Inconforma a la CNTE respuesta a su pliego

Dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) calificaron de parciales las respuestas del Gobierno federal a los 10 puntos de su pliego petitorio.

Señalaron que ni siquiera contemplan la abrogación de los de los artículos tercero y 73 Constitucionales, principal demanda de la Coordinadora.

Por ello, indicaron que incrementarán sus protestas en el Distrito Federal y en el interior de la República durante el periodo vacacional que inicia el 15 de julio.

"Ya se valoró en la Comisión Política Nacional de la CNTE que las respuestas son totalmente desfavorables.

"En la próxima ANR (Asamblea Nacional Representativa) lo más seguro es que se rechacen las respuestas de la Secretaría de Gobernación", comentó Laurentino Villegas Caballero, integrante de la Comisión Política Nacional de la CNTE.

El profesor de Oaxaca calificó las respuestas del Gobierno federal como una simulación para darle largas al movimiento magisterial.

"No hay respuestas concretas. Son respuestas meramente mediáticas", expuso en el Monumento a la Revolución.

El pasado 15 de mayo, en el Día del Maestro, la Secretaría de Gobernación se comprometió con la CNTE a responder sus demandas a más tardar el día 30.

Sin embargo, al no quedar satisfechas las peticiones del magisterio los docentes decidieron protestar el sábado en todo el País y así reiniciar con su plan de acción.

"Vamos a rearticular nuestras acciones. Vamos a fortalecer este plantón y a continuar con este proceso de aglutinar a todas las secciones del País mediante un brigadeo nacional", dijo.

Juan José Ortega Madrigal, secretario general de la Sección 18 de Michoacán, afirmó que no hay respuesta al pliego petitorio de demandas que la Coordinador Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) entregó el 1 de mayo en la Secretaría de Gobernación.

"De antemano quiero decirles a ustedes que no observamos respuesta a los 10 puntos que presentamos", sostuvo en conferencia de prensa.

Ayer por la tarde, la Comisión Política Nacional inició la discusión de las respuestas del Gobierno federal en las instalaciones de la Sección 9 del DF.

El primer análisis de las respuestas será en la Dirección Política Nacional y después la discusión se trasladará a la Asamblea Nacional Representativa.

En estas asambleas se definirá la aceptación o rechazo a las respuestas de la Secretaria de Gobernación y el plan de acción a seguir.

Por ello, Madrigal argumentó que por el momento no existe la facultad de ningún contingente para determinar el alcance de la respuesta oficial.

Arcelia Maya, Reforma, 2 de junio.

Nulifica la CNTE reforma

La Secretaría de Gobernación abrió la puerta para que la CNTE permanezca intocada por la reforma educativa.

"Ningún trabajador podrá ser removido ni cambiado de su centro de trabajo, ni sufrir detrimento en su salario o remuneraciones.

"O, en su caso, no podrá ser removido o cambiado de las funciones que venía realizando al 11 de septiembre de 2013", establece un documento firmado por Luis Miranda, subsecretario de Gobierno.

Esta última fecha corresponde a la publicación de la Ley General del Servicio Profesional Docente, considerada el corazón de la reforma educativa.

La norma secundaria contempla que los maestros que no aprueben las evaluaciones sean separados del servicio o readscritos a otras tareas.

El documento, de cuatro páginas, le fue entregado a la Comisión Única Negociadora de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación el pasado 27 de mayo.

Actualmente, es sujeto de análisis por parte de su dirigencia y las bases.

Fue la respuesta del Gobierno federal a la llamada "Agenda Inicial de Trabajo", que la CNTE le entregó a la Segob el 14 de mayo y que incluye demandas específicas.

En los hechos, Gobernación le garantizó al magisterio la no aplicación retroactiva de la Ley General del Servicio Profesional Docente publicada en septiembre pasado. Ello bajo el argumento de la "estabilidad laboral".

"La estabilidad laboral es el reto más importante que se busca por parte de las autoridades, así como de los maestros de nuestro País.

"En ese sentido (...) el maestro que cuente con un derecho adquirido con anterioridad al 11 de septiembre de 2013 no sufrirá detrimento en sus percepciones", añade el documento.

La Secretaría de Gobernación también se compromete a no promover actos que afecten el ingreso o las percepciones de los maestros.

No obstante, aclaró que todo personal que al 11 de septiembre de 2013 se ostente como docente pese a estar comisionado a funciones sindicales deberá ser regularizado, aunque ello sin menoscabo de sus prestaciones.

"El Gobierno federal garantiza que solicitará al Congreso la autorización del presupuesto federal, a fin de que se generen las erogaciones necesarias para sufragar los salarios y prestaciones íntegros de los trabajadores de la educación federalizados", se lee en el texto.

Antonio Baranda, Reforma, 2 de junio.

Analiza la CNTE respuesta de SG a su pliego petitorio

La dirigencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) analizaba anoche, en asamblea nacional, la respuesta que la Secretaría de Gobernación (SG) dio a su pliego petitorio y valoraba si los planteamientos gubernamentales serán aceptados y en qué términos.

Al cierre de esta edición, los integrantes de la CNTE no habían concluido la asamblea que se realizó en la sección 9 del Distrito Federal, en el Centro Histórico de la ciudad de México. Ahí, varios de los profesores disidentes señalaron que el pliego petitorio entregado a las autoridades federales no sólo manifiesta su oposición a la reforma educativa del gobierno de Enrique Peña Nieto, sino que también plantea problemas sobre plazas de base, el rezago de pagos y seguridad social, entre otros.

Padres de alumnos acuerdan apoyar a la CNTE

Por la mañana, familiares de alumnos de nueve entidades concluyeron las actividades del cuarto Encuentro Nacional de Padres, que se realizó en la sede del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), donde se acordó dar apoyo total a la CNTE y sumarse a la lucha por una verdadera reforma educativa, enfocada a lo pedagógico y no sólo en lo administrativo.

En el acto, en el que participaron jefes de familia de Oaxaca, Michoacán, Chiapas, Veracruz, Quintana Roo, Campeche, Yucatán, Distrito Federal y el estado de México, se informó de las afectaciones que tendrá la llamada autonomía de gestión para los centros escolares, que se establece como parte de la reforma educativa, pues la intención última es el cobro de cuotas.

Asimismo, los educadores de la disidencia señalaron que concluyó el primer Congreso Nacional de Educación Especial, en el que se expresó la preocupación por que este tipo de formación sea eliminada.

Con la reforma de Peña Nieto, prácticamente desaparecerán este nivel, los servicios y los profesores. Las modificaciones en la ley prevén una desatención a los alumnos con capacidades diferentes que tienen dificultades de aprendizaje debido a problemas auditivos, motores, visuales o de otro tipo. El pronunciamiento final del congreso es la defensa de este tipo de instrucción.

Pedro Hernández, integrante de la sección 9 en el Distrito Federal, detalló que todas estas actividades se dan en el contexto de la convocatoria para el Sexto Congreso Nacional de Educación Alternativa, que se realizará del 13 al 15 de junio en Xalapa, Veracruz, en el que está prevista la participación de especialistas universitarios en temas educativos.

Emir Olivares Alonso, La Jornada, 2 de junio.

Va Chao Ebergenyi a Normatividad de Medios en la SG

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, designó a Andrés Chao Ebergenyi como subsecretario de Normatividad de Medios. El área sugiere la política de comunicación social de todo el gobierno federal.

El funcionario fue hasta ayer director de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación (SG); a la salida de Eduardo Sánchez de la subsecretaría de Normatividad en noviembre del año pasado, para ocupar la vocería de la administración federal, Chao atendía los asuntos de esa área de la dependencia.

Esta subsecretaría se encarga de proponer al secretario las bases de coordinación y relación con los medios masivos de comunicación. También planea y evalúa los programas y campañas de comunicación social de la administración pública federal.

La primera misión para Chao es fortalecer el vínculo del gobierno de la República con la sociedad a través de los medios de comunicación y a garantizar los derechos de los ciudadanos y la transparencia gubernamental.

De acuerdo con el reglamento interno de la dependencia, el nombrado subsecretario apoyará en la conducción de las relaciones del gobierno de la República con los medios impresos nacionales y extranjeros.

También es responsable de aplicar las leyes y reglamentos que en materia de radio, televisión y cinematografía tiene conferidas la Secretaría de Gobernación,respetando en todo momento la libertad de expresión y el libre acceso a la información, dijo la secretaría.

El nuevo subsecretario es licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma Metropolitana. Ha trabajado en áreas federales, siempre en tareas vinculadas a la comunicación social, en la Presidencia de la República y en el Instituto Nacional de Migración.

En el ámbito diplomático, Chao Ebergenyi fue agregado de prensa en el consulado general de México en la ciudad de Nueva York; cónsul general en Denver, Colorado, y en Little Rock, Arkansas, en Estados Unidos, así como representante del Centro de Investigación de Seguridad Nacional en Europa, con sede en La Haya, Holanda.

Fabiola Martínez, La Jornada, 28 de mayo.

En el tema de Internet, nunca se pensó en censura, afirma Miguel Ángel Osorio

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que el contenido de la pretendida ley de telecomunicaciones (relacionada con la intervención gubernamental de Internet) se diseñó para tener un espacio de opción en episodios críticos, pero como el asunto tomó un nivel inesperado en la opinión pública, se determinó retirar los artículos polémicos.

Nunca se pensó en censura; no es nuestro interés, no queremos una ley para eso, dijo el funcionario, cuya dependencia es la responsable del monitoreo de medios de comunicación.

“(En el proyecto de iniciativa del Ejecutivo) se habló de tiempos importantes respecto de momentos difíciles para el país en los que se pudiera tener un tiempo (margen de acción) en casos de crisis, pero como se ha tomado otro rumbo y se ha pensado otras cosas, nos quitamos el problema.

No es nuestro interés, no queremos una ley de telecomunicaciones para eso, de ninguna manera, y mejor de una vez se plantea como lo ha dicho el secretario de Comunicaciones (retiro de artículos), dijo Osorio Chong, entrevistado en la Secretaría de Gobernación, al término de un encuentro con políticos sonorenses.

La integración de la ley secundaria a la reforma en materia de telecomunicaciones está en proceso; luego de un desacuerdo entre la propia bancada del PAN acerca del contenido del proyecto de ley, la enmienda podría ser desahogada en un periodo extraordinario de sesiones, el mes entrante.

Fabiola Martínez, La Jornada, 26 de abril.

Centroamericanos en tránsito tendrán medidas de protección: Osorio Chong

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó que el gobierno federal cuenta ya con un ‘‘plan integral’’ que permitirá dar seguridad a los migrantes’’ centroamericanos que pasan por México en tránsito hacia Estados Unidos.

‘‘Hemos venido hablando de este proyecto y el gobierno de la República lo está aplicando con mucha responsabilidad, pues no es un asunto sólo de recursos económicos, sino en el que debe haber una gran coordinación de los estados del país y las naciones de Centroamérica’’, expuso.

Subrayó que la dependencia a su cargo ha venido ‘‘trabajando con otras autoridades de estos gobiernos y vamos avanzando (…) hoy contamos ya con una estrategia que nos permitirá tener un mejor y mayor control de nuestra frontera sur, que les dé a los migrantes centroamericanos seguridad’’.

El funcionario federal agregó que dicho proyecto permitirá la implementación de ‘‘los controles mínimos que necesitamos para evitar que algunos de éstos (viajeros) vengan a cometer actos al margen de la ley en nuestro país’’.

Osorio Chong dijo lo anterior en una conferencia de prensa que ofreció la noche del martes en Tuxtla Gutiérrez, luego de presidir la Reunión Regional de Seguridad Zona Sureste, a la que asistieron los integrantes del gabinete de seguridad, informó la Secretaría de Gobernación.

Al encuentro asistieron los secretarios de la Defensa Nacional y de la Marina, Salvador Cienfuegos Zepeda y Vidal Francisco Soberón Sanz, respectivamente; el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam; el comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido García, y el director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Eugenio Imaz Gispert.

También participaron los gobernadores de Veracruz, Javier Duarte; Tabasco, Arturo Núñez Jiménez; Campeche, Fernando Ortega Bernés; Yucatán, Rolando Zapata Bello; Quintana Roo, Roberto Borge Angulo; Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, y el anfitrión, Manuel Velasco Coello, de Chiapas.

Elio Henríquez, La Jornada, 10 de abril.

Es un fracaso protección a reporteros, dice Segob

El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, reconoció que el mecanismo para proteger a periodistas y defensores de derechos humanos no funciona, aseguró la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF).

Christophe Deloire, secretario general de la ONG, indicó ayer en conferencia de prensa que durante su visita de cuatro días al País se reunió con diversas autoridades federales y locales para plantear recomendaciones sobre la estrategia.

En su encuentro con Osorio, dijo, éste se comprometió a reestructurarlo, aunque no dio fecha.

"La respuesta del Secretario de Gobernación fue que reconoció que el mecanismo de protección de los periodistas y defensores de derechos humanos era un fracaso. Lo dijo claramente.

"Afirmó que tenía la voluntad completa, absoluta, del Gobierno mexicano de llevar a cabo una reestructuración integral del mecanismo federal para la protección de periodistas y defensores de los derechos humanos, cuyos resultados no eran satisfactorios", expuso.

El activista francés manifestó que la estrategia del Gobierno federal es insuficiente y que la resolución de los ataques permanecen impunes.

"En México no hacen falta instituciones para defender los derechos humanos, hay muchísimas instituciones, pero hay que entrar en una lógica de eficacia y no en una lógica burocrática", manifestó.

"Es un mecanismo de fachada que defiende mejor a una imagen que a los periodistas, y hay que salir de esta simulación, de estas apariencias".

De acuerdo con la organización, del 2000 a la fecha han sido asesinados en México 89 periodistas en el ejercicio de sus labores mientras que 17 se encuentran desaparecidos.

La visita de Deloire también sirvió para que RSF diera seguimiento a las investigaciones en torno a las amenazas que recibió el 12 de marzo pasado la corresponsal de la organización en México, Balbina Flores.

El también periodista criticó la tardanza en la reacción de las autoridades ante las amenazas ya que, pese a haber denunciado inmediatamente los hechos, la reportera recibió protección 26 horas más tarde.

FOCO ROJO

"Sinaloa, como otros estados del norte del País, nunca ha dejado de ser un foco rojo. Para Reporteros Sin Fronteras, el norte del País siempre ha sido una zona que nos ha preocupado", dijo Balbina Flores sobre el ataque al director del diario El Noroeste, Adrián López Ortiz, perpetrado ayer en la madrugada.

Flores exigió a las autoridades investigar las agresiones al diario y salvaguardar las instalaciones y vida de sus reporteros, ya que, recordó, es su obligación.

Saldo fatal

Número de homicidios de profesionales de los medios de comunicación a causa de su labor periodística:

AÑO	HOMICIDIOS
2004	3
2005	2
2006	9
2007	2
2008	4
2009	3
2010	7
2011	5
2012	6
2013	2
2014	1

Fuente: Reporteros Sin Fronteras

Reforma, 4 de abril.

Piden ONG que la SG no supervise contenidos

El Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias Sociales y la Asociación Mexicana del Derecho a la Información, por medio de una misiva, destacaron que es necesario modificar la propuesta de ley reglamentaria de telecomunicaciones y sacar de ella las facultades que se conceden a la Secretaría de Gobernación, ya que resulta inconsistente que a esa dependencia se le otorgue capacidad jurídica para supervisar los contenidos.

Destacan las organizaciones que de aprobarse en sus términos la iniciativa del Ejecutivo, se violentaría una de las más importantes atribuciones constitucionales del órgano regulador.

Asimismo, señalan que en materia de competencia económica, la iniciativa diluye de manera significativa el alcance de lo dispuesto por el artículo 28 constitucional, en cuanto a la obligación de establecer límites a la concentración de frecuencias, al concesionamiento y a la propiedad cruzada, bajo la falsa premisa de que una regulación de esa naturaleza constituiría ‘‘un abuso de control sobre los medios de comunicación que (configuraría) una forma de censura previa indirecta’’.

Por otra parte, Alma Rosa Alva de la Selva, especialista en telecomunicaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), consideró que la iniciativa de leyes secundarias en materia de telecomunicaciones representa una ‘‘regresión’’, ya que favorece a los grandes consorcios y deja de lado el ámbito social, perjudicando a los medios públicos y comunitarios.

Apuntó que la iniciativa contradice la reforma constitucional en telecomunicaciones aprobada el año pasado, pues le arrebata autonomía al Instituto Federal de Telecomunicaciones, como en el otorgamiento de concesiones, pues plantea que se tendría que escuchar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, lo que no se contemplaba en las modificaciones constitucionales.

Víctor Ballinas y Emir Olivares, La Jornada, 31 de marzo.

Evitan en San Lázaro tramitar solicitud de comparecencia de subsecretaria Lía Limón

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Miriam Cárdenas Cantú (PRI) –del grupo cercano al gobernador de Coahuila, Rubén Moreira–, se negó ayer a dar trámite a una solicitud para citar a comparecer a la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón, para que explique por qué prácticamente desmanteló el mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos.

Más tarde, diputados de PRD, PT y Movimiento Ciudadano, en conferencia de prensa, denunciaron que uno de los principales hostigadores de especialistas despedidos por Lía Limón en los días recientes es su secretario particular, Sinuhé Márquez Armenta.

El diputado Roberto López Suárez (PRD) presentó una copia del perfil de Márquez Armenta en Facebook, donde éste aparecía en una foto disparando un rifle de asalto. Minutos después de que se difundió la imagen, el colaborador de la subsecretaria la bajó de esa red.

La solicitud para citar a comparecer a Lía Limón planteaba que el mecanismono puede ser objeto de pugnas políticas y personales, y cuestionaba que se mantiene un subejercicio de 134 millones de pesos destinados a la protección de periodistas y defensores de derechos humanos, pese a que las agresiones se incrementaron en el gobierno de (Enrique) Peña Nieto y el cargo de Lía Limón.

Sin embargo, durante la sesión de ayer de la Comisión de Derechos Humanos y en el momento en que las diputadas Margarita Tapia Fonllem (PRD) y Loretta Ortiz Ahlf (PT) solicitaron que la propuesta se sometiera a votación, Cárdenas Cantú levantó la reunión.

Enseguida, ante los reclamos que ambas le hicieron, argumentó que en abril del año pasado la comisión ya tuvo un encuentro con la subsecretaria en Saltillo, y además fue con todos los gastos pagados. Se inició entonces un diálogo áspero entre las tres legisladoras.

–Pero no es mucho pedir que venga –expuso Loretta Ortiz.

–No, pero no depende también de mí –objetó Miriam Cárdenas.

Incluso acusó a las legisladoras de PRD y PT por hacer circular un documento en su contra: no está firmado, pero no se requiere para saber cuál es la grilla.

Tapia Fonllem y Ortiz Ahlf reclamaron que la priísta asiste sola a las reuniones con Lía Limón y del consejo consultivo, del Mecanismo para protección de periodistas y defensores de derechos humanos, sin informar al resto de los integrantes.

Cárdenas Cantú exclamó: “la ley dice que es la presidenta de la comisión la que debe asistir; si quieres te paso la Presidencia, ¡pos oye...!”

La solicitud de comparecencia se presentó días después de que cuatro ex colaboradores de dicho mecanismo de protección denunciaron que la subsecretaria los acosó por medio de Sinuhé Márquez, hasta obligarlos a renunciar, pese a que precisamente eran los encargados de operar el sistema de protección.

Los ex colaboradores de esa instancia informaron que Miriam Cárdenas sólo ha asistido a dos reuniones del consejo consultivo, y que en su lugar envía a su secretario; también, que el fideicomiso del mecanismo de protección, que se encuentra en Bansefi, lo opera Norma Ita González, quien es historiadora del arte, pero es amiga de Lía Limón desde la infancia.

Enrique Méndez y Roberto Garduño, La Jornada, 28 de marzo.

Iniciativa de ley secundaria sepulta posibilidad de tv pública: expertos

Especialistas advirtieron que la propuesta de legislación secundaria para telecomunicaciones y radiodifusión, además de mermar de forma preocupante las facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), representa un retroceso, porque sepulta la posibilidad de que en México haya televisión pública, ya que el sistema de radiodifusión propuesto estará controlado por la Secretaría de Gobernación.

Irene Levy, presidenta de Observatel, dijo que con la propuesta es definitivo que Teléfonos de México (Telmex) no podrá participar en la licitación de las dos cadenas de televisión, y destacó que una de las mayores aberraciones jurídicas radica en que las multas y la desincorporación de activos que ordene el Ifetel no procederán hasta que se resuelvan los juicios de amparo que pudieran interponerse.

El director de la consultoría Mediatelecom, Jorge Fernando Negrete, advirtió que intencionalmente la iniciativa no incluye la definición de servicio público, en el caso de telecomunicaciones y radiodifusión, por lo que será imposible defender los derechos de las audiencias.

Eduardo Ruiz Vega, director de cumplimiento regulatorio de Televisión Azteca, dijo que la Cámara Nacional de Radio y Televisión (CIRT) defenderá que no procedan reglas de multiprogramación que se pretenden imponer y van contra sus intereses, así como las sanciones y multas, ya que se trata igual a los radiodifusores pequeños que a los gigantes de telecomunicaciones, lo cual no es equitativo.

Preocupa al sector en este ánimo de convergencia que las sanciones no son proporcionales porque están ligadas a los ingresos de las empresas y no estamos hablando de lo mismo en el caso de los radiodifusores; en concreto, de la radiodifusión sonora y muy particularmente del caso de muchísimas estaciones que operan en pequeñas ciudades, zonas rurales que todavía están en AM, y no se puede medir de la misma manera a estas empresas que a las de telecomunicaciones que por la prestación de sus servicios reciben una contraprestación por los usuarios.

En tanto, el Instituto de Derecho de las Telecomunicaciones (IDET) señaló que la iniciativa requiere ajustes porque resulta preocupante la inhibición de la libertad de expresión que sufrirá cualquier radiodifusor, desde las televisoras y radiodifusoras privadas hasta las comunitarias e indígenas, frente a la amenaza de sanciones desproporcionadas por transmitir contenidos incómodos al gobierno. Señaló que hay una gran permisividad para el operador preponderante en telecomunicaciones, con el consecuente menoscabo a la competitividad del mercado, porque podrá continuar cobrando tarifas discriminatorias en función de la red de destino de la llamada.

Durante su participación en un foro convocado por la Asociación Nacional de Abogados de Empresas (Anade), Irene Levy dijo que la iniciativa merma las facultades y autonomía del Ifetel al darle a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el derecho de imponer la agenda del regulador; aseguró que la iniciativa es inconstitucional al incluir que la Secretaría de Gobernación se encargue de la regulación de contenidos, cuando la reforma constitucional faculta al Ifetel para ese tema. Y criticó que el Ejecutivo sepulta la posibilidad de que en México haya televisión pública, al desaparecer al Organismo Promotor de Medios Audiovisuales (OPMA), y crear el Sistema de Radiodifusión que también estará a cargo de Gobernación.

Por Mediatelecom Policy & Law, Jorge Fernando Negrete, dijo que sin la definición expresa de servicio público como obligación de las empresas de telecomunicaciones y radiodifusión se violenta la reforma constitucional y no se compromete el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, los derechos de las audiencias y los usuarios, ni las obligaciones de las empresas en cuanto a independencia de los medios públicos cobertura e inversión.

Miriam Posada García, La Jornada, 27 de marzo.

Peligrarían sanciones que emita la Segob

Al ser la Secretaría de Gobernación (Segob) la que impondría las sanciones en materia de radiodifusión, y no el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), dichas medidas podrían suspenderse tras un amparo, de acuerdo con expertos.

"Las normas generales, actos u omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y del IFT podrán ser impugnados únicamente mediante el juicio de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión", dispone el Artículo 28, fracción 7 de la Constitución Mexicana.

Sin embargo, de acuerdo con el artículo 306 de la iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, enviada por el Ejecutivo, será la Segob la que se encargará de aplicar sanciones en materia de contenidos audiovisuales, por lo que éstas podrían ser motivo de suspensión.

"Si la autoridad que emite no es el IFT o la Cofece (Comisión Federal de Competencia Económica), se puede combatir con un recurso administrativo y es posible que se haga", indicó Octavio Lecona, abogado especialista en telecomunicaciones de Greenberg Traurig.

Con él coincidió Jorge Fernando Negrete, director de Mediatelecom Policy and Law, quien consideró que la regla de no suspensión no aplica para la Secretaría de Gobernación, aunque sus decisiones tienen alto poder político.

"Esto implica que se podrían litigar un poco más (las medidas impuestas) en el caso de Segob, aunque tengo la impresión de que hay un tema de autoridad política distinto al del IFT. Para efectos de la Segob, si bien los asuntos pueden ser recurribles, los actos de autoridad son más contundentes", comentó el experto.

Además, dijo, esta ley da muchos recursos a la Procuraduría Federal del Consumidor o a la Segob para poder sancionar a los operadores.

Dentro de la iniciativa, en el artículo 309 se establece que las normas, actos u omisiones del IFT podrán ser impugnados mediante un juicio de amparo indirecto, pero no serán objeto de suspensión.

Sin embargo, no se hace ninguna mención a las decisiones tomadas por el resto de las autoridades que, de acuerdo con la iniciativa, pueden emitir sanciones.

Entre los motivos por los que los concesionarios de televisión podrían recibir sanciones por parte de Segob están el no poner a disposición de las audiencias mecanismos de defensa, no nombrar un defensor de sus derechos o no emitir códigos de ética.

Las sanciones que impondrá la Secretaría de Gobernación van del 0.01 por ciento de ingresos a 2.5 por ciento, dependiendo del tipo de incumplimiento al que se refiera.

En caso de reincidencia, la dependencia puede recurrir a imponer sanciones por hasta el doble de la multa impuesta previamente.

Las multas en materia de contenidos audiovisuales que impondría la Secretaria de Gobernación contra los radiodifusores esta fijada con base en los ingresos de los concesionarios.

Dañan ingresos

(Multa como proporción de los ingresos del concesionario)

0.01% hasta 0.5% por presentar de manera extemporánea avisos, reportes, documentos o información.

0.51% hasta 1% por incumplir en tiempos del estado, cadenas nacionales, no emitir códigos de ética o nombrar defensores de audiencias, etc.

1.01% hasta 2.5% por incluir dentro de los patrocinios la comercialización o venta de algún producto o servicio, tratándose de concesiones de uso público

Fuente: Artículo 306 de la Iniciativa de Ley Secundaria de Telecomunicaciones.

Vania Guerrero, Reforma, 26 de marzo.

Presenta Ejecutivo iniciativa en telecom

La iniciativa de legislación secundaria en materia de telecomunicaciones ya está en la cancha del Senado.

Ayer el Presidente Enrique Peña Nieto envió el paquete de reformas que regulan el espectro radioeléctrico y los recursos orbitales, las redes de telecomunicaciones, los servicios públicos de interés general de telecomunicaciones y radiodifusión, la convergencia y la competencia entre éstos y los derechos de los usuarios y las audiencias.

Regulan también, de acuerdo con el Ejecutivo, la distribución de competencias, principalmente entre el Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la de Gobernación.

"La elaboración de esta iniciativa ha sido plural y democrática, ha tomado en cuenta observaciones de diversos sectores interesados", explicó el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza al detallar la iniciativa.

"Busca, en su esencia, cumplir con la filosofía de la reforma constitucional que le da origen, la cual pretende, como lo expresó el señor Presidente de la República, asegurar la cobertura para todos los mexicanos, buenos precios en el servicio, así como la calidad de los mismos".

El paquete de iniciativas incluye una Ley del Sistema Público de Radiodifusión, así como cambios en 11 ordenamientos en materia de telecomunicaciones.

LLAMAN A ESTUDIARLA

Por la noche, el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, pidió al Legislativo no sepultar los proyectos de leyes secundarias sin antes analizarlas y debatirlas.

"Sería muy lamentable, después del gran esfuerzo para alcanzarla, para lograrla, que hoy se esté pensando en su negativa, en su no aprobación, creo que todos queremos que se apruebe una reforma reglamentaria.

"Esto simplemente tiene un camino: el diálogo, el acuerdo, (para) lograr la mayoría que se requiere para una ley de gran trascendencia para nuestro País", señaló en entrevista.

Horas después de que el Ejecutivo federal remitiera las iniciativas al Senado, el PRD y el PAN anticiparon su rechazo por considerar que no refleja el contenido de la reforma y reduce las facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Tras asistir a una cena en un hotel de Polanco, en el marco del lanzamiento del Aspen Institute México, Osorio Chong llamó a los legisladores y partidos a empezar el debate de las iniciativas y a no cerrarse al diálogo.

"Creemos que lo que debe de suceder hacia adelante es que todos los partidos políticos, los legisladores, las puedan conocer, puedan empezar el debate, puedan iniciar en las mesas que corresponda todo lo que es el análisis respectivo, y entonces se pueda tomar a mejor decisión que favorezca al País.

"El rechazo inmediato no nos va llevar a nada, lo que hay que hacer es el llamado a que pueda lograrse, como lo hemos venido haciendo en el País, con las diferentes fuerzas políticas, a partir del diálogo, ahora está en la mesa de los legisladores una reforma de avanzada para todos los mexicanos", sostuvo.

Reforma, 25 de marzo.

Quitan facultades a IFT; las retiene Gobernación

Lo que el regulador de telecomunicaciones ganó en la reforma constitucional lo puede perder en la ley secundaria, advirtieron expertos.

Según el proyecto de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) perderá atribuciones para regular la TV. Esas facultades las retiene Gobernación.

La iniciativa no da al IFT las tareas de revisión de contenido, verificación de tiempos de publicidad y aplicación de sanciones para los concesionarios de televisión.

De quedar así la propuesta, habría una especie de contrarreforma y se estaría retrocediendo en materia democrática, dijeron analistas.

"No puede vigilar el tema de contenidos un órgano político. Si no quieren que esas atribuciones las tenga el IFT, que creen un consejo ciudadano como en Gran Bretaña", señaló Clara Luz Álvarez, ex comisionada de la Cofetel.

Si así lo contempla la iniciativa, que el Ejecutivo envió anoche al Senado, se generará de nuevo un conflicto de doble ventanilla, dijo el especialista Enrique Melrose.

Vania Guerrero, Reforma, 20 de marzo.

Televisa dice que no presentó amparo junto con Tv Azteca contra condiciones de la CFC

Televisa informó que no presentó ningún amparo junto con Televisión Azteca en contra de las condiciones que le impuso la extinta Comisión Federal de Competencia (CFC) para aprobar su alianza en Iusacell.

En efecto, el amparo fue promovido pero entre Corporativo Vasco de Quiroga, filial de Televisa, y GFS Telecom Holding, filial de Grupo Salinas, que concentra la operación mediante la que Televisa adquirió 50 por ciento de participación accionaria en Iusacell, por mil 600 millones de dólares.

Al ser consultado, Televisa señaló que en su momento “informó oportunamente a la CFC de todos los alcances respecto a su participación en Iusacell. Informó detalladamente a la bolsa de valores en México y Estados Unidos, lo que no sucedió en el caso Telmex-Dish respecto al alcance del memorándum secreto en el que se detalla que Telmex tiene una opción de compra por 51 por ciento de acciones de Dish.

Segob tendría más facultades

La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) alertó que empezaron a circular versiones de la iniciativa de ley secundaria a telecomunicaciones mediante las que se buscaría retirar atribuciones al Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) y el Instituto Nacional Electoral (INE) para trasladarlas a la Secretaría de Gobernación, que tendría todas las facultades para vigilar los contenidos que se difundan en radio y televisión, incluidos los tiempos de Estado a través de monitoreos y verificaciones que ya no serían competencia del INE ni del Ifetel.

La Amedi advirtió que en las versiones de legislación secundaria se promoverían temas preocupantes como anular la viabilidad financiera para emisoras comunitarias.

Miriam Posada García, La Jornada, 4 de marzo.

Suben solicitudes de refugio a México

La solicitudes de refugio en México van en aumento.

En los primeros 11 meses de 2013 la oficina en Veracruz, una de las tres que tiene la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) en el País, recibió 265 solicitudes de extranjeros.

En contraste, durante 2012 se recibieron 120, y en 2011, este número ascendió a 45.

Es decir, diariamente ingresan más de cinco peticiones.

La representación de Veracruz, ubicada en el municipio de Acayucan, recibe además las documentaciones de otros cinco estados: Quintana Roo, Campeche, Yucatán, Oaxaca y Tabasco.

Hay dos procedimientos para recibir las peticiones de refugio.

Uno es cuando los extranjeros son capturados por el Instituto Nacional de Migración (INM) y quedan alojados en una estación migratoria porque no cuentan con documentos para ingresar.

La otra forma es cuando las personas recurren a las autoridades apostadas en las fronteras del País.

Los casos se analizan individualmente y se requiere la entrevista constante del interesado, por lo que el procedimiento llega a extenderse al plazo máximo establecido por ley, esto es, 40 días hábiles.

En el primer escenario el migrante no puede ser deportado hasta que se resuelva el proceso.

En el segundo debe presentarse semanalmente ante la Comar para dar seguimiento al caso, de no hacerlo, éste se cierra por abandono.

De acuerdo con Carlos Meza Ruiz, delegado de la Comisión en Veracruz, la mayoría de los solicitantes son migrantes centroamericanos que vienen huyendo de las maras, son perseguidos por género, preferencias sexuales o violencia doméstica.

En el caso de los cubanos se trata de opositores políticos que terminan desistiendo en su petición.

"Hay técnicas de entrevista para detectar cuando está mintiendo. Mienten muy seguido por eso no se les reconoce.

"Muchas personas adquieren una historia y la presentan, pero al momento de pedir detalles, como hora, lugar, nombres, no los saben", dijo.

Sin embargo, la carga de trabajo es excesiva para el número de servidores públicos de la Comar que indagan, documentan y resuelven los casos, pues la verificación de datos también implica cotejarla con las representaciones consulares de México en los países de origen.

Para las 265 solicitudes del año en curso, el equipo de trabajo está conformado por el delegado, una persona de administración y otra de asistencia.

"Prácticamente yo hago la parte de protección, que es la entrevista y el estudio de caso", dijo Meza Ruiz.

El funcionario estima que del total de las solicitudes correspondientes a 2012 se concedieron 40 por ciento, aunque no mostró datos concretos.

Al momento de ser aceptados como refugiados en el País, las personas obtienen la residencia y pueden gozar de todos lo beneficios como si fueran ciudadanos mexicanos, con excepción del derecho a votar.

Piden ayuda

Entre el 1 de diciembre de 2012 y el 30 de Junio 2013, México recibió 757 solicitudes de refugio.

Honduras	57
El Salvador	49
Nigeria	14
Colombia	8
Guatemala	6
Sri Lanka	4
Etiopía	2
Ghana	2

FUENTE: Secretaría de Gobernación

Henia Prado, Reforma, 22 de diciembre.

México armonizará sus leyes con tratados sobre derechos indígenas

El programa sectorial de la Secretaría de Gobernación para el periodo 2013-2018 señala como prioridad impulsar la “armonización de la legislación nacional con la declaración de Naciones Unidas sobres los derechos de los pueblos indígenas”.
La administración federal, que por conducto de esa dependencia publicó en el Diario Oficial de la Federación del 12 de diciembre pasado dicho programa, refiere como parte sustantiva que el tratado 169 de la Organización Internacional del Trabajo también será armonizado con la legislación mexicana.
Esto significa que se promoverá la participación indígena –según la dependencia– en procesos de confección de acuerdos y elaboración de iniciativas de ley que permitan la armonización del marco constitucional mexicano con las disposiciones nacionales e internacionales vigentes. Lo anterior mediante protocolos de trabajo que garanticen el respeto pleno de los derechos constitucionales en favor de pueblos y comunidades indígenas.
El gobierno federal también se compromete a crear mecanismos que tengan en cuenta las especificidades culturales de los pueblos indígenas en las prácticas jurídicas. Eso implicaría la promoción de mesas de trabajo, talleres y reuniones para elaborar mecanismos de actuación en materia jurídica de los derechos de las personas, comunidades y pueblos indígenas.
Al ser consultado sobre el contenido del programa, el comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México de la Secretaría de Gobernación, Jaime Martínez Veloz, expuso que al cumplirse dos décadas del levantamiento armado indígena en Chiapas, “el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto está dispuesto a atender las demandas de los pueblos originarios, entre ellas las solicitudes de indígenas que se encuentran en procesos jurídicos, la difusión y capacitación de la población indígena, la legislación en la materia y promover un mayor conocimiento sobre la determinación y autonomía de las comunidades”.
Así, en coordinación con las instancias de procuración de justicia del país, se impulsará la relación entre las comunidades y pueblos indígenas con los demás mexicanos para que sean considerados por igual derechos y especificidades culturales.
De tal forma, la dependencia también promoverá el respeto y protección de los pueblos originarios. Para ello se realizarán actividades de difusión y capacitación de la población indígena con la finalidad de promover un mayor conocimiento sobre sus derechos, libre determinación y autonomía, así como la sensibilización de los servidores públicos en materia de sus derechos y la no discriminación.
Se realizarán foros y cumbres nacionales e internacionales sobre la temática de los pueblos indígenas, en los que participarán representantes de éstos, organizaciones sociales, académicos, políticos y sociedad en general.

Roberto Garduño, La Jornada, 22 de diciembre.

Modifica el gobierno federal los criterios de comunicación digital para mejorar control

El gobierno federal modificó los criterios de comunicación digital (emisión de sus mensajes a través de páginas electrónicas y redes sociales) a fin de tener un mayor control y “armonización” de lo que difunde por estas vías, con énfasis en Twitter y Facebook.
Si bien los mandos de la administración pública pueden tener cuentas personales, la recomendación es que sean responsables de lo que publican no sólo ellos, sino también la gente cercana, como colaboradores y familiares.
En el oficio SG/DGC­S/8­1­8/2013 se informa que toda la comunicación digital se regirá por dos protocolos: registro de los responsables del manejo de las páginas y cuentas electrónicas, y medidas para la “seguridad y gestión “ de la información.
Toda la estructura de la Secretaría de Gobernación (SG) –a nivel central y delegaciones estatales– utilizará las cuentas oficiales de la secretaría “y no se generarán perfiles independientes en las redes sociales”.
La única cuenta que se considera de valía institucional y personal es la del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien hasta ayer tenía en su cuenta de Twitter 290 mil 458 seguidores, contra 210 mil 512 de la cuenta oficial de la SG.
El secretario regularmente da cuenta de los actos a los que asiste e informa de la alerta sísmica, aunque también emite mensajes sin relación con su quehacer, como el tuit del pasado 13 de noviembre: “Felicidades a la selección mexicana por su triunfo”, o también lo usa como vía para dar un pésame o para felicitar a un comunicador por su cumpleaños.
Otros integrantes de la SG, como los subsecretarios Lía Limón o Roberto Campa, abrieron sus espacios antes de asumir esos cargos y los siguen usando como vía de comunicación institucional y personal.
Rosa Cristina Parra, encargada del área de Comunicación Digital de Gobernación, aclaró que no pueden regular las cuentas personales, pero sí aconsejan a los funcionarios ser cuidadosos en los mensajes que difunden y en las imágenes que pueden aparecer en las redes.
“Si no quieres aparecer en Facebook bebido, no bebas, porque siempre existe la posibilidad de que alguien te etiquete (desde otra cuenta)… Somos funcionarios públicos 24 x 7 (todos los días, a toda hora)”, precisó.
Este trabajo de Gobernación forma parte de una estrategia digital nacional, a cargo de Alejandra Lagunes, de la Oficina de la Presidencia de la República.
Promovemos responsabilidad en el uso de las cuentas (institucionales y personales) y un mejor aprovechamiento de las plataformas, explicó Parra.
Esta necesidad de ordenar los contenidos se origina también porque hasta hace algunas semanas se habían detectado en toda la estructura de la secretaría 600 “dominios diferentes”, es decir, portales, links y otros espacios similares tanto a escala central como en las entidades federativas.
Muchos de los funcionarios que estaban a cargo de las cuentas ya no están y se fueron con todo y las claves, por lo que ahora dichos contenidos no se pueden leer o actualizar.
El contenido de las cuentas de la SG (lo mismo que en las demás dependencias del Poder Ejecutivo) debe ordenarse por calendarios, los cuales serán responsabilidad de las áreas que los generen.
También se articulará un “ecosistema digital” para emitir reglas específicas a las cuentas de la Comisión Nacional de Seguridad, Diario Oficial de la Federación y otras cuya naturaleza hacen necesario un análisis particular debido a su “público-objetivo”, especificidad de contenido y “alineación” con las metas establecidas en los programas nacionales y sectoriales.
Los órganos desconcentrados de Gobernación deberán coordinarse con la dirección general de Comunicación Social “para establecer los elementos y contenidos de los protocolos aplicables a cada instancia”.
El oficio circular del 7 de noviembre fue firmado por el entonces subsecretario de Normatividad de Medios de la SG, Eduardo Sánchez, y el actual director general de Comunicación Social, Roberto Femat.
El enlace “y punto focal” para todo este proceso es Parra, a quien se deberá informar, a través de una ficha de registro, los datos de la persona responsable de los espacios digitales de cada área.
Como segunda indicación se establece que también deberán llenar un formato “quienes cuentan ya con espacios en redes sociales (Facebook, Twitter, Youtube y/o similares), mismos que deberán remitir registro (ficha de resguardo de la información) con los datos de usuarios y claves de acceso para implementar los protocolos de seguridad de la información correspondientes”.

Fabiola Martínez, La Jornada, 2 de diciembre.

Llama funcionario de SG a no ignorar a migrantes

El titular de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación (SG), Omar de la Torre de la Mora, afirmó que México “ha tomado a los migrantes, sobre todo a los que están en tránsito en el país, como invisibles”.
Añadió que “hoy los migrantes en tránsito son los más vulnerables de los vulnerables y México debe asumir su responsabilidad como país en el cual están transitando miles y miles de personas al año para tratar de llegar a Estados Unidos”.
En entrevista, consideró necesario “tener las condiciones adecuadas para que los migrantes puedan protegerse y salvaguardar su vida, y que en caso de requerirlo, sean aplicados sus derechos como lo marca la ley, con relación a la salud” y las garantías en general.
Sostuvo que “la seguridad en México debe convertirse en un concepto de seguridad humana; debemos tratar de prever desde que están en las regiones de origen lo que significa la seguridad de los migrantes”.
Señaló que “con o sin la reforma migratoria en Estados Unidos, tenemos un escenario para trabajar en la creación, de manera regional y paralela, de una agenda para la zona sur del país” y de mecanismos “para que las cosas sucedan en esta región del país”.
Según De la Torre, México “ha aceptado profundamente la parte de la migración, pero nos hace mucha falta trabajar en lo que respecta al tránsito y el retorno para poder aceptar el fenómeno como algo en que el país tendrá que apegar sus estructuras e institucionalidad para que esto pueda caminar”.
Durante la inauguración del cuarto Coloquio de Migración Internacional Política y Gestión de la Migración: Avances y Desafíos desde México en el Contexto de las Américas, que hoy se inició en esta ciudad, aseguró que con el Programa Especial de Migración 2014, el gobierno federal tendrá por primera vez “un instrumento programático presupuestario multisectorial en la materia”, lo que contribuirá a que los tres niveles de gobierno trabajen en la “salvaguarda de los derechos de los migrantes”.
El coloquio fue inaugurado por el rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, Jaime Valls Esponda, quien dijo que “por nuestra ubicación geográfica, los chiapanecos siempre hemos convivido” con el fenómeno migratorio.

Elio Henríquez, La Jornada, 14 de noviembre.

El gobierno federal “garantiza” derechos laborales y gratuidad de la enseñanza

La Secretaría de Gobernación (SG) entregó anoche a la comisión negociadora de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) un documento en el que la administración federal “garantiza” los derechos laborales de los maestros, así como la gratuidad de la educación pública.
De acuerdo con fuentes de la SG, durante la reunión de ayer los enviados de la CNTE pidieron la cancelación de órdenes de aprehensión y de actas administrativas levantadas contra integrantes de la coordinadora disidente del sindicato magisterial. “Lo que piden los maestros es libertad para actuar”, indicó un funcionario consultado.
Sin embargo, no se precisó si este planteamiento obtuvo alguna respuesta del subsecretario de Gobierno de la SG, Luis Enrique Miranda, o si el punto está incluido en el documento que será puesto a consideración de las bases de la CNTE a partir de este miércoles.
La oferta gubernamental se centra, como ha ocurrido en otras sesiones con los negociadores de la CNTE, en reiterar que la reciente reforma educativa (consitucional y en leyes secundarias) es un asunto que corresponde al Poder Legislativo y, en todo caso, a los congresos estatales.
En otras ocasiones, la comisión negociadora ha participado en la redacción de proyectos de acuerdo que no han sido aprobados por las instancias de decisión de la coordinadora.
A su salida de la SG, el secretario de la sección 22 de Oaxaca, Rubén Núñez, se limitó a señalar que la respuesta del gobierno federal tendrá que ser consultada con las bases, en cada una de sus secciones y asambleas. Posteriormente, Núñez y el resto de la dirigencia abandonó el lugar.
Los docentes que esperaron dos horas y media afuera de la dependencia se preguntaban por el contenido de la oferta de Gobernación. Sin embargo, sus representantes fueron convocados de inmediato a una asamblea nacional representativa para discutir el planteamiento de la SG, y así llevar una orientación para ser sometida a consulta.
Antes, los profesores realizaron una marcha del Monumento a la Revolución a Bucareli, donde en espera de sus líderes corearon consignas y cantaron contra la reforma educativa, el gobierno federal y los legisladores que aprobaron la normatividad.
Hasta el cierre de esta edición, los maestros continuaban en asamblea, donde también definirán el trayecto que realizarán las caravanas de docentes que partieron de Oaxaca y Michoacán, entre otras entidades, a su llegada a la ciudad de México mañana jueves.
Una de las propuestas es que las caravanas lleguen a la plaza Tolsá, en la calle de Tacuba, en el Centro Histórico, para dirigirse hacia Los Pinos.

Fabiola Martínez, La Jornada, 6 de noviembre.

Para liberar a Patishtán “hubo presiones políticas nacionales e internacionales”: SG

El gobierno federal no “trivializará” el uso del indulto (para decretar la liberación de un sentenciado), pero sí tiene un plan de “intervenciones” para analizar expedientes de internos en los que se presuman violaciones al debido proceso.
“Tenemos muchos casos, no de ahora, sino de mucho tiempo, por ejemplo indígenas que se encuentran en prisión o que han sido sometidos a procesos judiciales y que existen reclamos acerca de que no han sido atendidos conforme a los principios (de garantías básicas)”, señaló Ricardo Sepúlveda, director de Políticas Públicas de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SG).
Un día después de que el presidente Enrique Peña Nieto otorgó el indulto a Alberto Patishtán (quien purgaba una condena de 60 años, acusado de participar en una emboscada a policías), el funcionario comentó en entrevista las recientes reformas y adiciones al Código Penal Federal que permitieron, precisamente, dar la libertad al profesor tzotzil.
Los cambios legales que permitieron esa liberación “más que ser un traje a la medida son un detonador, un caso paradigmático” para abrir vías de protección y beneficios para muchas personas más en los próximos años, subrayó.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó en julio pasado que en México 8 mil 486 internos en centros penitenciarios (290 mujeres y el resto varones) enfrentan problemas de discriminación, eficiente atención médica, falta de información sobre los derechos humanos que los asisten, carencia de recursos y escaso contacto familiar, así como desconocimiento de los beneficios de libertad anticipada que pueden solicitar de acuerdo con el nuevo sistema de justicia penal.
Más expedientes
En el escritorio de la SG, encabezada por Miguel Ángel Osorio Chong, a quien el jueves pasado tocó hacer el anuncio del indulto al profesor chiapaneco –quien pasó 13 años preso–, están los expedientes de otros indígenas, lo mismo solicitando preliberación que excarcelación, por diversos motivos, cuyo común denominador es el análisis de posibles indicios de violaciones graves a sus derechos.
Al preguntarle a Sepúlveda si en esta “intervención” se ponderarán, para el análisis, los casos de quienes se dicen “presos políticos”, respondió que el criterio será, sin más, el de posibles violaciones a los derechos humanos.
La naturaleza del indulto, dijo, es precisamente discrecional, una potestad del Ejecutivo, lo cual no significa un acto voluntarioso, sino la decisión excepcional y con base en estudios previos para intervenir en favor de las garantías básicas.
Admitió que para la toma de esta decisión “sí hubo presiones políticas”, tanto nacionales como internacionales.
Lo anterior se considera positivo, aunque de manera preponderante pesó más, dijo, la voluntad (del Presidente) que las presiones para demostrar que éste no será un hecho aislado, sino un compromiso político en favor de los derechos humanos.
La adición al Código Penal Federal indica que el presidente de la República puede conceder el indulto de manera excepcional, cuando se presenten cuatro requisitos: delitos de orden federal, que la persona sentenciada no sea un peligro, que haya indicios de violaciones graves a los derechos humanos y que se hayan agotado todos los recursos legales nacionales.
Todo lo anterior lo cumplía el expediente de Patishtán, sentenciado en 2002 a 60 años de prisión, por lo que se le insiste a Sepúlveda acerca de la confección de la reciente norma.
El funcionario aseguró que la solución en torno al marco legal en referencia fue planteada por diversas instancias del Estado, no sólo del Poder Ejecutivo, aunque, efectivamente, “el caso del profesor Patisthán fue el detonador de esta reforma; no creo que sea el único caso presente ni del pasado”.

Fabiola Martínez, La Jornada, 2 de noviembre.