, coincidió en que las sanciones son excesivas y comentó que es necesario hacer precisiones y ajustes a la iniciativa en materia de preponderancia, considerando que deben hacerse compatibles las recientes resoluciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) con lo que indica la iniciativa.

Respecto al tema de seguridad pidió que se limite a los actores que podrán tener información sensible de los usuarios. Además, señaló que “los concesionarios no pueden ser responsables de inhibir señales, esperamos que lo que se solicite sea técnicamente factible”.

Para Gutiérrez, el tema de que los operadores tengan que guardar durante 24 meses la información podría convertirse en un costo adicional para los clientes.

Gabriel Szekely, presidente de la Asociación Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), coincidió en que se debe de reconsiderar el tema de la información y destacó que les sorprende que la ley no distingue claramente las responsabilidades entre concesionarios y autoridades en materia de seguridad.

En tanto, Raúl Trejo, investigador del Instituto de Ciencias Sociales de la UNAM, calificó como lamentable la iniciativa del Presidente de la República la cual es “tendencialmente stalinista”.

Subrayó que es una iniciativa diseñada de acuerdo con el interés de Televisa y TV Azteca, las cuales defienden los contenidos con base en derechos de autor lo cual calificó de “mera palabrería”.

Carla Martínez, El Universal, 3 de abril.

Critican empresarios ley secundaria de telecom

Empresarios y especialistas criticaron ayer la ley secundaria en materia de telecomunicaciones, enviada por el Ejecutivo federal, y pidieron hacerle varios cambios

Durante un foro de análisis sobre las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones, organizado por las comisiones senatoriales que estudian la iniciativa del Ejecutivo federal en la materia, José Antonio García Herrera de la Cámara Nacional de la Industria de las Telecomunicaciones por Cable expresó que entre las preocupaciones está la sobrerregulación de contenidos y señaló que en la iniciativa se llega al grado de controlar la moral en las transmisiones.

Por su parte, Gabriel Székely, de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones, expresó que la obligación de bloquear las señales que salen de celulares desde los reclusorios no debe ser de las empresas, ya que eso corresponde a los tres niveles de gobierno, pero sí corresponde a las empresas asegurarse de que los bloqueadores de señales funcionen.

Refirió que las autoridades han reconocido que falta control en los centros penitenciarios para evitar que los reos utilicen celulares para delitos como la extorsión.

Víctor Gutiérrez Martínez, de la Cámara Nacional de la Industria de la Electrónica en Telecomunicaciones e Informática (Canieti), comentó que en materia de seguridad, se debe delimitar con precisión quiénes serán los actores que pudieran tener información sensible, y que el intercambio de ese tipo de información entre la Procuraduría General de la República y las procuradurías estatales sea clara, sobre todo en caso de delitos graves.

Remarcó que los concesionarios no pueden ser responsables de inhibir señales y mensajes no solicitados.

Eduardo Ruiz Vega, representante de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, dijo que es indispensable que el proceso de transición de la radio de Amplitud Modulada o AM a la de Frecuencia Modulada o FM se lleve a cabo respecto de la totalidad de las estaciones que operan actualmente, ya que sólo así se podrá dar paso a la digitalización de las redes radiodifundidas.

Dijo que deben establecerse en la ley secundaria los mecanismos y procedimientos que garanticen la observancia cabal de la restricción para que los concesionarios públicos y sociales no comercialicen con sus concesiones; de lo contrario, el mercado se distorsionaría y contaminaría ante una inequidad inherente al hecho de que los nuevos concesionarios no están sujetos a las reglas de la licitación pública para obtener sus títulos de concesión.

A decir del analista Raúl Trejo Delarbre, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, dijo que la iniciativa del presidente de la República tiene retrocesos.

Refirió que se pretende la restauración del presidencialismo autoritario en el manejo de los medios de comunicación; el gobierno se adjudica la supervisión de contenidos en la radio y la televisión.

Blanca Estela Botello, La Crónica, 3 de abril.

Esperan en telcom más certidumbre

Para 2014, la industria de telecomunicaciones y radiodifusión espera reglas claras para la puesta en marcha de las reformas en telecomunicaciones realizadas el año pasado.

La falta de legislación secundaria en el sector mantendrá la incertidumbre respecto a la forma en que las empresas de telefonía fija, telefonía móvil, internet, televisión abierta y televisión de paga serán reguladas, por lo que, durante el primer trimestre, no habrá inversiones ni anuncios sobre la entrada de nuevas empresas a ese segmento de mercado, coincidieron analistas.

México está creciendo a menor velocidad que varios países de América Latina: Brasil, Colombia, Perú, Ecuador y Chile crecen arriba de 5% anualmente, y las expectativas de crecimiento para 2014 dependen del estímulo de capital fresco público y privado, indicó Jorge Fernando Negrete, director de MediaTelecom Policy and Law.

“Aunque un rubro estratégico para el crecimiento será el de las telecomunicaciones, hay incertidumbre en las inversiones del sector”, citó Negrete.

El directivo recordó que durante el primer semestre de 2013, la inversión privada bajo 4.2%, mientras que el resto de los países de la región vieron un crecimiento en la inversión, y esto puede mantenerse a causa de la falta de legislación secundaria.

“En tanto los operadores no conozcan las reglas del juego con base en la legislación secundaria, las empresas están impedidas de prever inversiones para el despliegue de redes de nueva generación, innovación, calidad y adquisición de espectro. Cada día de retraso imposibilita a empresas operadoras e inversionistas del sector, actuar con oportunidad, pues sus ciclos de inversión se definen con un año de anticipación y para el tercer trimestre del año los presupuestos y planes de negocio estarán dirigidos a los mercados más rentables y seguros”, detalló.

La incertidumbre generará también retrasos en posibles consolidaciones, compras o fusiones de empresas así como en la generación de mayor competencia en telecomunicaciones y radiodifusión, subrayó el directivo.

Sin embargo, después de contar con la legislación, podría acelerarse el crecimiento del sector, dijo Ernesto Piedras, director general de The Competitive Intelligence Unit.

“Esperamos que en 2014 el crecimiento del sector se acelere debido a la mejor situación económica, las disposiciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones y las nuevas licitaciones de espectro. Considerando que la economía mexicana crezca a razones de 3.34% (pronóstico del Banxico), se podría considerar un crecimiento base para las telecomunicaciones mexicanas de al menos 4.8% respecto a 2013, al alcanzar los 447 mil millones de pesos en ingresos” dijo Piedras.

Industria pide ser escuchada

Para tener un marco regulatorio efectivo, en 2014 será necesario que se escuche a la industria y ésta forme parte de la elaboración de la legislación secundaria para incrementar inversiones y generar competencia.

“Si ya contamos con la legislación completa, queremos que sea producto de una conversación entre la industria, otros actores interesados y el gobierno, que las leyes secundarias, si al final tardaron tanto tiempo, pues den lugar a esa conversación y discusión de cosas que sean las mejores leyes secundarias que se puedan tener”, comentó Gabriel Szekely, director general de la Asociación Nacional de Telecomunicaciones.

Además, es vital que los operadores de telecomunicaciones cuenten con más espectro, con una visión de mediano y largo plazo, considerando que en 2015 la Unión Internacional de Telecomunicaciones planea una armonización de este recurso que se utiliza para servicios de TV, telefonía e internet.

“De irse despejando las dudas, habrá una recuperación de la inversión, ojalá que esas dudas se despejen más pronto que tarde porque las cifras no van bien, 2013 no fue un buen año y para 2014 todo mundo quiere que sea un buen año, pero no entendemos los retrasos”, subrayó Szekely.

También es necesario que las instituciones del Estado aprovechen en nuevo diseño que se les dio con las reformas constitucionales pues, aunque ya está conformados los tribunales especializados y el Ifetel, aún no se tienen las “reglas del juego” que aplicarán dichas instituciones.

Víctor Gutiérrez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti), calificó de agresivos los tiempos y condiciones para formular las leyes secundarias y se entiende el retraso; sin embargo, hay que dar certidumbre a los actores extranjeros para dar señal positiva a inversionistas que pudieran estar interesados en el mercado local.

“Habría que cuidar como país el mandar un mensaje al resto del mundo para aquellas inversiones que quisieran aterrizar en México, respecto a que el retraso es, justamente, un tema coyuntural y que en el primer trimestre del siguiente año queden”, citó el dirigente.

Carla Martínez, El Universal, 8 de enero.

Avance en Telecom, lejos de expectativa

Hasta 2013, el sector de telecomunicaciones y radiodifusión en México, conformado por industrias como la de telefonía fija, telefonía móvil, internet, televisión abierta y televisión de paga, no había sufrido cambios en materia legislativa, establecimiento de nuevas reglas transparencia y modificaciones que requería un sector que se mueve constantemente debido a las innovaciones tecnológicas, coincidieron analistas.

En junio de este año, se reformaron diversos artículos de la Constitución en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica, dando paso a una nueva regulación para las empresas del sector de telecomunicaciones que busca la entrada de mayor capital nacional y extranjero, así como fomento a la competencia que se traduzcan en mejores servicios para los usuarios.

Durante mucho tiempo el sector permaneció sin cambios, por ello la industria apoyó las reformas en telecomunicaciones, comentó Gabriel Szekely, director general de la Asociación Nacional de Telecomunicaciones (Anatel).

“Movimiento, había muchas cosas que no se movían para ningún lado, estábamos como pasmados, por eso todo mundo está en favor de que haya habido finalmente un bosquejo de lo que puede ser un escenario distinto y movernos para adelante”, dijo Szekely.

Sin embargo, debió ser una reforma más redonda si hubiera mesas de discusión entre la industria y el gobierno para diseñar las reglas que se aplicarán de ahora en adelante, mencionó el directivo.

También espera que con estas reformas haya una mejor regulación para todas las empresas.

“Probablemente tendremos un mejor diseño de las instituciones del Estado, no lo sabemos por que apenas estamos viendo cómo van a operar las cosas y no tenemos las reglas del juego y no podemos decir si está mejor o peor, pero tenemos la esperanza de que esté mejor”, indicó.

Para Szekely estos cambios en la regulación significan un comienzo nuevo para todos. “Hay una nueva autoridad, el Instituto, los comisionados, de nuestro lado está la mejor disposición de la industria para una relación muy constructiva y provechosa y abierta y tenemos confianza que habrá lo miso del lado de las autoridades”, aseguró el director de la Anatel.

Por su parte, Víctor Gutiérrez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti), mencionó que la industria mantuvo su crecimiento durante 2013.

“En términos de exportación, México mantiene una posición de liderazgo, estamos en el top five de exportación de servicios de tecnologías de la información, de televisiones de pantalla plana y en telecomunicaciones, México en este momento hace una gran apuesta en su reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica”, destacó.

A pesar de que los consumidores aun no perciben el impacto de las reformas, tanto los usuarios de estos servicios como las compañías del sector conocen su significado y lo que representan.

“Si bien aún no tiene algunos impactos sensibles para el ciudadano, ya tiene prioridades en las agendas de las empresas afiliadas a Canieti, que en este momento saben que viene un cambio y una adecuación de toda la regulación que hará de nuestra industria de telecomunicaciones una mejor industria”, señaló Gutiérrez.

De acuerdo con el presidente de Canieti, este año demostró que cada región del país tiene necesidades diferentes, como lo sucedido en Tijuana durante el “apagón” analógico, por lo que trabajan en conjunto para lograr las mejores condiciones para la industria y los consumidores.

Expectativas sin cumplir

Irene Levy, presidenta de Observatel, calificó al 2013 como un año de muchas expectativas pero poco cumplimiento.

“Fue un año de muchas expectativas en el sector, mucho movimiento pero a nivel expectativas, pero no a nivel real”, aseguró.

México fue un punto de referencia a nivel internacional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión pues, desde el proceso de selección de comisionados del Ifetel, así como la creación del regulador, sería un ejemplo a seguir y por las reformas constitucionales tan detalladas; sin embargo, no se cumplió todo, incluso en lo referente a plazos constitucionales, puntualizó.

“Nada aterrizado, todo quedó en papel, discursos, buenas intenciones y no se vio lo que se esperaba ver en la legislación secundaria y esa es la gran frustración que nos llevamos”, indicó.

En tanto, Salomón Padilla, vicepresidente de la Asociación de Telecomunicaciones Independientes de México (ATIM), recordó que en el proceso de desarrollo de las reformas se quiso abarcar demasiado en el texto constitucional y esto dejó en incertidumbre al sector hasta que no se tenga la legislación secundaria.

“Está tan mal hecha la reforma que no da base a establecer procedimientos limpios”, criticó Salomón Padilla.

Carla Martínez, El Universal, 23 de diciembre.

En pausa, despliegue de red compartida

En 2014 no iniciará el despliegue de la red compartida, pues la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) llevará a cabo estudios y análisis sobre su uso y administración, dijo Ignacio Peralta, subsecretario de Comunicaciones de la dependencia.

“La red troncal va a tener prácticamente todo el año el tema de planeación; el objetivo del año 2014 es convocar a la licitación y asignarla, porque así lo manda la Constitución”, declaró Peralta.

Sin embargo, la Constitución indica que la instalación de la red compartida iniciará antes de que termine 2014 y estará en operación antes de que concluya 2018.

Peralta reiteró que antes de que finalice 2014 quedará lista toda la información necesaria para desplegar la red.

La red compartida será administrada por el Estado a través de Telecomunicaciones de México (Telecom/Telégrafos) y una empresa privada, y utilizará la banda de 700 MHz y la red de fibra óptica en poder de la CFE.

Actualmente, las empresas de telefonía móvil tienen 243 MHz para prestar los servicios al usuario final, esta cifra corresponde al 19% de los 1,300 MHz que se deben tener disponibles para 2015, de acuerdo con lo estipulado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).

Para este sector, el aplazamiento significa una pérdida de tiempo en una red que podría usarse en 2015 para dar una mayor cobertura a los usuarios de telefonía y banda ancha móvil, aseguró Gabriel Szekely, presidente de la Asociación Nacional de Telecomunicaciones (Anatel). Dijo que debió haberse considerado la licitación de cierta parte del espectro de la banda de 700 MHz para las empresas, ya que de esta forma se habrían asegurado los servicios para 2015.

“Si desde el inicio del Gobierno que se anunció y se llevó a cabo la reforma constitucional se hubiera procedido con la licitación de una parte de la banda de 700 MHz, para el 2015, que ya se estima que habrán los equipos para operar en la banda de 700, las empresas que operan en México, ya estarían ofreciendo el servicio”, dijo Szekely.

En América Latina, países como Chile, Brasil y Colombia, por mencionar algunos, subastarán la banda de 700 MHz en 2014, por lo que en 2015 comenzarán a ofrecer servicios con este espectro.

Irene Levy, presidenta de Observatel, mencionó que esta decisión se suma a los incumplimientos a las reformas constitucionales, pues no se instalará en 2014.

“El problema del sector es que muchas de las cosas están concatenadas, una vez que una se desfasa todas empiezan a desfasarse y a tener tropiezos”, mencionó Levy.

Levy dijo que esto se deriva del retraso de la publicación de la legislación secundaria en telecomunicaciones, que todo indica que se tendrá hasta el próximo año.

“Va a hacer que los propósitos constitucionales no se vayan a cumplir, y esto es parte de una de las acciones que tienen que ver con el cronograma constitucional y con la falta de la legislación secundaria”, subrayó Levy.

Carla Martínez, El Universal, 10 de diciembre.

Falta de leyes secundarias debilitan reforma, dicen

La falta de legislación secundaria en telecomunicaciones debilita las reformas constitucionales del sector y afecta la percepción de los inversionistas, expresaron analistas.

“Un riesgo es que este impacto que generó la promulgación de la reforma en los mercados, se debilite, que la percepción de los inversionistas sobre que la implementación de esta reforma va a tardar afecte las inversiones pues mientras no tengan certidumbre jurídica, la inversión va a tardar en llegar a un sector que tiene mucha derrama económica”, comentó Ana Lilia Moreno, coordinadora de la Red Mexicana de Competencia y Regulación del CIDAC

Hoy lunes 9 de diciembre era la fecha límite, según la Constitución, para que se dieran a conocer las leyes secundarias en telecomunicaciones y radiodifusión.

Si México no avanza en la promulgación de la legislación secundaria, más tiempo se llevará su implementación, agregó Moreno.

“En términos de empleo, de transferencia tecnológica, en términos de pago de impuestos, obviamente representará un retraso económico serio y se va a ver reflejado en el PIB”, aseguró la experta del CIDAC.

Esto tendrá como consecuencia el estancamiento del sector, provocando un retraso y desazón en el sector empresarial y, además, no permite que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) opere como debería, reiteró Moreno.

“Está un poco atado de manos a falta de legislación secundaria y a falta de interés de los legisladores de sacarla a tiempo, por que en eso ¿el Ifetel qué puede hacer? sino esperar a que la ley secundaria se promulgue”, comentó la experta.

Por su parte, Gabriel Szekely, director general de la Asociación Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), recordó que la inversión en el sector cayó 27% en 2013 a causa de la incertidumbre derivada de la falta de legislación secundaria.

La industria tiene dudas sobre la aplicación de la ley y quién la debe aplicar ahora pues se han generado lagunas y vacíos legales, mencionó Szekely.

“Qué pasa cuando dice la ley, por ejemplo, de aduanas, que yo debo llegar con un certificado de homologación expedido por la Cofetel, no se quien lo expida, ya no existe la Cofetel y el agente aduanal lo desconoce, es el tipo de escenario que puede ocurrir cuando no se complementan todos los ordenamientos jurídicos que deberían de estar listos”, explicó el director de la Anatel.

En tanto, José Luis Benavides, abogado experto en telecomunicaciones, recordó que, a falta de legislación secundaria, el regulador opera con la legislación aún vigente.

“El regulador, con la reforma constitucional y los transitorios puede transitar estos meses de oscurantismo regulatorio y en el mejor de los casos, para el primer trimestre del próximo años estará aprobaba la ley secundaria”, señaló Benavides.

Por lo tanto, el Instituto tiene elementos para operar, sin embargo al ser “tibio”, como se ha mostrado hasta ahora, seguramente se abstendrá de resolver temas de importancia, aseguró el abogado.

Las lagunas legales que quedan al no tener leyes secundarias pueden volver más complejo el entorno regulatorio y las empresas pueden aprovechar este momento para llevar a cabo procesos jurídicos en su favor.

“Algunos actores pueden aprovechar lagunas para crear ciertas tendencias y resoluciones que en mediano plazo les puedan servir”, indicó Benavides.

Carla Martínez, EL Universal, 9 de diciembre.

Operadores sugieren igualdad

Telecomunicaciones de México (Telecomm/Telégrafos) debe ser considerada como una empresa dominante en el mercado ya que operará la red compartida que contempla el uso de 90 MHz de la banda de 700 MHz y la fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“Si ya está así contemplada, lo que nosotros estamos pidiendo es entonces que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) nombre agente preponderante de entrada a Telecomunicaciones de México por esta red y que paguen contraprestaciones, que paguen derechos para que los operadores tengamos igualdad de condiciones”, solicitó Cristina Ruiz de Velasco, vicepresidenta de relaciones institucionales de Nextel.

Por su parte, Grabriel Székely, director general de la Asociación Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), recordó que el espectro para ofrecer servicios de banda ancha móvil ha sido reservado por el Estado afectando a las empresas que lo requieren para ofrecer el servicio a los usuarios.

"El gran riesgo que el gobierno no está compartiendo, por que lo está tomando todo el espectro para él, es que veamos un cúmulo de transmisión de datos que no pueda ser atendida por que no va a estar disponible en suficiente espectro", aseguró Székely.

Carla Martínez, El Universal, 4 de noviembre.

Plantean 5 mmdd para brecha digital

Para que México pueda cerrar la brecha digital en esta década será necesario que se inviertan 5 mil millones de dólares, indicó Pablo Bello, presidente de la Asociación Iberoamericana de Centros de Investigación y Empresas de Telecomunicaciones (Ahciet).

El especialista comentó que, a pesar de tener una competencia imperfecta, el País es el segundo que más invierte en telecomunicaciones, lo cual se deberá cuidar que baje o se desincentive con la intervención que pueda realizar el Estado en materia del sector de telecomunicaciones.

"Hay un modelo de competencias que ha sido tremendamente exitoso, pero hay que tener cuidado con las distorsiones que se dan cuando el estado entra", explicó.

Bello señaló que el modelo regulatorio que se estableció en México es muy pesado, lo cual implica riesgos.

"Uno de los riesgos más significativos de la intervención pública es que el aporte económico del Estado termine anulando la inversión privada", apuntó.

Mario Fromow, comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), apuntó que el regulador está trabajando en construir esa certeza jurídica que se necesita para atraer las inversiones.

Con él, coincidió el comisionado Adolfo Cuevas, quien dijo que pondrá a consideración de los otros 6 miembros del Ifetel la posibilidad de que, a través del mercado secundario, que debe ser objeto de regulación por el poder legislativo, los operadores actuales y potenciales, puedan participar en la red compartida.

Al respecto, Gabriel Székely, presidente de la Asociación Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), advirtió que si el proyecto de la red mayorista o red compartida de telecomunicaciones no funciona correctamente, esto podría acarrear grandes costos para el País.

El representante de la Anatel cuestionó varios detalles que, a su consideración, no están claras sobre esta iniciativa, como la forma en que se darán las modificaciones de título de concesión de la CFE cuando la red pase a manos de Telecomunicaciones de México (Telecomm).

En respuesta, Javier Lizárraga, asesor de SCT y ex director de Telecomm, explicó que la red compartida no tiene la intención de distorsionar el mercado, sino de reactivarlo y que cualquier operador pueda utilizarlo.

 
 
 
Critican modelo
 
La red mayorista que se propuso en la reforma constitucional tiene varios inconvenientes, de acuerdo con la Ahciet.

·Desincentiva a invertir, tiene un efecto de desplazamiento y riesgo de menor rentabilidad de inversiones privadas.

·El Estado desplaza recursos de gastos socialmente más rentables como educación o salud.

·El Estado es juez y parte pues funciona como regulador e interventor.

·Pierde ingresos. El Estado renuncia a recursos que podrían obtenerse de licitaciones
·El modelo no se ha probado como exitoso en ninguna parte del mundo.

 
Fuente: Ahciet

Vania Guerrero, Reforma, 31 de octubre.

Reforma en telecom inhibió la inversión; caerá 27%: Anatel

Las inversiones en el sector de telecomunicaciones tendrán una caída de 27 por ciento este año, lo cual representa una disminución más pronunciada con que la caída de 20 por ciento que se observó durante la última crisis económica de 2009. La disminución de las inversiones en 2013 se debe a la incertidumbre generada por la reforma en telecomunicaciones.

Gabriel Székely, director de la Asociación Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), explicó que las inversiones en 2013 ascenderán a 4 mil millones de dólares, 27 por ciento menos con respecto al año anterior: "Cuando se suscitó la crisis económica de 2009 las inversiones cayeron 20 por ciento, resulta alarmante que ahora las inversiones caigan más que en la época de crisis", afirmó el directivo en el marco del Foro Internacional de Nuevos Modelos de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Detalló que esta reducción en los recursos que destinan las empresas del sector se debe principalmente a la incertidumbre generada por los cambios que se observarán en los próximos años, como resultado de las medidas que plantea la reforma en telecomunicaciones, en las cuales se encuentra la construcción de una red de servicios mayoristas que operará a través de la banda de los 700 megahertz (Mhz), lo cual implica que esta frecuencia ya no se licitará para el mercado, sino que quedará en manos de un ente público-privado: "En el diseño de este proyecto hubo cero comunicación entre la industria y el gobierno, urge que exista un esquema transparente para que las empresas puedan externar sus inquietudes con las autoridades", solicitó Székely.

Adrián Arias, La Crónica, 31 de octubre.

La competitividad está en riesgo si se grava a telecom

El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a las telecomunicaciones que está a consideración del Senado de la República implicaría una caída en competitividad del mercado mexicano del lugar 66 al 71, de acuerdo con la Asociación Nacional de Telecomunicaciones (Anatel). “La disminución en la demanda esperada por el aumento en precios desincentiva la inversión y complica la entrada de nuevos participantes al mercado de las telecomunicaciones, y desincentiva la competencia en el sector”, indicó.

Un estudio realizado por este gremio en el que están operadores de telefonía móvil como Telcel y Nextel, además de los principales fabricantes de la industria móvil del país, revela que el rubro de comunicaciones y transportes es el segundo gasto más importante de los hogares en México, sólo después del de alimentos, bebidas y tabaco.

En promedio, las familias mexicanas erogan un total de 4 mil 52 pesos en el trimestre para este rubro, lo cual representa 11% del ingreso total y 14% del gasto total, según los cálculos realizados por la Anatel con información del INEGI.

Pero para los hogares que se ubican en el decil más bajo de ingresos, el gasto en estos servicios es de hasta 20% en comparación con sus percepciones familiares, por lo que este impuesto afectaría más a estos usuarios de menor poder adquisitivo.

El impacto en la cadena productiva también sería considerable, agregó la Anatel, debido a que alrededor de 8 millones de líneas telefónicas son contratadas por pequeñas y medianas empresas y por microempresas que son la principal fuente de generación de empleos del país.

“Las comunicaciones son esenciales para la actividad productiva del país, por lo que el incremento en los costos tendrá un efecto cascada en toda la cadena”, advirtió el organismo.

Además, de acuerdo con el Producto Interno Bruto (PIB) de México, existe una brecha entre la demanda de conexiones a internet y el suministro de estos accesos de 1.5 millones, la más grande en América Latina, sólo después de Brasil.

La Anatel señaló que las empresas de telecomunicaciones son una fuente importante de ingresos para el erario, pues tan sólo por el pago de derechos y aprovechamientos por el uso del espectro, el IVA e ISR aportan al fisco casi 76 mil millones de pesos al año, según los datos de 2008.

Este organismo rechazó la validez del argumento del Ejecutivo, avalado por la Cámara de Diputados, en el sentido de que este gravamen a las telecomunicaciones permitiría que el pago por el uso del espectro guarde una relación directa con el valor de mercado del uso de dicho recurso.

En este sentido, la Anatel refirió que en realidad lo que se pretende no es una valoración del mercado, sino una imposición con fines recaudatorios que nada tiene que ver con dicho valor, además de que el IEPS no es un impuesto al valor del espectro, sino al consumidor y lo único que hace es incrementar los precios finales a los usuarios.

En días recientes empresas como Telmex y Televisa se pronunciaron en contra de la aplicación de este impuesto, debido a que lo consideran negativo, tanto para la industria como para la economía.

El sector de telecomunicaciones confía en que el Senado de la República decida eliminar de la Ley de Ingresos el gravamen, ante la negativa de las empresas y el impacto económico que puede generar.

México tiene niveles de penetración de servicios de telecomunicaciones no sólo por debajo de países de la OCDE, sino incluso está rezagado frente a naciones de América Latina, principalmente con países como Colombia, Chile, Argentina y Brasil.

En particular, en las conexiones de banda ancha el rezago de México es significativo, ya que sólo existen poco más de 7 millones de conexiones, cuando la meta de las autoridades federales es que para 2012 por lo menos 22 de cada 100 habitantes cuenten con este servicio en sus hogares, que adicionalmente representa un avance en la calidad de vida de la población. Es por esto que los expertos del sector advierten que un impuesto a las telecomunicaciones se contrapone a estos objetivos.

Angelina Mejía Guerrero, El Universal, 26 de octubre.

Alfonso Durazo, en la lista de 20 candidatos de López Obrador

El ex secretario particular de Vicente Fox, Alfonso Durazo, será uno de los 20 nombres que en las próximas horas entregará Andrés Manuel López Obrador a Convergencia y PT para que los registren como candidatos de la alianza Salvemos a México que integran esos partidos.

En medios cercanos a dicha alianza se informó que serán sólo 20 propuestas las que entregue el tabasqueño y las repartirá 10 y 10 a cada uno de esos partidos, para que contiendan por las dos vías: plurinominal y uninominal.

Para apuntalar la estrategia a favor de la alianza Salvemos a México, el tabasqueño ya tiene grabados tres spots donde pide a la gente “sumarse a PT y Convergencia”, con lo cual se espera generar simpatía hacia esos partidos para salvar el registro y obtener una bancada importante en la Cámara de Diputados para esos partidos.

Dichos anuncios se transmitirán a partir de este domingo 1 de febrero, en los tiempos oficiales de los partidos.

NOMBRES Y MÁS NOMBRES. Mientras tanto, ayer continuó el registro de precandidatos a diputados federales en las instalaciones de Convergencia, donde Alejandro Gertz Manero, ex secretario de Seguridad Pública federal y rector de la Universidad de las Américas, se registró para una diputación por la vía plurinominal.

Gertz descartó que una vez como diputado vaya a buscar la coordinación de la bancada de Convergencia en San Lázaro. Y es que para ese cargo se perfila el actual secretario general de ese partido Pedro Jiménez, quien también se registró ayer, al igual que Armando López Campa y Jaime Álvarez Cisneros, dirigentes en Aguascalientes y Morelos, respectivamente.

Se espera que hoy se registre Pío López Obrador, hermano de Andrés Manuel, para contender por la vía plurinominal y la uninominal.

De hecho, las 20 propuestas de AMLO contenderán por las dos vías. Entre las propuestas del tabasqueño están José Agustín Ortiz Pinchetti, Bertha Luján, Marta Pérez Tamayo y Enrique Ibarra.

Alejandro Páez, Crónica, 28 de enero.

Piden no limitar el espectro de radio

La Asociación Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), gremio que aglutina a telefónicas celulares y fabricantes de equipo de este servicio en el país, solicitó a las autoridades que no se limite la cantidad de frecuencias del espectro radioeléctrico y que las licencias de operación sean a bajo costo.

Javier Camargo, representante de la Anatel, dijo que estos elementos son esenciales para tener una regulación promotora del desarrollo. Otro factor es que se permita a los operadores de estas frecuencias ofrecer cualquier tipo de servicios.



Destacó la necesidad de desarrollar la banda ancha en las zonas rurales, cuyos beneficios se reflejarán en la educación y la salud, por ejemplo, ya que a través de esta infraestructura se pueden proveer estos servicios.



Al participar en el Seminario Internacional de Telecomunicaciones, organizado por la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), el Tecnológico de Monterrey Campus Santa Fe y Regulatel, el directivo dijo que para lograr este despliegue rural se requiere una regulación adecuada, infraestructura económica, terminales de bajo costo, financiamiento y aplicaciones, entre otros pasos.



Se estima que en 2012 habrá mil 800 millones de usuarios de banda ancha y el grueso de éstos utilizarán tecnologías inalámbricas, indicó.



En tanto, Héctor Huerta, director Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones por Cable (Canitec), dijo que es necesaria una política pública para aumentar la penetración de la banda ancha.



México ocupa el último lugar en la OCDE en cuanto a penetración de este tipo de conexiones, lo cual se explica por la concentración del mercado, falta de competencia y altas tarifas del servicio, aseguró.



Dijo que en cuatro años de ofrecer este servicio en el mercado mexicano los operadores de cable ya tienen una participación de casi 30%.



Ramiro Tovar Landa, catedrático del ITAM, criticó la desagregación del bucle local, es decir, de la compartición de infraestructura de Telmex a sus competidores para que ofrezcan sus servicios.

Angelina Mejía Guerrero, El Universal, 5 de septiembre.

Hay avances en telecomunicación, pero falta el triple y cuádruple play

Aunque el crecimiento de las telecomunicaciones en el país está muy por encima del promedio nacional, en la agenda del sector todavía hay pendientes que requieren atención, como son el triple y el cuádruple play, aseguró Federico Vergara.

El presidente de la Asociación Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) agregó: “la industria de las telecomunicaciones se mantiene como uno de los motores de desarrollo más importantes para nuestro país”, aunque están pendientes temas como la licitación de bandas de frecuencia para el 3G y WiMax.

Reconoció que en el marco regulatorio hay temas torales como la portabilidad e interconexión, “que están siendo superados”; además de que hay avances en las reformas a las leyes federales de Telecomunicaciones y de Radio y Televisión, actualmente en revisión por parte del grupo plural del Senado de la República.

Federico Vergara señaló que uno de los retos del sector de telecomunicaciones es incrementar la inversión en infraestructura para alcanzar mayor cobertura de líneas fijas y móviles.

Nota de Notimex, Crónica, 28 de febrero.

Urgen a licitar el espectro para servicios móviles de 3G

La Asociación Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) señaló que es urgente que el gobierno federal realice las licitaciones del espectro para servicios móviles de tercera generación (3G) y WiMax.

Advirtió que este retraso en las subastas está generando un diferimiento de las inversiones por parte de los operadores, quienes sólo están a la espera de que el gobierno dé luz verde a este proceso.

Federico Vergara, presidente de la Anatel, dijo que la industria no sabe a qué se debe este retraso, pues se tiene información de que desde hace seis meses la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) envió la información a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

“Hay gran urgencia y expectativa de que esto suceda (las licitaciones). El impacto es por todos lados, hay inversiones que se están deteniendo hasta en tanto no tengamos las licitaciones y las asignaciones de las frecuencias”, dijo.

Por otra parte, también se está privando a los usuarios de tener mayor calidad de servicio y mayor cobertura, agregó Vergara. “Me imagino que la SCT está tratando de buscar el mejor momento y la mejor manera para ello, pero sí hay mucho interés del sector, de la industria, de los operadores de que cuanto antes salga la licitación”, sostuvo.

Señaló que luego de un largo proceso de inmovilidad regulatoria se observa un dinamismo en temas como la portabilidad numérica; sin embargo, las licitaciones siguen siendo uno de los grandes pendientes.

Se reanudaron trabajos

Las reuniones entre la SCT y la Cofetel para el asunto de las licitaciones se interrumpieron el mes pasado; no obstante, éstas ya se reanudaron, informaron fuentes del órgano regulador.

Con esto, se espera que en las próximas semanas se concrete el concurso para las frecuencias de servicios móviles, primero.

Señalaron que será hasta que el secretario Luis Téllez dé el visto bueno a todo el proceso cuando la Cofetel esté ya en posibilidades de emitir las bases de la licitación.

Nota de Angelina Mejía Guerrero, El Universal, 13 de febrero.

Piden regulador único en telecomunicaciones

La Asociación Nacional de Telecomunicaciones propuso que sólo un organismo tenga en sus manos las facultades regulatorias del sector, ya sea la Secretaría de Comunicaciones y Transportes o la Comisión Federal de Telecomunicaciones.

El presidente de la Anatel, Federico Vergara, pidió al grupo plural del Senado que analiza la legislación en la materia que se garantice la disponibilidad de espectro suficiente para satisfacer las necesidades de desarrollo de la industria.

La asociación, que congrega 90 por ciento de la industria de las telecomunicaciones, pidió al grupo plural que lleva el tema que en la revisión de la legislación en materia de radio, televisión y telecomunicaciones se incluya la obligación de la autoridad para licitar periódicamente espectro suficiente para garantizar el desarrollo de la industria y que se cumplan las licitaciones programadas.

El senador Alejandro Zapata aseguró que en esta nueva etapa de trabajo del grupo plural para la revisión de la ley de medios se espera concluir con las modificaciones antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones,

La Anatel propuso el fortalecimiento de las facultades y capacidades de la autoridad para despejar y rescatar bandas, así como también para resolver problemas de interferencia perjudicial entre estaciones autorizadas o concesionadas, eliminando inmediatamente aquellas que estén fuera de banda o aquellas no autorizadas.

Nota de Liliana Padilla, Milenio. 17 de enero.

Piden concesión hasta por 60 años de redes públicas de telecomunicaciones

En el grupo plural para la revisión de la legislación en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, la Asociación Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) presentó ayer sus propuestas de enmienda a la ley federal en la materia, entre las cuales solicitó que las concesiones sobre redes públicas de telecomunicaciones se otorgaran hasta por 30 años y podrán ser prorrogadas hasta por plazos iguales a los originalmente establecidos.

Además, solicitaron la eliminación total de la doble ventanilla Cofetel-SCT, ya que expusieron que para su sector “es de suma importancia que todas las facultades regulatorias en materia de telecomunicaciones queden en un solo organismo con plena autonomía: la Cofetel.

Proponen que la Cofetel expida disposiciones administrativas, elabore y administre los planes técnicos fundamentales, publique los programas anuales de licitaciones de bandas de frecuencias y posiciones satelitales previa realización de una consulta pública.

Además la Anatel demanda garantizar la disponibilidad de espectro suficiente para satisfacer las necesidades de desarrollo de la industria.

También piden seguridad jurídica y simplificación de los procedimientos de cesión de derechos de los concesionarios de autorización de servicios adicionales; la eliminación de obstáculos a la autorización de nuevos servicios de telecomunicaciones y usos del espectro, e incluir la afirmativa ficta después de 60 días naturales después de presentar su solicitud.

Propone en la reclasificación de espectro remplazar el término “uso determinado” por “uso comercial” para favorecer la convergencia tecnológica y no limitar de el uso del espectro a la prestación de servicios determinados como se encuentra estipulado en la ley vigente.

Anatel pide que los concesionarios de redes públicas puedan prestar mediante sus redes “todos aquellos servicios de telecomunicaciones que su capacidad tecnológica les permita”, quedando sujetos a observar las disposiciones generales en materia de interferencias perjudiciales y seguridad de redes.

Plantea que se incluya que “la prestación de un servicio determinado por un concesionario no podrá impedirse con fundamento en la ausencia de regulación aplicable al mismo”.

En otra de sus modificaciones piden que las concesiones sobre redes públicas de telecomunicaciones se otorguen por un plazo de 30 años y prórroga hasta por plazos iguales a los originalmente pactados.

Nota de Víctor Ballinas, La Jornada, 17 de enero.

Anatel pide a senadores dar transparencia al órgano que regula telecomunicaciones

La Asociación Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) pidió a los senadores encargados de elaborar la nueva legislación en la materia, que doten de transparencia al órgano regulador del sector.

Durante una reunión realizada ayer por la tarde, el coordinador del Comité Técnico de la Anatel, Javier Camargo, indicó que el órgano regulador “debe rendir cuentas” porque lo que administra es un bien de la nación.

Es importante, dijo, que el pueblo conozca cómo se otorgaron y se ejecutaron las licitaciones y qué pasó con el uso del espectro radioeléctrico, para que haya claridad en la función de dicho órgano.

Dijo también que la actualización del uso del espectro debe ser de acceso público, con excepción de la parte de espectro que utilizan los órganos de seguridad nacional del Estado.

Durante el encuentro, que marcó el reinicio del proceso legislativo que llevará a la aprobación de una nueva Ley Federal de Radio y Televisión y una nueva Ley Federal de Telecomunicaciones, la Anatel pidió eliminar la doble ventanilla que existe en la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) y en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
En un documento entregado a los senadores, la Anatel señala: “para el sector de telecomunicaciones es de suma importancia que todas las facultades regulatorias en materia de telecomunicaciones queden en un solo organismo con plena autonomía”.

La Asociación pidió que se garantice la disponibilidad de espectro suficiente para satisfacer las necesidades de desarrollo de la industria y que se establezca la obligación genérica de la autoridad de licitar periódicamente el espectro suficiente para garantizar el desarrollo de la industria.

La Anatel se pronunció a favor de que la autoridad dé cumplimiento a las licitaciones ya programadas y que se fortalezcan las facultades y capacidades de la misma para despejar y rescatar bandas.

Indicó además que se deben resolver los problemas de interferencia perjudicial entre estaciones autorizadas o concesionadas, y eliminar aquellas que estén fuera de banda o las no autorizadas.
Planteó la necesidad de llevar a cabo una actualización de la matriz de ocupación del espectro mediante un registro de acceso público y dar seguridad jurídica y simplificación a los procedimientos de cesión de derechos de los concesionarios y autorización de los servicios adicionales.

Otra de las propuestas de la Anatel es la eliminación de los obstáculos a la autorización de nuevos servicios de telecomunicaciones y usos del espectro, y la inclusión de la afirmativa ficta después de 60 días naturales de presentada la solicitud.

Nota de José Contreras, Crónica, 17 de enero.